El fiscal Herrera abrió y entregó dinero de cajas de seguridad sin tomar recaudos en el caso “Rigourd”, según auditores

En el análisis del trámite de “Rigourd”, causa iniciada a finales de 2014, los auditores judiciales Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto dijeron que no alcanzaban a vislumbrar el fundamento de la apertura de 276 cajas de seguridad dispuesta por Guillermo Herrera, fiscal N°10. Según los funcionarios, dicha medida no guardaría relación con la investigación de la supuesta estafa mediante apariencia de bienes adjudicada a Alejandro Rigourd, titular de la empresa Cofin SA, y a su socio, Hugo Sánchez, entre otros imputados (Rigourd y Sánchez estuvieron detenidos, y recobraron la libertad en virtud de una orden de la jueza Mirta Lenis de Vera). “Tampoco se entendería el posterior secuestro de los bienes que las cajas contenían”, añadieron.

Además de este expediente, la fiscalización incluyó otras cuatro actuaciones cuestionadas del fiscal N°10 (“Teves”, “Albarracín”, “Valdez” y “Jorrat”) por el Colegio de Abogados de la Capital. Entre los incumplimientos procesales detectados en “Rigourd”, los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán advirtieron que Herrera dio sumas de dinero halladas en las cajas sin atenerse a un criterio uniforme ni guardar los recaudos del caso. “Al señor Gustavo Alejandro Cuadrado la Fiscalía le entregó u$s 27.813 en calidad de depositario judicial sin que este acreditase ser titular de la caja. Cuadrado solamente presentó una llave, pero esta no fue peritada ni se corroboró que correspondía a la caja reclamada. La entrega de los dólares ocurrió el 19 de noviembre de 2014, en plena investigación y mientras esta estaba con secreto de sumario”, ejemplificaron.

Los auditores asimismo citaron el caso del letrado Rosello, a quien Herrera dio bienes sin detallar. “La presentación de Rosello no adjunta documentación del contrato de locación de la caja ni fotocopias de los DNI de los peticionantes (...). De la lectura del escrito se desprende que los firmantes autorizaron a un tercero (Rosello) a recibir los bienes”, detallaron. De diferente manera procedió Herrera respecto de Jorge Alejandro Giordano: “el fiscal exigió a este ciudadano una garantía real en forma previa a disponer la entrega de la suma de u$s 63.000. Ahora bien, no surge del expediente que tal fianza haya sido constituida ni inscripta en el registro correspondiente. En este caso, Giordano tampoco acreditó la titularidad de la caja de seguridad”.

En general, Lezana Flores, Tasquer y Ladetto observaron que Herrera había desplegado un impulso escaso para investigar la presunta estafa y que, en contraposición, desarrolló una actividad “exacerbada” a los fines de procurar medidas de naturaleza civil. Al respecto, los funcionarios de la Corte expresaron que el fiscal N°10 pidió la intervención judicial de Cofin SA (propuso para el cargo al abogado Marcos Rougés). “La jueza Lenis de Vera no hizo lugar a esta petición por considerar que correspondía impetrar esa medida en sede civil (...) y señaló que el requerimiento de designación de un administrador (...) resultaba un exceso por parte del fiscal”, dijeron. Y agregaron: “Herrera continuó solicitando medidas que no estarían dirigidas a investigar el delito sino a atender cuestiones comerciales (...) sin perjuicio de conocer que en sede civil se había abierto un concurso preventivo del imputado Rigourd y de Cofin SA”.