El fiscal ordenó medidas civiles en “Jorrat”

La causa “Jorrat” trata sobre los supuestos delitos de usurpación, robo, hurto, desobediencia judicial y amenaza agravada por el uso de arma de fuego que el denunciante Gustavo Carrasco atribuyó a los acusados Rubén “La Chancha” Ale y Daniel Felipe Jorrat. Como consecuencia de esa denuncia, el fiscal Guillermo Herrera pidió y obtuvo la detención y la prisión preventiva de ambos imputados. Pero, según los auditores judiciales Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto, el interés del funcionario constitucional cesó luego de que Carrasco y Ale conviniesen la entrega del fundo disputado y una indemnización de $ 300.000 mientras el segundo estaba preso.

“Se advierten medidas de neto corte civil en la tramitación de la causa penal analizada”, dijeron los auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y añadieron:“el acuerdo entre las partes resultaría extraño a la naturaleza del proceso teniendo en cuenta además que todos los delitos imputados oportunamente por Herrera son de acción pública. Por ende, la prosecución del proceso no queda al arbitrio de los particulares”. Lezana Flores, Tasquer y Ladetto manifestaron asimismo: “una vez concretado el ‘acuerdo’ entre denunciante y denunciado, no se observan actos procesales tendientes al esclarecimiento de los hechos ilícitos que habrían dado lugar al movimiento del andamiaje judicial”.

Los fiscalizadores, que también analizaron otras cuatro actuaciones de Herrera cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital, relataron que Herrera pidió el sobreseimiento para Ale y Jorrat con base en el mentado acuerdo, y que la solicitud fue denegada por el juez Víctor Manuel Pérez. Sin embargo, Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, cerró la investigación. Previamente, ese funcionario constitucional se había opuesto a la prisión preventiva de los imputados. El trámite de la causa “Jorrat” es el punto de partida de la serie de denuncias penales que involucran a los fiscales Noguera, Herrera y Arnoldo Suasnábar, y al juez Juan Francisco Pisa, y, por ende, el origen remoto de la auditoría ordenada por la Corte (entre los denunciantes está el Colegio de Abogados).