22 Enero 2004 Seguir en 
El Gobierno tucumano está dispuesto a resolver uno de los problemas que más le preocupa porque podría causar graves consecuencias en las finanzas públicas. Se trata de una deuda de U$S 40 millones que mantiene la Provincia con acreedores internacionales en títulos públicos denominados Eurobonos (de la serie 2).
Este pasivo, que no ingresó al canje de endeudamiento público, vence en agosto de este año; si no logra refinanciarse, el Estado provincial tendrá que afrontar el pago de la millonaria suma, que equivale casi a tres planillas salariales ($ 50 millones por mes).
Por ese motivo, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, junto a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la provincia, inició esta semana gestiones en Buenos Aires ante la cartera de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de coordinar los términos en que se debe encarar la reestructuración de la deuda con los acreedores del exterior.
Posibles consecuencias
Uno de los mayores temores del Gobierno es que los tenedores de esos Eurobonos, que cotizan en Luxemburgo y en Estados Unidos, inicien acciones legales contra la Provincia, en los tribunales extranjeros, como establece el contrato de emisión de los títulos.
Sucede que, por una resolución del 14 de enero de 2003 de la Justicia Federal, se paralizó el pago trimestral de los cupones hasta tanto se renegocie la deuda externa argentina.
Para avanzar en la reestructuración del pasivo, la Provincia prevé hasta fines de febrero concretar la selección y contratación de un estudio jurídico, banco de inversión y de los asesores financieros que intervendrán en las negociaciones con los tenedores de los Eurobonos. Este paso es fundamental para garantizar que la propuesta de refinanciación que presentó el Gobierno sea aceptada por los poseedores internacionales de esos papeles. Estos, originariamente, eran compañías de seguro, fondos de inversión y fondos de pensión.
Un compromiso
El avance en la reestructuración y refinanciación de los Eurobonos serie 2 es uno de los compromisos que la Provincia asumió en el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), mediante el cual recibirá unos $ 110 millones durante este año para equilibrar sus finanzas públicas.
Este pasivo, que no ingresó al canje de endeudamiento público, vence en agosto de este año; si no logra refinanciarse, el Estado provincial tendrá que afrontar el pago de la millonaria suma, que equivale casi a tres planillas salariales ($ 50 millones por mes).
Por ese motivo, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, junto a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la provincia, inició esta semana gestiones en Buenos Aires ante la cartera de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de coordinar los términos en que se debe encarar la reestructuración de la deuda con los acreedores del exterior.
Posibles consecuencias
Uno de los mayores temores del Gobierno es que los tenedores de esos Eurobonos, que cotizan en Luxemburgo y en Estados Unidos, inicien acciones legales contra la Provincia, en los tribunales extranjeros, como establece el contrato de emisión de los títulos.
Sucede que, por una resolución del 14 de enero de 2003 de la Justicia Federal, se paralizó el pago trimestral de los cupones hasta tanto se renegocie la deuda externa argentina.
Para avanzar en la reestructuración del pasivo, la Provincia prevé hasta fines de febrero concretar la selección y contratación de un estudio jurídico, banco de inversión y de los asesores financieros que intervendrán en las negociaciones con los tenedores de los Eurobonos. Este paso es fundamental para garantizar que la propuesta de refinanciación que presentó el Gobierno sea aceptada por los poseedores internacionales de esos papeles. Estos, originariamente, eran compañías de seguro, fondos de inversión y fondos de pensión.
Un compromiso
El avance en la reestructuración y refinanciación de los Eurobonos serie 2 es uno de los compromisos que la Provincia asumió en el marco del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), mediante el cual recibirá unos $ 110 millones durante este año para equilibrar sus finanzas públicas.







