La deuda y sus víctimas

No sin razón, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, afirmó poco antes de formalizar la propuesta oficial sobre la reestructuración de la deuda pública más voluminosa de todos los tiempos de la comunidad internacional, que habría rechazos en diversos idiomas. Tan lógicas reacciones habrán de repetirse durante el largo proceso, pues, según se estima ahora, es improbable que no se llegue a un acuerdo antes de un año, como muy posible que algunos grupos de acreedores mantengan o inicien acciones judiciales de resarcimiento contra el Estado nacional. El monto de la deuda cuya reestructuración se ha propuesto es de 94.302 millones de dólares, y la integran 152 bonos diferentes emitidos en seis monedas diversas.
Erróneamente la deuda suele ser calificada de externa, por el hecho de que en esa suma predominan los signos monetarios extranjeros. Se trata en buena medida de una ficción, si se advierte que casi el 40 por ciento de esos bonos está en poder de tenedores de nuestro país y, como han dicho igualmente otros funcionarios que participan de la gestión, no habrá diferencias de tratamiento para los acreedores. En el contexto del duro debate que ha provocado la oferta inicial del Gobierno argentino subyace un sentimiento descalificador para los inversores que, seguramente, no favorece el clima de la negociación y contribuye al espíritu de desconfianza que ha colocado al país en una suerte de cuarentena. Todos son responsables -según el jefe del Gabinete, Alberto Fernández- por haber pactado intereses de alto riesgo; en tanto que el ministro Lavagna calificó de incapaces a los gestores del sistema de jubilación privada que, casi dos años antes, habían sido superados por un canje compulsivo de deuda estatal con el que comenzó el alto riesgo para 9,3 millones de futuros jubilados. Pero no sólo los aportantes de las AFJP se encuentran ahora en la incertidumbre que de ninguna manera provocaron, sino los miles de jubilados a los que se impusieron compulsivamente bonos después de litigar largamente contra el Estado por asignaciones mal calculadas. Lo mismo los proveedores del sector público, que no pudieron cobrar en dinero efectivo servicios y bienes contratados, y otros acreedores que con ligereza inaceptable son calificados de irresponsables o cómplices de las emisiones multimillonarias de bonos. Ese estilo peculiar de confundir las cosas para tratar de eludir responsabilidades e ineptitudes, que ha caracterizado a una parte decisiva de nuestras perdurables dirigencias públicas, pretende alcanzar en este caso a las propias víctimas. Resulta así intolerable esa indiscriminación que en boca de altos funcionarios no sólo ofende a quienes vieron violados sus contratos previsionales o de cualquier naturaleza legal, sino que desconoce el principio de continuidad de las obligaciones del Estado. Por cierto que la quiebra financiera de la Nación debe ser resuelta mediante el esfuerzo proporcional de todos, pero también habrá de reconocerse que las responsabilidades no sólo son diferentes en magnitud, sino que no pueden involucrar a quienes ya habían sido burlados antes de la declaración de insolvencia al imponérseles medios de pago cuestionables que el propio jefe del Gabinete acaba de calificar como abusivos y de un Estado que no cumple. Todos los tenedores de bonos, como puede observarse, no son iguales ni merecen, pues, idéntico tratamiento. Por consiguiente, debe esperarse que ello se advierta en la compleja negociación, a la vez que se ponga fin al impertinente lenguaje oficial que imputa intenciones culposas a decenas de miles de ciudadanos castigados por la acción continuada e irresponsable de los poderes públicos.