En setiembre de 1990, el asesinato de la adolescente catamarqueña María Soledad Morales sacudió al país. Como pocas horas después todo el mundo hablaba de una "fiestita" de Guillermo Luque y de otros hijos del poder en Catamarca, el entonces diputado nacional Angel Luque (padre del sospechoso) intentó defenderse con una lógica feroz. "Si Guillermo hubiera matado a María Soledad, yo les juro que el cadáver de esa niña no aparece más. Lo tiro en Las Salinas o en un dique, pero nunca a la vista de mi casa", dijo a tres periodistas. Esa frase le costó el puesto y la carrera política. Detrás de Angel Luque cayó toda la estructura del poder saadista. Acostumbrado a vivir impunemente en una sociedad sojuzgada de modo feudal por unas cuantas familias con poder, no contó con que el escándalo de pueblo chico se convertiría en un drama nacional. Y eso lo perdió, porque la presión nacional obligó a las diferentes autoridades de Catamarca a investigar a fondo y a hallar a los culpables.
Desde entonces se cree que es posible romper el cerco de la impunidad. Sin embargo, la historia del delito parece decir lo contrario. Mariano Ciafardini, director nacional de Política Criminal, señala que apenas una ínfima proporción de los delitos -cercana al 10%- se descubre o llega a una condena. El resto de los hechos criminales queda sin castigo, y abarca una amplia gama que va desde el robo de ropas colgadas de las sogas hasta los homicidios. Con lo cual se puede hablar de la vigencia de los crímenes perfectos. Basta entrar a lugares de triste fama, como algunas villas de emergencia del sureste de la capital, para observar la circulación impune de cosas robadas -como carísimas bicicletas todo terreno- o analizar la composición de la población de la cárcel de Villa Urquiza, para darse cuenta de que los ladrones de guante blanco siempre se escapan del corto brazo de la Justicia que, además, trabaja con escasos elementos y sobresaturada de causas. La Justicia penal apenas tiene tiempo de dedicarse a los casos de sangre resonantes, que son más fáciles de investigar, porque los criminales han actuado por impulso o por pasión y no con calculada y fría estrategia. Dejaron huellas que pueden ser recogidas con facilidad.
Pero cuando hay una inteligencia que organiza por detrás, la cosa cambia. Por eso no se llegó a descubrir ninguno de los atentados con granadas que hubo en Tucumán en las últimas dos décadas. Tampoco se avanzó en las investigaciones de los asesinatos de dos jubiladas de Barrio Norte -Margarita Bittar y Olga de Borghesio- porque los homicidas estudiaron el escenario antes de actuar.
A prueba
Ahora tres casos ponen a prueba nuevamente a la Justicia y a la Policía tucumanas: el escándalo de las 4x4, en el que se sospecha de funcionarios judiciales y de personas ligadas al poder político; la desaparición de Adrián Mansilla, en la que está involucrado un hermano de los caudillos famaillenses Enrique y José Orellana, y la desaparición del contador Carlos Albarracín, en el que se piensa que intervinieron fuerzas oscuras vinculadas al dinero. El hallazgo de restos humanos en una ladera de Villa Nougués volvió a poner sobre el tapete el caso del contador, de quien nada se sabe desde diciembre.
La resolución de las tres investigaciones no es tan sencilla como un hecho de sangre común o un robo de ropas. La sociedad está expectante e incluso los familiares de Mansilla fueron a la Capital Federal a pedir atención del Gobierno nacional, porque temen que todo quede impune. Es que en los tres casos influyen fuerzas vinculadas al poder, que -como les ocurrió a Angel Luque y a su hijo en Catamarca-, a veces, protege a sus socios e integrantes; y otras veces, por conveniencia, abandona a quienes caen en desgracia.
