Enero de 1991 se singulariza en la historia de Tucumán por haber sido escenario de la primera intervención federal desde la restauración democrática en 1983.
Fue también un mes tumultuoso para Carlos Menem que pretendía hacer pie con su plan de desregulación de los mercados y las privatizaciones de empresas públicas.
Riojano complicado
La crisis económica y el escándalo por el cobro de coimas para activar expedientes del frigorífico Swift, que denunció el embajador estadounidenseTerence Todmann (el famoso Swiftgate) golpearon seriamente al riojano.
Despertar violento
El 91 despertó con el apedreo de los jubilados a la casa del gobernador. A ellos se les adeudaba desde octubre de 1990.
Según el ministro de Economía, Roberto Martínez, el ordenamiento financiero era posible si se eliminaban las jubilaciones de privilegio y la provincia recuperaba la facultad de fijar sus salarios. Había jubilaciones que oscilaban entre los 50.000 australes y los 25 millones de esa moneda. Estas explicaciones, no obstante, no enfriaron los ánimos.
Domato era hostigado desde varios flancos. A las penurias del tesoro que dinamizaban las protestas de los jubilados, se agregaron las presiones políticas internas y externas.
Así procuraba empantanar el pedido de juicio político que se tramitaba en Diputados. En tanto, desde un sector peronista del Senado, se impulsaba una reunión conjunta con los diputados para tratar la situación.
El perfil electoral del año empezaba a dibujarse con nitidez. Raúl Delgado, vocero del precandidato a gobernador Ramón Ortega, difundía la primera encuesta de opinión. Antonio Bussi, jefe de (FR) obtenía el 41% de intención de voto, y Ortega venía después con el 28%. El PJ temblaba en Tucumán y en Buenos Aires.
A Raúl Martínez Araóz, intendente de la capital, lo descolocó el juez Edmundo Botto, cuando declaró que no era asuntode feria la inembargabilidad de los fondos municipales. Una ley del senador Mario Marigliano quedaba sin aplicación.
Dos años de crisis desgastan más que diez de normalidad, se sinceró el juez de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Sarrulle, al renunciar al cargo que había asumido en 1988.
Sin razones
No hay causas constitucionalespara que renuncieal cargo, aseveró Domato el 9 de enero.
Este gobierno está gobernando No puede participar de ningún cotejo electoral, agregó, distanciándose del PJ.
La crispación social crecía jornada a jornada. Los diputados nacionales de Tucumán le pidieron a Menem que adelante $A 350.000 millones para paliar los atrasos salariales, mientras que Eduardo Castro -vicepresidente 1°de Diputados- le requería a Raúl Granillo Ocampo una asistencia por A$ 500.000 millones. En dólares del 91, equivalía a 80 millones. Una cifra imposible de cubrir Martínez confesaría luego que la deuda pública de Tucumán ascendía a 2,5 billones de australes.
El foco conflictivo está centrado en 65.000 empleados públicos y 25.000 jubilados, declaró Domato, días antes de la intervención.
A todo esto, Granillo Ocampo -reveló Castro- le manifestó que había anarquía en el funcionamiento de los tres poderes. El diagnóstico provenía del secretario Legal y Técnico de Menem. Una nueva encuesta reafirmaba la primacía de Bussi (39%) sobre Ortega (29%).
La suerte de Domato estaba sellada en lo político y en lo financiero porque la Casa Rpsada no le giró fondos. El congreso del PJ lo expulsó y le pidió la renuncia. A todo esto, el PJ, la UCR y FR le reclamaron que se alejara del PE y coincidieron en que debía formularse un plan de salvación. En el bolsillo siempre llevo la renuncia, contestaba el gobernador. Sin embargo, desde su entorno, se afirmaba que no iba a hacerlo, porque había una responsabilidad compartida con los otros poderes.
La única salida
El 18 de enero se anunció la intervención a los tres poderes. Menem eligió esa salida para cambiar la atmósfera política de Tucumán y asegurar el triunfo de Ortega.
El ex subsecretario de Energía, Julio César Araóz, fue designado para esa función. El ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, lo puso en funciones en Tucumán. Araóz , además de anunciar el inicio del ajuste fiscal, promulgó la Constitución de 1990, y dispuso su publicación. Cerró una polémica que había sido invocada como factor de caos.
En la madrugada de ese 19 de enero, el Senado, por propuesta de Olijela Rivas, le pidió a Menem que suspendiera el decreto de intervención y enviara un proyecto de ley con ese fin. El Presidente desoyó el planteo y avanzó con su plan . La senadora no pudo ganar tiempo. El mapa del poder había cambiado en Tucumán y el PJ salió magullado.
