04 Abril 2014 Seguir en 
CATAMARCA.- Ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de Catamarca deberán devolver más de 1,2 millones de pesos, por "irregularidades en el manejo de fondos", "distracción" y "desvío", en el dictado de cursos y cuyo daño al Estado catamarqueño alcanzaría la suma de 4,2 millones de pesos.
A casi 10 años del denominado "Megafraude de Desarrollo Social", el Tribunal de Cuentas local condenó a devolver 1.243.725 de pesos al ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, al ex director de Politicas Juveniles Ariel Regina y el empresario Carlos Arriazu, entre otros, todos de extracción radical.
La denuncia había surgido por presuntas irregularidades en las que estaban involucrados funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y un grupo de empresarios, propietarios de fundaciones que tenían a su cargo la concreción de jornadas de capacitación.
Durante la corta gestión de Molas en Desarrollo Social (del 10 de diciembre de 2003 hasta 18 de octubre de 2004), se financió con dinero del Estado provincial "cursos de perfeccionamiento" que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas.
Los multados son: Pablo Córdoba Molas ($5.117,18), Ariel Regina (2854,89), Guillermo López ($1.165,38), Liliana del Valle Jalil de Barrera ($1.249,38), Juan Andrés Barrios ($4.476,90), Susana Beatriz de la Colina ($3677,55) y María Cristina Barros de Voget ($1.520,87).
A partir de la notificación del Tribunal de Cuentas, que se concretó ayer, los involucrados tienen 10 días para abonar estos montos correspondientes a la mencionada multa. (Télam)
A casi 10 años del denominado "Megafraude de Desarrollo Social", el Tribunal de Cuentas local condenó a devolver 1.243.725 de pesos al ex secretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas, al ex director de Politicas Juveniles Ariel Regina y el empresario Carlos Arriazu, entre otros, todos de extracción radical.
La denuncia había surgido por presuntas irregularidades en las que estaban involucrados funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y un grupo de empresarios, propietarios de fundaciones que tenían a su cargo la concreción de jornadas de capacitación.
Durante la corta gestión de Molas en Desarrollo Social (del 10 de diciembre de 2003 hasta 18 de octubre de 2004), se financió con dinero del Estado provincial "cursos de perfeccionamiento" que no se realizaron o que se habían llevado adelante sin el número de asistentes declarados y por los que se pagaron abultadas sumas.
Los multados son: Pablo Córdoba Molas ($5.117,18), Ariel Regina (2854,89), Guillermo López ($1.165,38), Liliana del Valle Jalil de Barrera ($1.249,38), Juan Andrés Barrios ($4.476,90), Susana Beatriz de la Colina ($3677,55) y María Cristina Barros de Voget ($1.520,87).
A partir de la notificación del Tribunal de Cuentas, que se concretó ayer, los involucrados tienen 10 días para abonar estos montos correspondientes a la mencionada multa. (Télam)
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