31 Mayo 2013
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS. Es lo que le pidió sobre la iniciativa legal la magistrada al Poder Ejecutivo. DYN (ARCHIVO)
BUENOS AIRES.- La jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, no hizo lugar a un pedido de medida cautelar para suspender el sistema de elección popular de los consejeros de la Magistratura. Sin embargo, abrió la acción de amparo y le corrió traslado de la demanda al Estado nacional por un plazo acotado, lo que en los hechos significa que en breve podría pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de reforma.
La información fue confirmada por el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien como titular de la agrupación Gente de Derecho, había planteado el pedido de suspensión provisoria de los comicios para consejeros porque afectaba la aspiración de esa fuerza para presentar postulantes. Fuentes cercanas al titular del Colegio deslizaron que evalúan la posibilidad de plantear el "per saltum" a la Corte Suprema de Justicia.
"Dada la naturaleza de la acción, no corresponde expedirse por el momento con respecto a la medida cautelar intentada", escribió Servini de Cubría en su resolución y que, en los hechos, significa que la convocatoria a elecciones populares para el Consejo de la Magistratura está vigente.
En la misma resolución, la jueza le notificó "al Poder Ejecutivo que en el plazo de cinco días deberá producir el informe" que establece el artículo octavo de la ley de Amparo, que establece tácitamente que la acción de Gente de Derecho es "admisible".
El artículo sostiene que "cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije". La jueza también se pronunció sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien se apartó del expediente porque uno de los peticionantes de la inconstitucionalidad es la Asociación de Magistrados, de la que él fue directivo y actualmente es afiliado.
Servini consideró que "no resulta imprescindible la participación del Ministerio Público Fiscal", y atento a que Di Lello "no objetó la competencia de este tribunal", entonces "corresponde seguir el proceso". (DyN)
"Se compromete a un poder"
La Relatora para la independencia de magistrados y abogados de la ONU, Gabriela Knaul, justificó en Ginebra sus quejas a la Argentina sobre la reforma judicial, según publicó ayer Ambito.com. "No es contra la reforma judicial, solamente algunos puntos de la reforma que pueden comprometer la independencia del poder judicial, como la utilización de los partidos políticos para que los jueces, abogados y académicos puedan candidatearse al Consejo de la Magistratura", dijo Knaul. ¿Sería aceptable que hubiera convocatoria democrática sin pasar por los partidos políticos?, se le consultó a la relatora. "Sí, exactamente, pero sin esa vinculación con las formaciones políticas", contestó.
"Se trabaja sin limitaciones"
BUENOS AIRES.- El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, aseguró ayer que se está aplicando la ley que reformó el organismo. "La ley ya está en plena aplicación en todo lo que sea operativo, no hay ninguna limitación a su plena aplicación", dijo el consejero, al ser consultado sobre los amparos presentados por corporaciones de jueces y abogados y partidos de oposición para que se suspenda la aplicación de la norma, que fue promulgada el lunes por el Poder Ejecutivo. Ordiales precisó que el Consejo "ya está enviando ternas" para la selección de jueces y cumpliendo con la asignación de jueces subrogantes a juzgados que permanecen vacantes. (Télam)
Pedido de per saltum a la Corte por las cautelares
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió esta ayer el primer pedido de per saltum para que intervenga en uno de los amparos contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno, según publicó Clarin.com. Se trata de la acción planteada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra la reforma al régimen de medidas cautelares.
El abogado recurrió al máximo tribunal ante la negativa de la jueza Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo al rechazarlo "in limine" (de plano), sin tratar el fondo de la cuestión, al aducir que no había un caso concreto que lo afectara. Gil Domínguez dijo que en el caso hay "gravedad institucional", uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.
El per saltum es un salteo de instancia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, adonde el abogado había apelado la semana pasada el fallo de la jueza. Madariaga de Negre es una jueza subrogante y para quedar de manera definitiva en su cargo depende de una firma de la presidenta, Cristina Fernández, según apuntó la página web de "Clarín".
Esta semana la Corte rechazó un planteo del abogado Ricardo Monner Sans formulado en el marco de una vieja causa contra la anterior reforma al Consejo de la Magistratura, de 2006, que se encontraba apelada en el máximo tribunal. Dentro de este expediente, Monner Sans pidió que la Corte tratara la nueva reforma. Ahora, la presentación de Gil Domínguez es la primera que llega a través de los amparos realizados en las últimas semanas, desde la aprobación de las nuevas leyes.
Para fundamentar la "gravedad institucional", Gil Domínguez recordó a la Corte la advertencia de la relatora especial de las Naciones Unidas para asuntos judiciales, que recomendó al Gobierno revisar el paquete de leyes que había enviado al Congreso y que ya fueron aprobadas.
Paquete aprobado
El miércoles, la Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto de ingreso democrático del personal a la justicia a través de concursos públicos que deberán ser convocados y controlados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De este modo, el Congreso concluyó con la sanción del paquete de iniciativas que conforman la reforma judicial para democratizar la justicia, cuyos ejes centrales son el voto popular de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y la regulación de las medidas cautelares. (Télam-especial)
Un juez debe dar explicaciones
BUENOS AIRES.- El Consejo de la Magistratura de la Nación citó al juez federal Daniel Rafecas a dar explicaciones por presunto mal desempeño en la causa por la ex Ciccone, en la que ordenó el allanamiento de un departamento en Puerto Madero del vicepresidente, Amado Boudou, imputado en el expediente. La decisión fue tomada por la denuncia contra Rafecas por intercambiar mensajes de whatsapp con un abogado en el que conversaba sobre el estado de la causa. Se debe fijar una fecha de citación para Rafecas, pero el juez tiene la opción de contestar las acusaciones por escrito. Luego el organismo debe decidir si envía al magistrado a juicio político, le aplica una sanción o rechaza la denuncia. (DyN)
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