Las jubilaciones privadas

En estos últimos días han causado comprensible inquietud en la ciudadanía, las noticias acerca del impacto que tendrá sobre las jubilaciones privadas la quita del 75% propuesta para la deuda argentina en default. Ello porque, como se sabe, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) invirtieron un importante porcentaje del aporte de sus afiliados en bonos nacionales.
El Ministerio de Economía, de acuerdo con lo que venimos publicando, considera que el actual sistema previsional constituye un "fracaso total" , y se declara partidario de rediseñarlo de acuerdo con una forma mixta. Pero entretanto este rediseño eventualmente se produzca, está en pie la situación actual. Entre las AFJP, algunas aceptaron el préstamo garantizado que les ofreció el Estado como solución, mientras hay otras que no lo aceptaron, y que siguen manteniendo en su cartera los títulos en default. El ministro Lavagna insiste en que la situación es incomprensible y que hay un error del "management" en estas últimas.
"Si a uno le dan a elegir entre un bono que le está siendo pagado sin atraso y un bono que está en default, no entiendo cuál es la lógica para quedarse con el bono en default", ejemplificó.
Cabe recordar que la cuestión no es tan sencilla como parece. Las AFJP fueron obligadas, por un decreto del ministro Cavallo, a realizar estas inversiones que actualmente carecen de respaldo. Ello estaría marcando una responsabilidad que el Estado no puede eludir y que, muy por el contrario, tiene la obligación de solucionar de un modo que no afecte los intereses de quienes, con autorización oficial, confiaron en instituciones que en ese momento parecían ofrecerles las máximas garantías.
Para el hombre común, el hombre de la calle, la cuestión tiene un diseño alarmante. Durante muchos años, lamentaron que el Estado hubiera vaciado las cajas de jubilaciones, utilizando los aportes multimillonarios que ellas recaudaban para fines distintos del pago de jubilaciones, que era el específico. En los 90, se promovió un sistema diametralmente distinto, invitándolos a elegir entre el Estado y unas instituciones privadas que, se suponía, habrían de administrar con mayor eficiencia sus fondos. Ahora, se encuentran con que esta última variante va a ser dramáticamente afectada por las taquicardias de la economía nacional.
En los últimos tiempos, se insiste fuertemente en la urgencia de que en la República Argentina rija efectivamente la "seguridad jurídica". Esto significa, en pocas palabras, que tanto el ciudadano como el inversor, tengan la garantía de que el derecho vigente ha de respetarse en todos los casos y en todas las situaciones: es decir, que habitamos en un país confiable.
Justamente, la situación que se plantea en torno de los aportes de las AFJP, es de las que requieren la vigencia de la seguridad jurídica. Estamos hablando de algo que tiene trascendencia mayúscula para absolutamente todos los sectores que componen la sociedad argentina. No es posible entonces que en ese rubro continúe la atmósfera de incertidumbre que se ha inaugurado. Nos parece que el Estado nacional tiene la obligación de solucionar este tema, de modo que no repercuta, en los aportes de los futuros retirados, el desastre de las finanzas argentinas que se está tratando de remontar.
Urgen las providencias que coloquen la cuestión en los debidos carriles. Más cuando se tiene en cuenta la posibilidad de que las AFJP afronten una intensa ofensiva de juicios por parte de sus afiliados, ya que se trata de empresas privadas que deben responder a la confianza que en ellas depositaron sus aportantes. El público, comprensiblemente, espera sinceramiento y transparencia en las negociaciones de ambos sectores.
Está en juego nada menos que el futuro de quienes trabajan y aportan. Los derechos de los que ahorraron en el sistema previsional privado deben ser protegidos a todo trance.