Asegurar la vida es una función básica del Estado

"No hay tiempo para que la sociedad siga esperando los proyectos de sus gobernantes, ni sus buenas intenciones: si ellos no pueden impedir la muerte de los ciudadanos, no está justificada la existencia del Estado mismo". Con estas palabras, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Pedro Rougés, repudió las declaraciones formuladas por el gobernador José Alperovich, quien descalificó la demanda presentada por la Clínica Jurídica de Interés Público de brindar atención médica integral a Rosarito Rodríguez, al afirmar: "hay abogados que se creen vivos y que quieren lucrar con la desnutrición".
En una carta que dirigió al mandatario, Rougés consideró que no es propio de un gobernador expresarse con tal intemperancia, especialmente cuando se está refiriendo a una actuación judicial emprendida por una universidad pública, con la participación de estudiantes de abogacía y en defensa de la vida de una niña desnutrida. "Pero como desgraciadamente la intemperancia se alimenta de la mendacidad, debo también contestar a esta. El servicio jurídico que presta esta facultad, de la que soy decano, es gratuito y los profesores que firmaron la demanda tampoco cobran por ello", agregó.
Como se recordará, Rosarito, de 3 años, con desnutrición mixta de tercer grado y una polimalformación genética, fue internada en el centro asistencial pediátrico porque el Siprosa acató la orden del juez Salvador Ruiz. Este magistrado ordenó que se le brinde atención integral médica y nutricional a ella; a su mamá, Lucrecia Castillo, de 24 años, y a la hermanita menor que toma el pecho. La medida de Ruiz respondió a una demanda presentada por la Clínica Jurídica de Interés Público, la cual dirige Mariela Puga. La letrada había sostenido que el Siprosa no está en condiciones de resolver el problema de la desnutrición y que sólo podía contener situaciones límites, en muchos casos, echando mano a recursos extraordinarios. En este sentido, Rougés comentó que la intención de la demanda judicial no es solicitar el auxilio del Gobierno para salvar una vida, sino obligar al Estado a que preste un servicio efectivo y concreto. "No existe ninguna finalidad del Estado que sea superior a la primordial, básica y esencial: asegurar la vida de los habitantes de la patria. Ese es el objeto de nuestro amparo", concluyó el decano.