Presupuesto para la transición

El Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso en término el proyecto de Presupuesto para 2004, cuya sanción debería concretarse antes del 10 de diciembre por conveniencia legislativa, cuando debe producirse la renovación parlamentaria. Esa cuenta de gastos y recursos de la Nación para el próximo ejercicio es un cálculo realista, en la medida en que se ajusta a los condicionamientos de la situación económica del país. Con un superávit del 3 % y un aumento del gasto de 4.800 millones financiado mediante el incremento estimado de la recaudación, el proyecto fiscal prioriza al sector social, a la ciencia y la tecnología, y a las economías regionales.
Es muy probable que, salvo retoques no fundamentales, la iniciativa gubernamental sea convertida en ley sin mayores dificultades, salvo en lo concerniente a la inflación calculada -entre el 9 y el 11%- que, al no preverse aumento de los salarios estatales, daría lugar a un ajuste significativo por tal causa. Al Presupuesto se lo califica tradicionalmente de ley de leyes, pues de su condición dependen decisiones de todo orden del Estado. En este caso, debe advertirse que el superávit del 3 % no se producirá por efecto de una reforma estructural del sector público sino a partir del congelamiento de sus salarios.
Tampoco incide en el austero cálculo presupuestario la presión de la deuda, cuya reestructuración es uno de los temas que quedan pendientes para que el país esté en condiciones de encarar un proceso sostenido de normalización socioeconómica.
Ese proceso debe contar con presupuestos prometedores de crecimiento, condicionados por una serie de termas estructurales pendientes que no constituyen exclusivos productos de la crisis, sino que se acumularon también durante años. Son ellos fundamentalmente la reforma impositiva; una nueva ley de coparticipación federal de impuestos; la reforma del sistema financiero; aumentos de tarifas de los servicios públicos; reestructuración de la deuda y reforma de la banca pública.
Esos deberes pendientes no son caprichosas exigencias de los acreedores o de los organismos multilaterales, sino gravosas deudas del país consigo mismo muy difíciles de ignorar. No pueden superarse, por cierto, en el corto ni en la mayoría de los casos durante el mediano plazo, pues sus consecuencias sociales son de tal naturaleza que, inéditamente, debieron ser reconocidas por los exigentes auditores del Fondo Monetario Internacional, al señalar que los sectores más perjudicados de la sociedad deberán ser protegidos adecuadamente en la transición.
Ninguna de las cuestiones que deben encararse y resolverse en esa transición que apenas comienza ahora es consecuencia de la crisis ni de la depresión consiguiente. Por lo contrario, la dura coyuntura histórica que atraviesa el país tiene origen en ellas. Desde la restauración democrática, hace veinte años, ningún candidato político dejó de incluirlas con las variantes del caso en sus propuestas, pero lejos estuvo de cumplirlas al momento de la ejecución. Por otra parte, la baja condición de las relaciones interpartidarias para acordar políticas de Estado, cuando no la incapacidad para gobernar con visión de largo plazo, frustraron la eficiencia del sector público, alcanzando sus consecuencias al privado.
Todo esfuerzo para la recuperación, como evidencia el prudente cálculo presupuestario, requiere además hablarle a la sociedad con la verdad. En este caso, mediante el reconocimiento de responsabilidades que no son, por cierto, de la actual administración, sino de una clase dirigente que igualmente está representada en ella. La condición ética y moral del buen gobierno no reside sólo en la dignidad de sus compromisos, sino y por añadidura, en aceptar honestamente la realidad.