Los tucumanos experimentan un tipo de default más grave que el que ha declarado la Nación. No hace falta ser tenedor de un bono de deuda para ser un acreedor del Estado provincial. Basta sólo con vivir en este subtrópico.
Porque este otro default es el de las instituciones estatales. Los últimos días de setiembre han hecho patente esta situación, a un año de que la muerte por desnutrición de una veintena de niños representó la más brutal manifestación oficial de que la Provincia había decidido suspender el cumplimiento de toda obligación, por básica que fuera.
Desde entonces, y mientras el hambre sigue frustrando y truncando vidas, el default institucional se ha profundizado. El tiempo, en estas tierras, es esencialmente entrópico.
No se cumple con los designios de la Nación, que envió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con un destino que acá no se respetó. Tampoco, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sentenció que debe adecuarse a la Ley Federal de Educación el cambalache local. De modo coherente con el default, se contestó que será imposible cumplir con la orden judicial porque no hay dinero. La cuestión es, prácticamente, vocacional.
Para muestra bastan las dos sesiones frustradas el martes pasado. La degradación que le infligió el oficialismo a la Cámara es tal que la paradoja actual radica en no poder distinguir si lo peor está en que el Parlamento sesione o no.
La falta de quórum conjuró la posibilidad de que la semana pasada se modificara la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, por la cual se convertirán en leyes si no son rechazados en 20 días, que es uno de los proyectos más anticonstitucionales que llegaron alguna vez al Poder Legislativo. Sin embargo, también se malogró el tratamiento del Presupuesto.
Pese a la inactividad, las imágenes fueron lamentables. El programa de gastos y recursos del Gobierno es, por ejemplo, un primer instrumento para que las instituciones estatales salgan de su situación de incumplimiento, pero la subestimación que se le da es alarmante. Los legisladores lo usan como botín en la interna contra el Poder Ejecutivo. El proyecto llegado al recinto era tan precario que tenía errores -debieron ser enmendados en el dictamen- en los cuales las cifras expresadas en números y las indicadas en letras diferían en $ 100 millones. El Gobierno afirma que ya no le importa que lo aprueben o no, y que en el peor caso, a la Cámara que viene puede servirle de rendición de cuentas. En el medio, desde el propio peronismo se insinúa que toda la discrepancia gira alrededor de una coima, como lo dejó entrever el secretario general del PJ, Antonio Guerrero. Ahora sí, ya no queda partido que no haya denunciado por sobornos al Parlamento.
A la Justicia también le llegó la hora. Se desató una pelea entre jueces y fiscales, pero no para reabrir causas sobre supuestos cohechos o para citar a Guerrero para que hiciera alguna exposición informativa, sino para cruzarse denuncias idénticas o peores que las vertidas contra la Legislatura.
El juez federal Felipe Terán citó a declarar al fiscal penal provincial Héctor Abraham Musi en el marco de la investigación de las camionetas 4x4 robadas que circulan con permisos judiciales adulterados. Musi le devolvió el convite acusándolo de presuntas irregularidades en las causas para liberar fondos atrapados en el corralito.
El telón de fondo es el default de la oposición, tenuemente revitalizada por el año electoral que se apagará después del 26 de octubre, pero que lejos de ser un freno para el Gobierno, aportó hombres e ideas para el descalabro provincial. La falta de controles fue determinante.
Porque el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente.
