25 Septiembre 2003 Seguir en 
En nuestra edición de ayer, varios concejales electos de San Miguel de Tucumán formularon apreciaciones que no pueden sino inquietar.
Hablaron de la existencia de una suerte de "municipalidad paralela", generada por la falta de autoridad del Estado: un proceso que no consideraron nada nuevo, ya que arranca de años anteriores y -aclararon- en ello no tiene responsabilidad la actual intendenta, quien "hace lo que puede". Insistieron en "la anarquía y el desgobierno" existentes, y marcaron la necesidad de "reconstruir la autoridad" como paso básico para corregir la situación. En realidad, lo que describen los futuros ediles ha sido, en reiteradas ocasiones, material de nuestro comentario. Hemos expresado con insistencia que en San Miguel de Tucumán prácticamente no existe una Municipalidad que llene sus funciones de acuerdo con la estipulación constitucional. Con sus finanzas devastadas, con el casi permanente estado de huelga de su personal y con la nula intervención en cuestiones básicas que hacen al buen orden de su jurisdicción, estamos ante un organismo que ha terminado prácticamente por desaparecer.
Y como consecuencia, se ha generado en el vecindario una inquietante cultura del capricho, donde cada cual se maneja, en esta ciudad, como le da la gana. Ello porque se conoce perfectamente que las infracciones en que incurra, por graves que sean, no recibirán sanción. De esa manera, tanto se cruza la luz roja del semáforo como se circula a contramano, se estaciona en cualquier parte y en doble o triple fila, no se arreglan las veredas, no se limpian los baldíos, se ocupa la vía pública sin contemplaciones, y un largo etcétera.Si en un pequeño pueblo situaciones como la descripta podría solucionarse rápidamente, parece obvio apuntar que las cosas son distintas en una urbe de medio millón de habitantes, donde los problemas adquieren una cuantiosa dimensión.
A poco más de un mes de la fecha en que debe asumir el nuevo equipo de conducción del municipio, parece urgente diseñar el modo de concluir con un cuadro tan deprimente, tan anárquico y tan peligroso. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán debe encarrilar su situación económica y financiera, porque ya se sabe que este rubro condiciona toda acción posible. Necesita un presupuesto que le permita no sólo costear los sueldos del personal, sino también -lo que es mucho más importante- realizar todas las obras que el vecindario tiene derecho a esperar a esta altura de la evolución de la ciudad que habita. En este orden de ideas, por cierto que normalizar la recaudación juega un papel clave, ya que el organismo debiera poder financiarse con sus propios recursos y no en base al endeudamiento, como viene siendo la norma. Además, debe ser capaz de lograr un cambio en la conducta del contribuyente: la vigencia de esa "conciencia fiscal" que hasta ahora brilla por su ausencia, como lo muestra el hecho de que el pago del tributo es la excepción y el incumplimiento es la norma.
Por cierto, no es lo único. Se requiere también una política responsable e inteligente para el gasto y la inversión, y un personal capaz de cumplir sus tareas a conciencia y con la debida probidad. Solamente una acción sostenida en estas cuestiones vitales podrá operar un cambio en este vecindario habituado a despreciar las normas municipales y a jactarse de la impunidad. No se nos escapa que lograr lo que decimos constituye una tarea de verdadera magnitud, y que no puede realizarse ni arrojar resultados en el corto plazo. Será necesario, entonces, un trabajo constante y eficaz, que restituya al organismo municipal la credibilidad que ha perdido y que civilice al vecino. Mientras no se formalice un firme propósito en esta dirección, no podemos tener esperanza de que las cosas cambien.
Hablaron de la existencia de una suerte de "municipalidad paralela", generada por la falta de autoridad del Estado: un proceso que no consideraron nada nuevo, ya que arranca de años anteriores y -aclararon- en ello no tiene responsabilidad la actual intendenta, quien "hace lo que puede". Insistieron en "la anarquía y el desgobierno" existentes, y marcaron la necesidad de "reconstruir la autoridad" como paso básico para corregir la situación. En realidad, lo que describen los futuros ediles ha sido, en reiteradas ocasiones, material de nuestro comentario. Hemos expresado con insistencia que en San Miguel de Tucumán prácticamente no existe una Municipalidad que llene sus funciones de acuerdo con la estipulación constitucional. Con sus finanzas devastadas, con el casi permanente estado de huelga de su personal y con la nula intervención en cuestiones básicas que hacen al buen orden de su jurisdicción, estamos ante un organismo que ha terminado prácticamente por desaparecer.
Y como consecuencia, se ha generado en el vecindario una inquietante cultura del capricho, donde cada cual se maneja, en esta ciudad, como le da la gana. Ello porque se conoce perfectamente que las infracciones en que incurra, por graves que sean, no recibirán sanción. De esa manera, tanto se cruza la luz roja del semáforo como se circula a contramano, se estaciona en cualquier parte y en doble o triple fila, no se arreglan las veredas, no se limpian los baldíos, se ocupa la vía pública sin contemplaciones, y un largo etcétera.Si en un pequeño pueblo situaciones como la descripta podría solucionarse rápidamente, parece obvio apuntar que las cosas son distintas en una urbe de medio millón de habitantes, donde los problemas adquieren una cuantiosa dimensión.
A poco más de un mes de la fecha en que debe asumir el nuevo equipo de conducción del municipio, parece urgente diseñar el modo de concluir con un cuadro tan deprimente, tan anárquico y tan peligroso. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán debe encarrilar su situación económica y financiera, porque ya se sabe que este rubro condiciona toda acción posible. Necesita un presupuesto que le permita no sólo costear los sueldos del personal, sino también -lo que es mucho más importante- realizar todas las obras que el vecindario tiene derecho a esperar a esta altura de la evolución de la ciudad que habita. En este orden de ideas, por cierto que normalizar la recaudación juega un papel clave, ya que el organismo debiera poder financiarse con sus propios recursos y no en base al endeudamiento, como viene siendo la norma. Además, debe ser capaz de lograr un cambio en la conducta del contribuyente: la vigencia de esa "conciencia fiscal" que hasta ahora brilla por su ausencia, como lo muestra el hecho de que el pago del tributo es la excepción y el incumplimiento es la norma.
Por cierto, no es lo único. Se requiere también una política responsable e inteligente para el gasto y la inversión, y un personal capaz de cumplir sus tareas a conciencia y con la debida probidad. Solamente una acción sostenida en estas cuestiones vitales podrá operar un cambio en este vecindario habituado a despreciar las normas municipales y a jactarse de la impunidad. No se nos escapa que lograr lo que decimos constituye una tarea de verdadera magnitud, y que no puede realizarse ni arrojar resultados en el corto plazo. Será necesario, entonces, un trabajo constante y eficaz, que restituya al organismo municipal la credibilidad que ha perdido y que civilice al vecino. Mientras no se formalice un firme propósito en esta dirección, no podemos tener esperanza de que las cosas cambien.







