Otro 20 de diciembre, pero distintos bolsillos

BUENOS AIRES.- Lo que ocurrió en Dubai y en Buenos Aires los últimos días hizo recordar los episodios vividos en Argentina el 19 y el 20 de diciembre de 2001, sólo que esta vez los saqueados no fueron los comerciantes ni los supermercados sino los bolsillos de los pequeños acreedores que tienen bonos ya inservibles del Gobierno nacional.
Esto es: por un lado, los miles y miles de pequeños bonistas argentinos, europeos y japoneses, acreedores de U$S 100.000 millones de la deuda argentina, a quienes se les plantea sin anestesia una quita del 75% de sus acreencias; y por el otro, los centenares de miles de clientes de las AFJP, a quienes, como consecuencia de esa misma quita y en la forma como influye en los fondos de capitalización previsional, llevará a una cruda rebaja de su jubilación futura, el día que se jubilen, que puede llegar hasta el 40% menos, o sea que se les está serruchando una parte sustancial de su futuro nivel de vida.
La propuesta de refinanciación fue hecha por un Roberto Lavagna que se mostró imperturbable frente a la tormenta de reacciones que sabía iba a despertar.
Por de pronto, la Embajada argentina en Italia tuvo que soportar una manifestación de jubilados enfurecidos, con carteles "Argentini ladri", muy parecidos a los que enarbolaron durante un año y medio ahorristas indignados que protestaron frente a los bancos argentinos.
Y esta reacción poco a poco se irá propagando, ya que no se observa ninguna predisposición de los acreedores para allanarse a las duras condiciones propuestas por el Gobierno de Néstor Kirchner, ni siquiera cuando el propio presidente de la Nación en la Asamblea de la ONU salió a decir: "el único acreedor que nunca paga es el acreedor muerto".

Repartiendo culpas
Frente a esto, lo que se ha venido sucediendo es una tentativa de reparto de acusaciones, tratando de distraer responsabilidades con la conocida técnica de diversificar culpables.
En el caso de las Administradoras, el Gobierno les echa la culpa a ellas, a las empresas, por haber adquirido voluntariamente los títulos públicos ahora defaulteados; pero las AFJP, débilmente y sin convencer, replican que en realidad este empapelamiento con bonos era obligatorio; que les fue impuesto por Domingo Cavallo en los últimos meses de su tormentosa y agónica gestión.
A su vez, ya hubo varias presentaciones en el Parlamento y ante la Justicia para que el propio Cavallo sea traído a dar explicaciones de por qué impulsó la reforma previsional en 1994, que, entre cosas, permitió la coexistencia con el régimen estatal de reparto, donde sólo se autorizaba el traspaso del afiliado entre administradoras y pasar del estatal al privado, pero no a la inversa.Pero ahora salió un fallo judicial que sienta precedente y que es el que habilita a un afiliado a volver al régimen de reparto, obligando a la AFJP a facilitarle los fondos.
Eso puede provocar una catarata de fallos similares desembocando en la destrucción de las AFJP ya que, en este momento, ningún afiliado tiene motivo para sentirse con ganas de seguir perteneciendo a cualquiera de ellas.
Por otro lado, durante años las AFJP estuvieron cobrando jugosas comisiones en un promedio de 3,5% del salario, para manejar los ahorros de los aportantes de una manera tal que el ministro de Economía calificó a los responsables de esas empresas de inútiles.
Frente a tanta presión, las AFJP están recurriendo al argumento de que ellas son tan víctimas como sus afiliados.
Lavagna recomendó a los clientes hacer juicio a su AFJP, y las AFJP, a su vez, dicen que si los ahorristas quieren hacer juicio que se lo hagan al Estado, no a ellas, no a las empresas. (DyN)