Herrera: “es mentira todo lo que dicen los auditores”

Por primera vez desde que comenzó la cobertura de la crisis que estremece a los Tribunales locales (y de eso hace al menos un par de meses), Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción N°10, hizo comentarios a LA GACETA sobre su situación en el affaire. La publicación del resultado negativo de la auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán lo sacó del mutismo en el que se había refugiado. El trabajo de los auditores judiciales Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto reveló abundantes incumplimientos procesales en el trámite de las siguientes actuaciones: “Teves”, “Albarracín”, “Valdez”, “Jorrat” y “Rigourd”. Pero ayer el fiscal N°10 rechazó las anomalías y dijo: “es mentira todo lo que dicen los auditores”.

“Rigourd”

En la conversación telefónica que mantuvo con este diario, Herrera dirigió su ataque, principalmente, a controvertir los corolarios de la fiscalización respecto de la causa “Rigourd”. “Quiero aclarar que solamente entregué dinero a titulares de las cajas de seguridad que no son ahorristas ni inversionistas ni denunciantes, sino gente a quien (Jorge Alejandro) Rigourd le facilitaba cajas a modo de favor, como él mismo lo había reconocido cuando declaró como imputado”, dijo. Y agregó: “me interesa mucho que la ciudadanía sepa que no favorecí a unos damnificados sobre otros; que no hice discriminación entre los 400 denunciantes de la estafa. La prueba de ello es que, cuando allanamos Cofin SA (empresa de Rigourd), secuestramos $ 3 millones que están depositados en una cuenta bancaria”.

Herrera, que llegó a su cargo en 2004, en virtud de una designación discrecional del gobernador José Alperovich (en ese tiempo había sido eliminado el Consejo de la Magistratura), negó haber entregado dinero y otros bienes contenidos en las cajas de seguridad sin seguir un criterio uniforme o sin tomar los recaudos del caso, como observaron los auditores. “Para disponer las entregas, me fundé en la regla de que la posesión vale título. Si quienes se presentaban a reclamar las cajas tenían la llave, entonces eran poseedores. Pero, ojo, no es verdad que no hayamos peritado la llave o que no hayamos corroborado que esta abría la cerradura”, expresó. Y prosiguió: “no sólo se presentaron y me dijeron ‘esto es mío’, sino que también describieron el contenido que reclamaban y yo se los di con el carácter de depositarios judiciales. (Gustavo) Cuadrado se presentó llorando a pedirme sus cosas (entre ellas, u$s 27.813) y le exigí que probara que le pertenecían. En el caso de (Jorge Alejandro) Giordano, como el monto del dinero que pedía era más importante (u$s 63.000), le solicité que constituyese una garantía real y él presentó la escritura de una finca sojera que tiene en Santiago del Estero”.

Por otro lado, Herrera expresó que estaba facultado para allanar las 276 cajas de seguridad de Cofin SA y que ese procedimiento le había permitido encontrar documentación de valor para la investigación penal que dirigía (por decisión del ministro público Edmundo Jiménez, el caso pasó a la Fiscalía N°1 que encabeza Mariana Rivadeneira). “Si estoy tras una estafa de 400 personas, y hago un allanamiento, tengo que ver todo: abrir una caja de seguridad es como abrir un cajón, no hay nada irregular. También quiero decir que hice esto en presencia de gente de Rigourd y de su abogado, (Luis Emilio) Rodríguez Vaquero)”. El fiscal aseguró que tampoco era cierto que la Justicia civil hubiese abierto el concurso preventivo de Rigourd y de Cofin SA: “dudo que ello suceda alguna vez porque el imputado no reúne los requisitos legales para ese proceso; no tiene ni balances ni síndico ni nada”.

Los auditores expresaron que Herrera había solicitado medidas que no estarían dirigidas a investigar el delito sino a atender cuestiones comerciales, pese a conocer que existía un concurso preventivo en sede civil. También dijeron que no alcanzaban a vislumbrar el fundamento de la apertura de 276 cajas de seguridad y del secuestro de su contenido. Y describieron las anomalías detectadas en la entrega de los bienes. Respecto de Giordano, los auditores expresaron: “el fiscal exigió a este ciudadano una garantía real en forma previa a disponer la entrega de la suma de u$s 63.000. Ahora bien, no surge del expediente que tal fianza haya sido constituida ni inscripta en el registro correspondiente. En este caso, Giordano tampoco acreditó la titularidad de la caja de seguridad”.

“Teves-Albarracín”

Herrera dijo que no recordaba a ciencia cierta cómo había sido su actuación en este expediente, pero que podía asegurar “que la verdad procesal era perfecta”. “No sé si favorecí a los hijos de Jiménez (los abogados Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez), tendría que cotejar el caso”, respondió.

En el análisis de esta causa, los auditores de la Corte expresaron que, en general, encontraban por parte de Herrera una celeridad inusitada para atender, y dar trámite a las presentaciones y solicitudes del apoderado Jiménez, a diferencia de las incoadas por la defensa de la imputada Roxana Teves. En esta causa, el fiscal N°10 pidió y obtuvo la detención y el dictado de la prisión preventiva respecto de la mujer, su hijo, su hija y su nuera. Además, logró permiso para allanar la vivienda de Miguel Albarracín y para detenerlo. Los auditores acotaron que tanto Teves como Albarracín se habían presentado en sede civil para reclamar una parte del patrimonio que había dejado el fallecido Augusto Vito Severini (se calcula que en 2009 este ascendía a $ 20 millones).

Lezana Flores, Ladetto y Tasquer informaron a la Corte que Herrera perdió el interés en esta causa cuando Teves, estando en cautiverio, desistió en los juicios civiles. A posteriori, el fiscal pidió a la jueza Emma De Nucci (falleció en 2012) que pagara a Edmundo Jiménez los plazos fijos millonarios -y en dólares- que estaban a nombre de Teves y de Severini. Los auditores señalaron que del expediente surgían diferentes tipos de transgresiones: falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de Jiménez y de los magistrados; la intervención de Ana Lucía Jiménez aunque no era parte; el uso de una declaración testimonial nula por las generales de la ley contra Teves y Albarracín, y la retractación de testigos antes y después de la detención de la imputada “rayana con el delito de falso testimonio”.

“Valdez” y “Jorrat”

“La verdad procesal también está perfecta en los demás casos”, resumió Herrera. En cuanto a “Valdez”, dijo: “yo no soy tan necio como para investigar lo que ya había sido investigado. Vino Ángel ‘El Mono’ Ale con muchísima documentación y yo cité cuatro veces a Julio Gerardo Valdez para que prestara declaración como imputado, que es el máximo acto de defensa. Pero él no vino y, por eso, me enteré que existía un proceso anterior de Valdez contra Ale por el mismo delito (usurpación) recién cuando pedí la restitución del fundo (en favor de Ale)”. Los auditores de la Corte afirmaron que Herrera no podía no saber acerca de ese proceso preexistente, que había sido informado por el propio denunciante Ale.

Respecto de “Jorrat”, que trata sobre otra supuesta usurpación combinada con múltiples presuntos delitos atribuida a Rubén “La Chancha” Ale y a Daniel Felipe Jorrat, el fiscal reivindicó su facultad para cerrar la investigación si las partes llegaban a un acuerdo: “porque entonces cesaría el delito, que es de naturaleza patrimonial. Es lo que dicen la doctrina, los códigos modernos y el nuevo proyecto de reforma procesal penal”. En el informe, los auditores indicaron que el acuerdo entre las partes -también firmado en cautiverio- resultaría extraño a la naturaleza del proceso teniendo en cuenta además que todos los delitos imputados oportunamente por Herrera son de acción pública (usurpación, robo, hurto, desobediencia judicial y amenaza agravada por el uso de arma de fuego). “Por ende, la prosecución del proceso no queda al arbitrio de los particulares”, concluyeron los fiscalizadores. Además, estos precisaron otra vez que el fiscal tendió a dictar medidas de corte civil en la causa penal.

“Soy inocente”

Esta auditoría adversa derivó en un proyecto de sumario administrativo contra Herrera (la Corte ya habría firmado la acordada correspondiente). Además, ese funcionario constitucional afronta las denuncias penales del Colegio, y de Carlos Garmendia, Valdez, Gustavo Cueto y Ángel Victoriano Pérez. Asimismo, Walter Fabián Delgado presentó una acusación en el alto tribunal, que también involucra al abogado Alfredo Falú y a la secretaria Carmen Reuter (el Gobierno la designó fiscala N°3, pero el Colegio de Abogados cuestionó el ascenso y la Legislatura ayer frenó el tratamiento del pliego).

Como consecuencia de todos estos frentes, en los últimos días arreciaron los rumores sobre una eventual dimisión de Herrera. Pero él negó la versión: “hice averiguaciones sobre los años de servicio, pero eso es común entre los magistrados. Conozco a varios que, por las dudas, preparan los papeles para jubilarse. Pero no voy a renunciar porque soy inocente y quiero demostrarlo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, incluso a resistir en un juicio político celebrado por una Legislatura con diferente composición”.

Herrera dijo que sólo iba a dejar de luchar si su familia se lo pedía. También expresó que se sentía solo: “nadie me defendió. Ni la Asociación (de Magistrados) ni los 400 estafados (de la causa ‘Rigourd’). Y estoy pleiteando en soledad contra la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y el diario”. Hacia el final, se definió como un hacedor de opiniones no vinculantes, que todo el tiempo están sujetas al control de los jueces. Y se quejó: “no entiendo por qué no cuestionan también a los magistrados que aprobaron mis dictámenes... Si los auditores encontraron algo mal (en las causas mencionadas), se trata, como mucho, de irregularidades que no hicieron daño a nadie”.