El reparto de ingresos tendría que ser solidario

Uno de los grandes debates relacionados con la política y la economía que la Argentina viene difiriendo desde hace ya varios años es el referido al régimen de coparticipación federal de impuestos.
Sobre esta cuestión, existe un mandato constitucional de practicar una reforma de fondo al régimen vigente, y existe un consenso muy amplio en favor de emprender efectivamente una reforma de este tipo.
Cabría preguntarse, entonces, por qué el debate se elude de manera sistemática y por qué la situación parece estar empantanada en una prórroga indefinida del tratamiento en serio de la cuestión. Una de las explicaciones de esta situación tiene seguramente que ver con el callejón sin salida al que conduce una discusión planteada entre dos formas extremas de presentar el problema. De acuerdo con la primera forma -íntimamente ligada al pensamiento económico de tradición anglosajona al que la mayoría de los economistas influyentes de nuestro país adhiere de manera poco crítica-, se ve en el tratamiento del tema de la coparticipación federal una oportunidad inmejorable para plantear la cuestión de la eficiencia del gasto público.

Burocracia estatal
El gasto siempre está sospechado de haberse convertido en improductivamente excesivo después de las viejas y repetidas prácticas que los políticos locales usan para privilegiar en interés de la propia burocracia estatal, en lugar de brindar los servicios públicos asignados a los Estados provinciales con el menor costo posible. De acuerdo con esta corriente de pensamiento, lo que hay que privilegiar en el nuevo régimen de coparticipación federal es el principio de responsabilidad fiscal que le cabe a todos los niveles de gobierno, que tienen que esforzarse para recaudar impuestos y brindar servicios de calidad a los ciudadanos.
Los ciudadanos de una ciudad o una provincia que observan que la calidad relativa de estos servicios públicos es muy mala en su lugar de residencia, votará en lo sucesivo "con los pies", trasladándose allí donde la calidad de los servicios es mayor. La segunda forma de presentar el tema -ligada a la tradición germánica del estudio de las finanzas públicas-, pone el acento en la desigual potencialidad económica que tienen las distintas regiones del país, y la consiguiente necesidad de practicar, a través del régimen de coparticipación, una redistribución de ingresos que haga posible cumplir con la exigencia de igualdad de trato de todos los habitantes del país en relación con la prestación de servicios públicos esenciales.
En lugar de encerrar la discusión en un diálogo de sordos entre estos dos extremos, lo que el país necesita es una reforma que sea capaz de conciliar esta posiciones. Y esto solo se consigue si cualquier criterio objetivo de reparto de los impuestos coparticipables se piensa en un marco signado por la solidaridad.
Hugo Ferullo- doctor en Economía