La coparticipación es un sistema unitario disfrazado de federalismo

BUENOS AIRES.- La victoria más importante de los unitarios es la de haber convencido a todos que ellos son los federales. Parece un engaño propio de un cuento para niños, pero no es otra cosa que el trasfondo de las discusiones que por estos días se están reflotando en torno de la nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Si en el siglo XIX el engaño consistió en presentar como paradigma del federalismo a un estanciero bonaerense que silenció a sangre y fuego cualquier intento de autonomía provincial, desde 1935 rige una farsa mucho más sutil y abstracta. Ya no se trata de un personaje, un sector o un partido político, sino de un sistema de distribución de recursos públicos que trasciende a todos ellos, modificado por tantas leyes y decretos que se convirtió en incomprensible para la mayoría de los cuidadanos.
La Constitución de 1853 concedió a las provincias ("anteriores a la Nación") la facultad de fijar impuestos, reservando al Estado federal los recursos del comercio exterior y las rentas del correo. Hacia finales del siglo XIX, las provincias financiaban con sus propios recursos más del 90% de sus gastos. En 1935 se puso en marcha el régimen que, con modificaciones en los porcentajes de reparto, rige hasta hoy. Por una conveniencia de escala, una mejor administración y para evitar dobles imposiciones, las provincias "delegaron" a la Nación la facultad de cobro de determinados impuestos, reservándosela en los casos de sellos, patentes, inmobiliario y, años después, ingresos brutos.
El profesor de la Universidad de La Plata, Horacio Piffano, fue muy claro en un reciente seminario al descalificar los vicios del actual régimen. "Las facultades establecidas en la Constitución están para ser ejercidas, no delegadas", precisó. Una opinión autorizada que lamentablemente cayó en saco roto, al punto que desde 1994 la coparticipación tiene rango constitucional. En los hechos -y no basta más que repasar la historia argentina de las últimas siete décadas- la coparticipación llevó el centralismo hasta niveles inéditos. Después de un siglo, las provincias sólo pueden costear el 45% de sus gastos totales, con casos extremos como Formosa, La Rioja o Catamarca que no llegan al 10%. En lugar de valerse de los recursos de sus provincias, los gobernadores ven reducidas sus funciones a las de meros gestores por los despachos de funcionarios en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Lo inconcebible es que esa involución de pasar en cien años de autosostenerse a depender de los giros que manda diariamente el Banco Nación desde la Plaza de Mayo a todo el país se haga en nombre del federalismo.

Sin cambios
Ese fenómeno ha terminado de moldear incluso una forma de pensar en la propia dirigencia que, salvo algunas excepciones, ni siquiera se arriesga a plantear el cambio de la coparticipación por la devolución de las facultades recaudatorias a las provincias. En ese punto, hay una cómoda complicidad: la mayoría de las provincias ejerce el derecho de gastar sin el deber de recaudar y la Nación cuenta con un formidable instrumento de presión. No hay que remontarse mucho en el tiempo para comprobar cómo el nivel de transferencias puede determinar la suerte de un gobernador o el apoyo a una re-reelección.
El debate por la coparticipación "federal" que debe dar lugar a una nueva ley se realiza dentro de esos parámetros. Servirá de muy poco la discusión sobre más o menos porcentajes para tal o cual provincia si lo que subsiste es un esquema que no es más que un lobo unitario con piel de cordero federal. (DyN)