Urge comenzar a trabajar en serio en adicciones

La Fiscalía de Instrucción VIII inició el fin de semana pasado un registro de adicciones sobre los aprehendidos por robo. Los resultados parciales indicaron que el 50% de los detenidos reconocieron ser adictos a marihuana, “paco”, psicofármacos y otras sustancias. El trabajo de la oficina judicial, que se realizará hasta el miércoles próximo, tiene como fin obtener datos orientadores sobre la actividad y las motivaciones de personas detenidas por delitos.

Esta iniciativa causó fuerte impacto, porque dio lugar a interpretaciones sobre posibles causas de delitos, pero convendría que especialistas en el tema opinen antes de que esas interpretaciones se vuelvan conclusiones.

Ocurre que ya antes se hicieron estudios de este tipo. Así fue el caso de los registros de consumo de drogas ordenados en 2008 y 2010 por dos salas de la Cámara Penal, que arrojaron porcentajes elevados de adicciones, cercanos al 65%, entre los detenidos. Esos registros tuvieron efímera duración y si bien fueron muy interesantes, no sirvieron para elaborar diagnósticos ni una política coherente: fueron dos gotas en un océano.

No se desmerece el registro que lleva a delante la Fiscalía VIII; pero convendría saber si esto es una medida surgida de un consenso de todas las fiscalías penales de la provincia, con el fin de que realmente se pueda hacer diagnósticos y eso permita definir acciones.

Al respecto, las frustraciones han sido grandes en la órbita misma del poder judicial. Los jueces de Menores vienen reclamando con harta frecuencia en los últimos años que los adolescentes en conflicto con la ley consumen de todo y que sus juzgados están desbordados por la falta de lugares y de estrategias para tratarlos.

No se conoció que se realizaran reuniones estratégicas para coordinar las tareas con los jueces de Menores.

Al contrario, durante el debate para tratar la adhesión de la Provincia a la Ley antidrogas, no se escuchó una voz que hablara del problema de los menores y las adicciones.

Toda la discusión estuvo destinada a la necesidad de adherir para que se pudiera combatir el “narcomenudeo”.

Al cabo de la sesión legislativa, en la que sólo hubo consenso en que la droga avanza, todo pareció apagarse, a la espera de que dentro de un año se puedan poner en marcha las nuevas medidas.

De más está decir que un año es demasiado frente a un problema que desborda a la sociedad. Y mientras tanto, los legisladores se enfrascaron en una pelea mediática sobre la ley de rinoscopías.

Otra cosa sería si, en vista de la iniciativa de la Fiscalía VIII, se tomara la decisión de formar grupos de trabajo interpoderes -tal cual pidieron los jueces de Menores en 2009- para enfrentar el problema, mientras se deciden otras medidas macro, como la estructuración de los protocolos de trabajo con la Ley Antidrogas.

Registrar el nivel de adicciones entre los detenidos está bien. Pero realmente tendrá sentido cuando forme parte de una estrategia.

Otra medida aislada en un mar de esfuerzos singulares puede ayudar a inquietarse por un problema que nos quema las manos, pero un Estado que se encuentra colapsado necesita una política en serio frente al avance del narcotráfico y las adicciones.