La gran tarea del tren

El Gobierno de la Nación ha anunciado su intención de reactivar los Talleres de Tafí Viejo. Manifestó el subsecretario de Transporte Ferroviario que, para que la reactivación tenga sentido, es necesario que el ferrocarril funcione a pleno. Como lo hemos informado recientemente, en Tucumán tal propósito deberá enfrentar previamente una cuestión nada pequeña, como es la de la cantidad de familias que han usurpado los terrenos de las vías del tren y que han levantado allí sus viviendas, algunas nada precarias. También han sido ocupados los edificios -en el caso de los que subsisten- de las estaciones. Está, además, el problema de los extensos tramos donde rieles y durmientes han sido robados y vendidos. El subsecretario anunció que se deberán dejar libres todos los inmuebles, y que sus ocupantes actuales serán reubicados.
No es nada simple, como lo muestra la nota de LA GACETA. Un ex jefe de estación calculó que, sobre las vías de Famaillá, existen asentamientos a lo largo de 7 kilómetros. En Lules hay 500 metros de villa al borde de las vías. Son solamente algunos ejemplos de una realidad que tiene curiosas características, ya que, en no pocos casos, los ocupantes afirman contar con autorizaciones para asentarse, y algunos inclusive argumentan que han pagado por la parcela que ahora deberán abandonar.
Si a esto se suma lo que ocurre con las instalaciones de los Talleres de Tafí Viejo, que, según el citado funcionario, están "devastados", queda clara la magnitud de un asunto sobre cuyas implicancias sociales parecería sobreabundante extenderse. Sólo ciñéndonos al caso de Tucumán, la reapertura de los Talleres y la reactivación del tren aparecen, entonces, como emprendimientos a los cuales el Estado nacional deberá destinar esfuerzos y sumas muy importantes.
El caso sirve, de paso, para deplorar la dejadez con que se ha procedido, a través de los años, en estos rubros. Muchas veces lo han hecho notar, sin éxito, nuestros comentarios. El Estado no debió haberse desinteresado del destino de los terrenos de propiedad ferroviaria, permitiendo, como lo ha hecho, que sobre las vías se edifiquen barrios enteros y que se invadan las estaciones. No se entiende cómo se dieron autorizaciones y menos cómo se vendieron predios que estaban lejos de constituir "tierra de nadie".
La emergencia social de los últimos años no debió tener, como consecuencia, el asentamiento indiscriminado. Debió el poder público haber tomado medidas para que el mismo no se produjera en cualquier parte. No sólo no lo hizo sino que, por el contrario, ha sido frecuente que funcionarios o legisladores alentasen a la gente a colocar sus viviendas en lugares que de ninguna manera se podían destinar a tal finalidad. No es admisible que el Estado permita que, ni bien deja de utilizarse un edificio o un terreno que pertenece a su dominio o al de los particulares, se lo ocupe sin contemplaciones. Es injusto confundir la necesaria sensibilidad social que debe tener el poder público, con la inercia y el mirar al costado frente a estas cuestiones.
Este es uno de los rubros -uno más- donde se hace necesario un cambio en la conducta del Estado: es decir de sus funcionarios, que son quienes lo encarnan. Los bienes oficiales no deben tratarse como cosa abandonada por el hecho de que en ese momento no se los utilice; como tampoco debe permitir el Estado que se adopte igual criterio con los de los particulares. Nuestra Constitución y nuestras leyes reconocen el derecho de propiedad. Corresponde, en todo momento, velar para que el mismo sea respetado, y no se originen situaciones que, posteriormente, generan toda una secuela de conflictos.