El secretario de Desarrollo Humano de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, pasó por Tucumán y dejó mensajes muy precisos en distintos ámbitos. La política tucumana sumó, entonces, otro elemento de agitación.
El funcionario federal ha reafirmado que la administración kirchnerista no es transigente con el ex gobernador Antonio Bussi. La línea política de la Casa Rosada no coincidía, en los primeros días de julio, con la estrategia mirandista de allanarle el camino de la intendencia de San Miguel de Tucumán al jefe de Fuerza Republicana.
Así, el Partido Justicialista desistió de reclamar elecciones complementarias en la capital, mientras Néstor Kirchner no ocultaba su fastidio por lo que pasó el 29 de junio. Por eso, Bussi pudo ser proclamado como el nuevo intendente de la capital. El fantasma de Esteban Jerez gravitaba demasiado por esos días.
El abismo que separaba a las dos alas del PJ empezó a cerrarse hace pocas semanas, cuando el mirandismo, por razones electorales, empezó a atacar al ex gobernador.
La Nación nada puede hacer, en forma directa, para obstruir la llegada de Bussi al gobierno municipal. La autonomía provincial erige una valla institucional infranqueable.
Kirchner sí alienta, en cambio, la política de revisión de las causas que habían estado paralizadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán se les transfieren los efectos de ese drástico replanteo del cuadro jurídico, que es consecuencia de la anulación de aquellas normas. Duhalde les transmitió personalmente a los jueces la posición del Gobierno nacional y se interiorizó de la marcha de las diferentes investigaciones judiciales que acosan al ex gobernador.
Ideológicamente, se activa el debate. Ricardo Bussi acusó a Duhalde de buscar el modo de hacer trepar en la opinión pública a Julio Miranda, una tarea que considera imposible. Antes de las elecciones del 27 de abril, Fuerza Republicana situaba al santacruceño en la vereda opuesta, y no se escondían las simpatías por Carlos Menem -enemigo del actual jefe del Estado nacional-.
El efecto electoral del contrapunto es una incógnita. Desde el Frente Unión por Tucumán (FUT) se entiende que es una maniobra enderezada a revitalizar la opción de 1999: Miranda o Bussi.La elección del 26 de octubre cerrará una etapa de la vida política. Y tres días después concluirá la transición abierta el 29 de junio. Las peleas internas del oficialismo le privaron a José Alperovich de la modificación de una ley que le restringe la facultad de administrar con decretos de necesidad y urgencia. El gobernador electo es el impulsor de los cambios, pero la caída de las dos sesiones del martes pasado revela un claro descontento con los manejos del gobernador electo.
El presidente subrogante de la Legislatura, Juan Ruiz Olivares, y el del bloque oficialista, José René Gutiérrez, en diálogos privados, no callaron sus divergencias con la proposición de Juan Vildoza y David Padilla, que daba forma jurídica al plan de Alperovich. Argumentaron que se quería recortar la esfera de acción del nuevo Poder Legislativo. La idea de condicionar al sucesor de Miranda subyace en esos comportamientos.
El mensaje tuvo otra interpretación en las filas gubernamentales: fue un gesto de extorsión política, a pocos días de la conclusión del mandato parlamentario de 1999-2003. Afirman que los disidentes exigen ventajas materiales y políticas antes de la conclusión de sus mandatos. Otra vez se cierne la sombra de la sospecha sobre la Legislatura.
La obediencia que la Casa de Gobierno conseguía en otros tiempos está en crisis. La democracia tarifada, que potenció el sistema de sublemas, conserva su poder intacto hasta el final.
