Tras siete años, se exhibirá el expediente del caso Lebbos

Tras siete años, se exhibirá el expediente del caso Lebbos

El Ministro Fiscal autorizó al abogado Lobo Bugeau a revisar las fojas de la causa. El pedido del Gobierno nacional surtió efecto y, ahora, el abogado Lobo Bugeau podrá acceder a los documentos reservados

DECISIÓN CLAVE. Un día antes de la marcha encabezada por Alberto Lebbos frente a la Casa de Gobierno, se ordenó mostrar los documentos. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL DECISIÓN CLAVE. Un día antes de la marcha encabezada por Alberto Lebbos frente a la Casa de Gobierno, se ordenó mostrar los documentos. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
28 Febrero 2013

El expediente del caso Paulina Lebbos comenzará a desempolvarse. Después de siete años sin que nadie sepa qué contienen esos cientos de fojas, ahora se abrirá la carpeta a un representante del Gobierno nacional.

Ese fue uno de los tantos reclamos que hizo Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en febrero de 2006, al denunciar un encubrimiento del crimen de su hija. La resolución que ordena exhibir el expediente se tomó el lunes, un día antes de la marcha a la plaza Independencia y fue firmada por el Ministro Fiscal, Luis De Mitri.

Por escrito, el jefe de los fiscales le ordenó al fiscal Carlos Albaca (II° Nominación) que le muestre el expediente del caso Lebbos al abogado Bernardo Lobo Bugeau, designado por el Gobierno nacional.

El coordinador del Programa Nacional Contra la Impunidad, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Jarsun, designó a Lobo Bugeau para examinar cada unas de las cientos de fojas del caso.

Hasta ahora, el fiscal Albaca había negado esa posibilidad al padre de Paulina. Sin embargo, la intervención del Gobierno nacional derivó en esta apertura de la documentación.

El Ministro Fiscal De Mitri remarcó que hasta la fecha no hay ningún imputado, por lo tanto se mantiene el secreto de sumario en la causa. Sin embargo, por las particularidades del caso, las complejidades del mismo -dijo-, el tiempo transcurrido, entre otras razones, justifican la necesidad de acceder a lo solicitado.

Además De Mitri determinó que será el propio fiscal Albaca quien deteminará la forma en que Lobo Bugeau accederá a esa documentación. "Debiendo el fiscal -escribió De Mitri en referencia a Albaca- establecer el modo para que la compulsa se desarrolle de una manera adecuada". La presión social por el caso Paulina tuvo su ebullición con la marcha del martes en la plaza Independencia.

"Alperovich se ríe de los tucumanos"

"El gobernador José Alperovich es un caradura y en sus hipócritas declaraciones se ríe de los tucumanos que padecen sus errores desde hace una década", afirmó el senador nacional, José Manuel Cano (UCR). "Siete años después de un crimen sin culpables, Alperovich admite que fue un error el haber dicho que diría quiénes eran los asesinos de Paulina. ¿Por qué guardó silencio todos estos años?", se preguntó. "Como si nada hubiera sucedido en los últimos años, se lava las manos sobre su responsabilidad política", dijo.

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"El PE protege a los poderosos"

"El planteo de José Alperovich de que apoya la marcha de Alberto Lebbos es una expresión de bancarrota política de un gobierno que protegió a todos los funcionarios políticos, judiciales y policiales que intervinieron en la causa". Así lo afirmó Daniel Blanco, dirigente del Partido Obrero (PO). "La política de impunidad del Gobierno tiene una orientación social, que es la de proteger los intereses de los poderosos", remarcó. "La multitud en la convocatoria respaldó el pedido de renuncia del gobernador, realizado por Lebbos", señaló.

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"Una gravedad institucional"

"Alperovich sigue mintiendo sobre el caso Lebbos. La impunidad es a causa de la participación de la policía que encubrió el crimen. Los responsables nunca fueron sancionados, sino más bien ascendidos", afirmó Rodolfo Burgos, referente del Frente Amplio Progresista (FAP). "El gobernador admitió que vía el presidente de la Corte ha influido para que se esclarezca la causa, lo que constituye un acto de gravedad institucional, pues la Constitución le prohíbe arrogarse el conocimiento de causas pendientes", dijo Burgos.

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