Los dos hombres que se convertirán a fines de octubre en los personajes más importantes de la política tucumana le dieron a la sociedad dos mensajes poco alentadores respecto de sus futuras gestiones.El mandatario electo, José Alperovich, manifestó a los actuales legisladores oficialistas que quiere que sean ellos los que aprueben un paquete de leyes para su Gobierno. Su compañero de fórmula, Fernando Juri, anunció a los parlamentarios electos de la oposición que en la mesa de conducción de la Cámara no habrá lugar sino para el peronismo.
El planteo del sucesor de Julio Miranda es inquietante tanto en la forma como en el fondo. Las normas que reclama buscan prorrogar el uso de los tickets como forma de pago del 20% del salario de los empleados públicos y modificar la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia. Hoy, las medidas que dicta el Ejecutivo caducan en 20 días si la Cámara no las ratifica. Lo que se quiere es que, ante el silencio legislativo, queden firmes hasta que sean expresamente derogados.
Ambas medidas son dos caras de una misma moneda. En la provincia, lo único estable es la emergencia. El pago de la quinta parte de los sueldos estatales con vales es una medida que precariza los salarios y afecta los aportes previsionales, pero que iba a ser adoptada transitoriamente. Se ve que no. Había llegado para quedarse.
Complementariamente, los decretos son una vía legislativa de excepción, en la que por urgencia el Gobierno asume el rol del Poder Legislativo, pero a la espera de su respaldo. Que una administración que aún no asumió y que hace gala de tener planificada su gestión defina como una primera medida que sus decretos prescindirán de la Legislatura revela tres síntomas preocupantes. El primero es que la imprevisión está dentro de los planes. El segundo indica que el que viene es un Ejecutivo con pocas intenciones de ser controlado. El tercero apunta a que no habrá confianza de un poder político depositada en el otro ni equilibrio entre ambos. Sólo así es coherente que se demanden esas normas a este Parlamento y no al que viene.
El argumento de que, en realidad, se quiere contar con esas disposiciones desde el inicio de la nueva gestión se justificaría si Alperovich, por ejemplo, revelara que Miranda le deja un Tucumán en ruinas que debe reconstruirse desde el primer minuto de su mandato. Pero como el discurso oficial es que esta es una transición ejemplar, en una provincia ordenada y pacificada, las leyes reclamadas son difíciles de justificar.
La decisión de Juri de que la presidencia subrogante y las dos vicepresidencias legislativas sean para el PJ ("al menos este año va a ser así para evitar problemas con el bloque", les dijo a los legisladores electos del radicalismo) tampoco es feliz. Marginar a la totalidad de los partidos no oficialistas del manejo del cuerpo y matar antes de nacer cualquier política participativa no luce ser el anhelo de la ciudadanía.
La cuestión empeora cuando al contexto se suma el ya consensuado incremento de la burocracia parlamentaria, llevando a 20 las comisiones permanentes, con la partición en dos tanto de la comisión de Salud Pública y Legislación Social como de la de Turismo y Deportes. El único criterio es el "régimen de reparto". Es decir, buscar que la mayor cantidad posible de los 26 oficialistas tenga un sello de goma de autoridad. La grandeza sigue sin voz ni voto en el recinto.
Justamente, la abrumadora mayoría oficialista torna aún más inexplicable que en la Cámara se insista en sepultar a una oposición ya anulada desde el punto de vista numérico, mientras el PE quiere anular a su brazo legislativo. La torpeza política puede terminar siendo una bomba armada y activada por el propio oficialismo.
