17 Marzo 2014
EN CONTRA (I). Según Juliano, la persecución de “dealers” es inviable.
Dos figuras de la Justicia de Santa Fe y Buenos Aires se pronunciaron en contra de lo que Tucumán acaba de hacer: adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes. Esa decisión política impulsada por el Poder Ejecutivo y ratificada el jueves por la Legislatura -con los votos de la bancada oficialista- involucrará a la Justicia provincial, a partir de 2015, en la persecución de la venta de drogas en pequeña escala (o “narcomenudeo”), competencia originariamente a cargo de la Justicia Federal.
El penalista Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, calificó de desacierto a la “desfederalización”. “No estamos de acuerdo. La provincia de Santa Fe no va a adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes”, informó el magistrado a este diario el mes pasado, antes de exponer en la audiencia pública organizada por la comisión especial a cargo de estudiar la reforma procesal penal en Tucumán. “La transferencia de la competencia para perseguir dealers es un ‘engaña pichanga’ que generará más problemas que soluciones; abrirá un mayor espacio de negocios para la Policía y producirá nuevas dificultades investigativas a la Justicia”, añadió Erbetta.
Mario Juliano, presidente de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina y juez del Tribunal Criminal de Necochea, coincidió con el experto santafesino: “la adhesión es un paliativo total y absoluto. Hay una experiencia de muchos años en la provincia de Buenos Aires con la ‘desfederalización’ de la Ley Nacional de Estupefacientes que no ha dado ningún tipo de resultado como no sea la persecución del menudeo relacionado con economías de subsistencia y de los propios consumidores. El cambio no funcionó: el problema de las drogas en el territorio bonaerense no requiere mayor comentario, es público y notorio”.
Cuestión de miopía
Juliano, que también disertó en la audiencia pública del 20 de febrero pasado, recordó que líderes regionales con responsabilidad de gobierno impulsan la necesidad de abandonar el combate “suicida” contra las drogas planteado en términos de la persecución del narcomenudeo. “Esto no tiene solución ni es viable. Evidentemente hay que pensar en otro tipo de respuestas porque lo voy a decir muy claramente: es una guerra perdida de antemano y la experiencia lo está demostrando”, expresó Juliano.
El gobernador José Alperovich anunció la intención de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes en enero pasado, en la misma conferencia en la que oficializó la derrota de la restricción del horario nocturno hasta las 4 de la madrugada que impuso en 2006, como consecuencia del homicidio de Paulina Lebbos. La adhesión, que es promovida por el Gobierno nacional, generó rechazo en el Ministerio Público, cautela en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, simpatía en la Justicia Federal y aversión en los legisladores de la oposición.
Por separado, Erbetta y Juliano dijeron que había que enfocar el problema de la comercialización de drogas con un lente distinto del que proporciona la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes. “Está muy claro que la política criminal debe ser definida y pensada respecto del delito de narcotráfico, no del menudeo o del pequeño dealer ni del consumidor. Lo contrario es un error porque los ejemplos (de ‘desfederalización’) en Argentina son catastróficos: vayan a la provincia de Buenos Aires y miren cuál fue el resultado (de la transferencia sancionada en 2005)”, observó Erbetta. El juez encargado de presentar el moderno sistema procesal penal en marcha en Santa Fe desde el 10 de febrero comparó la persecución del “narcomenudeo con las “leyes Blumberg” (denominadas así por su promotor, el empresario Juan Carlos Blumberg): “estas normas debían combatir la inseguridad: entonces, se supone que hoy no deberíamos estar preocupados por ese asunto porque al Código Penal sólo le falta la pena de muerte y tortura. Pero no nos sentimos más seguros. Lo mismo sucede con los dealers en Buenos Aires: el ‘narcomenudeo’ no retrocedió”.
Juliano manifestó que el no querer ver este fracaso remite a un problema de miopía de la política. El juez, que en Tucumán defendió la propuesta de adoptar el instituto del juicio por jurados, evaluó: “a mí me parece que hay que empezar a transitar otro tipo de caminos y mirar muy de cerca lo que está ocurriendo en Uruguay (legalizó la marihuana el año pasado). Insisto: tenemos una política impulsada por el mayor país consumidor del planeta (Estados Unidos) que no ha dado ningún tipo de resultado, como no sea más víctimas que las propias víctimas de las drogas”.
El penalista Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, calificó de desacierto a la “desfederalización”. “No estamos de acuerdo. La provincia de Santa Fe no va a adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes”, informó el magistrado a este diario el mes pasado, antes de exponer en la audiencia pública organizada por la comisión especial a cargo de estudiar la reforma procesal penal en Tucumán. “La transferencia de la competencia para perseguir dealers es un ‘engaña pichanga’ que generará más problemas que soluciones; abrirá un mayor espacio de negocios para la Policía y producirá nuevas dificultades investigativas a la Justicia”, añadió Erbetta.
Mario Juliano, presidente de la Asociación de Pensamiento Penal de la Argentina y juez del Tribunal Criminal de Necochea, coincidió con el experto santafesino: “la adhesión es un paliativo total y absoluto. Hay una experiencia de muchos años en la provincia de Buenos Aires con la ‘desfederalización’ de la Ley Nacional de Estupefacientes que no ha dado ningún tipo de resultado como no sea la persecución del menudeo relacionado con economías de subsistencia y de los propios consumidores. El cambio no funcionó: el problema de las drogas en el territorio bonaerense no requiere mayor comentario, es público y notorio”.
Cuestión de miopía
Juliano, que también disertó en la audiencia pública del 20 de febrero pasado, recordó que líderes regionales con responsabilidad de gobierno impulsan la necesidad de abandonar el combate “suicida” contra las drogas planteado en términos de la persecución del narcomenudeo. “Esto no tiene solución ni es viable. Evidentemente hay que pensar en otro tipo de respuestas porque lo voy a decir muy claramente: es una guerra perdida de antemano y la experiencia lo está demostrando”, expresó Juliano.
El gobernador José Alperovich anunció la intención de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes en enero pasado, en la misma conferencia en la que oficializó la derrota de la restricción del horario nocturno hasta las 4 de la madrugada que impuso en 2006, como consecuencia del homicidio de Paulina Lebbos. La adhesión, que es promovida por el Gobierno nacional, generó rechazo en el Ministerio Público, cautela en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, simpatía en la Justicia Federal y aversión en los legisladores de la oposición.
Por separado, Erbetta y Juliano dijeron que había que enfocar el problema de la comercialización de drogas con un lente distinto del que proporciona la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes. “Está muy claro que la política criminal debe ser definida y pensada respecto del delito de narcotráfico, no del menudeo o del pequeño dealer ni del consumidor. Lo contrario es un error porque los ejemplos (de ‘desfederalización’) en Argentina son catastróficos: vayan a la provincia de Buenos Aires y miren cuál fue el resultado (de la transferencia sancionada en 2005)”, observó Erbetta. El juez encargado de presentar el moderno sistema procesal penal en marcha en Santa Fe desde el 10 de febrero comparó la persecución del “narcomenudeo con las “leyes Blumberg” (denominadas así por su promotor, el empresario Juan Carlos Blumberg): “estas normas debían combatir la inseguridad: entonces, se supone que hoy no deberíamos estar preocupados por ese asunto porque al Código Penal sólo le falta la pena de muerte y tortura. Pero no nos sentimos más seguros. Lo mismo sucede con los dealers en Buenos Aires: el ‘narcomenudeo’ no retrocedió”.
Juliano manifestó que el no querer ver este fracaso remite a un problema de miopía de la política. El juez, que en Tucumán defendió la propuesta de adoptar el instituto del juicio por jurados, evaluó: “a mí me parece que hay que empezar a transitar otro tipo de caminos y mirar muy de cerca lo que está ocurriendo en Uruguay (legalizó la marihuana el año pasado). Insisto: tenemos una política impulsada por el mayor país consumidor del planeta (Estados Unidos) que no ha dado ningún tipo de resultado, como no sea más víctimas que las propias víctimas de las drogas”.
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