Trascendente compromiso

La identificación del Gobierno con el partido mediante el cual accedió al poder ha sido tradicionalmente un hecho referencial de las administraciones constitucionales del país. Es por ello que, salvo raras excepciones, el Presidente de la Nación lo fue a la vez de su organización partidaria, configurándose una situación política contradictoria del principio según el cual el jefe del Estado gobierna para todos y de acuerdo con los compromisos asumidos con sus propuestas electorales. Esa tradición identificadora, asociada al perfil fuertemente presidencialista de nuestro sistema constitucional, parece haber llegado a su fin a partir del gobierno de la Alianza, cuya crisis colocó a la República en un severo proceso de revisión institucional. El presidente Néstor Kirchner lo acaba de poner en evidencia al responder negativamente a una sugerencia pública de su antecesor y correligionario Eduardo Duhalde, para que asuma la titularidad del Partido Justicialista. "Tenemos que gobernar el país -ha dicho el primer mandatario- y no importan los partidos a que pertenecemos cuando tenemos una tarea así por delante. Yo creo en una Argentina transversal; ya vimos lo que pasó cuando tuvimos una Argentina uniforme". En la misma ocasión, el jefe del Gobierno amplió el concepto al insistir en que "la Argentina de la uniformidad nos llevó a la situación en que estamos", por contraposición a "la Argentina de la pluralidad, de la cristalinidad y de la lucha contra la corrupción".
La forma directa y sin eufemismos con que Kirchner ha precisado lo que hasta ese momento fueron análisis y comentarios acerca de sus relaciones políticas, ha dado transparencia al problema más complejo y con solución largamente postergada que agobia al país; es decir, el de las calidades de nuestro sistema representativo y de partidos. Esa posición no será sencilla de sostener, como evidencian algunos comentarios inmediatos surgidos del propio partido oficialista, por más que el jefe del Gobierno nacional esté recogiendo en renovadas encuestas de opinión adhesiones sin precedentes que contrastan con el sostenido desprestigio de la clase política. Por cierto que esas afirmaciones presidenciales parecen lejos de configurar un propósito hegemónico, más propio en todo caso del espacio dominante que el justicialismo ocupa en la política nacional.
Coincidentemente con las manifestaciones del doctor Kirchner, trascendió que se está elaborando un proyecto sobre reforma política con el propósito de remitirlo a la consideración del Congreso al término del actual calendario electoral. Tan esperada iniciativa debe ser observada como una condición indispensable de aquellos conceptos presidenciales, donde la defensa de la pluralidad es sinónimo de un sistema representativo que permita a la ciudadanía ejercer plenamente sus derechos democráticos de gestión. Esa renovación del régimen político no necesariamente requiere de la reforma constitucional, que el país no está en condiciones de llevar a cabo, precisamente porque todo propósito de esa naturaleza debería ser precedido por una profunda renovación de su cuestionada clase política. En ese punto no debe dejar de señalarse que, si bien hay temas por revisar de la reforma promovida en 1994 por el Pacto de Olivos, fundamentalmente beneficiaria del sistema bipartidista, estos no impiden encarar la renovación de nuestro régimen legal representativo.
En tal sentido, la decisión de promover una reforma política debe concretarse con la participación de organizaciones académicas y otras entidades no gubernamentales cuyo reconocimiento y prestigio públicos aseguren una renovación. Bienvenidas, pues, esas manifestaciones presidenciales cuya finalidad no debe ser otra que rescatar del olvido los intereses generales de nuestra sociedad democrática.