El alperovichismo no puede disimular el nerviosismo que le causó la denuncia judicial por presunto espionaje político del Gobierno. El jueves, tras conocer el planteo de la UCR, el gobernador, José Alperovich, tildó de mentirosos al senador José Cano y a legisladora Silvia Elías de Pérez. Desde entonces, los parlamentarios radicales se convirtieron ahora en los destinatarios de la furia oficialista.
"A los radicales debería investigarlos el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, ya que actúan como si fuesen personajes de historieta. Poseen una valoración excesiva de la propia personalidad que los lleva a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones de este Gobierno", ironizó la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). "Gestión se hace creando hechos y no inventándolos. Decir que no se avanzó en salud en la provincia demuestra ignorancia o falta de apego a la realidad. El día en que dos personas sean más importantes para el gobernador que un millón y medio de tucumanos, le estaríamos dando la razón a la fantasía de sus denuncias", añadió la oficialista.
La semana pasada, la UCR irritó al Gobierno con una denuncia ante los tribunales federales. El planteo judicial presentado por la UCR lleva las firmas de Cano, titular de la UCR en la provincia; y de los legisladores provinciales Ariel García y Elías de Pérez. En el escrito, los radicales expresan que el Departamento de Inteligencia Policial, conocido como D2, investiga a quienes se manifiestan en público en contra del alperovichismo, lo que violaría la Ley de Inteligencia Nacional. Pero no es la primera vez que se acusa al alperovichismo de persecución política. En agosto, el matutino porteño La Nación se refirió a la polémica. Luego, referentes del Partido Obrero acudieron a la Justicia Federal para que se investiguen los hechos. También el gremio bancario, enfrentado al Poder Ejecutivo, denunció ser víctima de espionaje.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, refutó todas las versiones. "La denuncia que hacen los dirigentes radicales se inscribe en la práctica de la denuncia como modo para obtener notoriedad, incluso sin reparar en el perjuicio que causa no sólo al que denuncian falsamente, sino también a la credibilidad pública, necesaria en cualquier sistema de gobierno", replicó Jiménez.
Jiménez insistió en que lo hecho por la UCR perjudica a sus dirigentes. "Después estos políticos no saben por qué la opinión pública no les cree. Es importante llamar la atención de la gente con propuestas, con hechos de gestión o respuestas; las denuncias falsas son pan de hoy y hambre de mañana, esta denuncia es dañosa para ellos", sentenció el ministro del PE.
También el legislador Guillermo Gassenbauer, vocero de la Casa de Gobierno en la Cámara, se refirió a sus pares radicales. "Sólo buscan tener una nota en el diario o en algún canal de televisión, porque siempre hacen lo mismo y presentan una denuncia vacía y sin ninguna consistencia legal. Son unos denunciadores crónicos que no aportan nada para que la provincia avance; solamente se dedican a embarrar la política", expresó.
"A los radicales debería investigarlos el inspector Clouseau de la Pantera Rosa, ya que actúan como si fuesen personajes de historieta. Poseen una valoración excesiva de la propia personalidad que los lleva a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones de este Gobierno", ironizó la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). "Gestión se hace creando hechos y no inventándolos. Decir que no se avanzó en salud en la provincia demuestra ignorancia o falta de apego a la realidad. El día en que dos personas sean más importantes para el gobernador que un millón y medio de tucumanos, le estaríamos dando la razón a la fantasía de sus denuncias", añadió la oficialista.
La semana pasada, la UCR irritó al Gobierno con una denuncia ante los tribunales federales. El planteo judicial presentado por la UCR lleva las firmas de Cano, titular de la UCR en la provincia; y de los legisladores provinciales Ariel García y Elías de Pérez. En el escrito, los radicales expresan que el Departamento de Inteligencia Policial, conocido como D2, investiga a quienes se manifiestan en público en contra del alperovichismo, lo que violaría la Ley de Inteligencia Nacional. Pero no es la primera vez que se acusa al alperovichismo de persecución política. En agosto, el matutino porteño La Nación se refirió a la polémica. Luego, referentes del Partido Obrero acudieron a la Justicia Federal para que se investiguen los hechos. También el gremio bancario, enfrentado al Poder Ejecutivo, denunció ser víctima de espionaje.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, refutó todas las versiones. "La denuncia que hacen los dirigentes radicales se inscribe en la práctica de la denuncia como modo para obtener notoriedad, incluso sin reparar en el perjuicio que causa no sólo al que denuncian falsamente, sino también a la credibilidad pública, necesaria en cualquier sistema de gobierno", replicó Jiménez.
Jiménez insistió en que lo hecho por la UCR perjudica a sus dirigentes. "Después estos políticos no saben por qué la opinión pública no les cree. Es importante llamar la atención de la gente con propuestas, con hechos de gestión o respuestas; las denuncias falsas son pan de hoy y hambre de mañana, esta denuncia es dañosa para ellos", sentenció el ministro del PE.
También el legislador Guillermo Gassenbauer, vocero de la Casa de Gobierno en la Cámara, se refirió a sus pares radicales. "Sólo buscan tener una nota en el diario o en algún canal de televisión, porque siempre hacen lo mismo y presentan una denuncia vacía y sin ninguna consistencia legal. Son unos denunciadores crónicos que no aportan nada para que la provincia avance; solamente se dedican a embarrar la política", expresó.
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