En el ojo de la tormenta

El muy anunciado incremento de entre un 5 y un 20% en los precios que cobran las empresas nacionales de medicina privada a partir de fue el disparador para que quedara en evidencia la situación de crisis que este sector atraviesa en Tucumán.
El presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Prepaga de Tucumán (Cademtuc), Fermín Iriarte, sostuvo que no están dadas las condiciones para incrementar las cuotas de las prepadas, pero dejó en claro que esta decisión corre por cuenta de cada firma debido a que el sector se rige por el libre juego de la oferta y la demanda. Mientras, en el orden nacional, los usuarios de varias empresas ya comenzaron a recibir cartas de las prestadoras de servicio anunciando incrementos en las cuotas a partir del primero de febrero.
La decisión de las compañías generó un profundo debate en el orden nacional. Por un lado, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor de la Nación les requirió a las cámaras que informen cuántas empresas tendrían previstos inminentes aumentos de cuota. Además, les pidió que detallen los porcentajes de incremento, la modalidad, a qué planes alcanzaría y cuáles serían los mecanismos de notificación previstos a los usuarios. También busca determinar cuáles los mecanismos que se implementarán a efectos de atender situaciones particulares en caso de pacientes o grupos especialmente vulnerables que no puedan afrontar los aumentos.
Pese a la insistencia oficial en la demanda de esta información, las cámaras que agrupan a las empresas de medicina prepaga aún no entregaron a la Subsecretaría el listado de las prestadoras con los porcentajes de aumentos en sus cuotas que comenzarán a regir a partir del primero de febrero. Los representantes del sector dijeron desconocer qué empresas habrían tomado la decisión de incrementar las cuotas de sus afiliados. Pero justificaron la posibilidad de aplicar los aumentos en función de los incrementos operados en los costos de las prestaciones.
La pulseada entre el Gobierno y las prepagas llevó a duros cruces entre ambos sectores. Ante la negativa de las empresas de medicina privada de dar marcha atrás con la aplicación de aumentos en las cuotas de los servicios, el Gobierno nacional anunció el comienzo de la elaboración de un proyecto de ley de regulación para el sector.
La subsecretaria de Defensa de la Competencia y del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, precisó que se va a trabajar rápidamente en una regulación, porque "hubo una incapacidad histórica desde el inicio de la actividad de este sector al dejar librados a los millones de consumidores a la discrecionalidad de las decisiones que tome cada una de las empresas". A su criterio, no puede ser casualidad que en febrero próximo 230 empresas aumenten todas juntas sus cuotas, y afirmó que va a intervenir la Comisión de Defensa de la Competencia para ver si hubo algún acuerdo entre prepagas para oportunamente en tiempo aplicar un aumento en la misma época.
Frente al inminente incremento de tarifas, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reclamó a las empresas de medicina prepaga que actúen con responsabilidad social y que no aprovechen el vacío legal que existe en materia de regulación de ese sector para aplicar los aumentos. Instó a los empresarios "a que entiendan cuál es la situación y hagan el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos". El titular del área de Salud reconoció que el aumento de las prepagas está dentro de las reglas de juego y desde el punto de vista legal puede hacerse, y admitió que la ley de regulación va a demorar.

Destino incierto
El debate en Tucumán pasa más bien por el futuro del servicio privado de salud ante una fuga masiva de adherentes que no se detiene. El titular de la cámara que nuclea a estas empresas en la provincia reveló que, debido a la crisis económica, sólo 300.000 tucumanos aportan al servicio privado de salud, mientras que hasta 1998 este número se elevaba a 600.000 afiliados. Según Iriarte, los que abandonaron el sistema se fueron a los hospitales públicos porque, afectados por la crisis económica, disminuyeron su poder adquisitivo y se vieron impedidos de seguir pagando las cuotas del servicio que presta la salud privada.
"La gente se está empobreciendo cada vez más y, prueba de ello, es que los afiliados que se fueron de las prepagas eran de la clase media y ahora representan a los nuevos pobres", remarcó el empresario.

LAS CLAVES DEL SISTEMA EN TUCUMAN

En Tucumán funcionan habilitadas alrededor de 20 empresas sin contar las filiales o sucursales de las grandes (OSDE, Galeno-Life, Omint, etc.).
La cámara que nuclea a estas compañías en la provincia denunció que desde mediados de 1998 a la fecha se produjo una fuga progresiva de afiliados a las prepagas, a medida que la crisis avanzaba sobre el poder adquisitivo de la gente.
La entidad asegura que el sistema perdió el 50% de sus afiliados en los últimos años, los que buscaron cobertura médica en los hospitales.
Las empresas de medicina prepaga oficiales (inscriptas en la Anssal) tienen las mismas obligaciones de prestaciones que las obras sociales, es decir que se rigen por el Programa Médico Obligatorio, el cual contempla las prestaciones obligatorias a brindar a los afiliados. Partiendo de esa base, cada prepaga ofrece servicios adicionales según los planes y, por supuesto esto genera cuotas más caras.
Debido a la crisis del sector, las cuotas no bajaron en Tucumán. Pero algunas empresas disminuyeron los reintegros o, en su defecto, aumentaron a partir de la crisis el valor de ciertos coseguros. Esto, sin dudas, hizo más cara la cobertura.
En servicios ambulatorios o prácticas es muy difícil disminuir la calidad: un análisis se hace o no, una radiografía se hace o no.
Lo que puede haber disminuido en ciertas empresas y ciertos planes para determinados segmentos es el confort: los afiliados siguen pagando lo mismo, pero las compañías les cobran un adicional por cama de acompañante que antes era sin cargo, por ejemplo.
Las empresas tradicionales se han mantenido porque cuentan con una clientela cautiva importante. Lo que si apareció, pero hoy se está normalizando es cierta morosidad.
A partir de diciembre de 2002 rige para todo el país un Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) para todas las obras sociales y pre pagas, el cual acarreó algunas modificaciones prestacionales. Por ejemplo, se redujo la cobertura de medicamentos ambulatorios del 50 al 40%, la cobertura de prótesis quirúrgicas de origen nacional alcanza al 100%, pero en las importadas llega sólo al 50%. La cobertura de audífonos es sólo para niños de hasta 15 años.