La basura, una cuestión de Estado

La historia volvió a repetirse. Desde la noche del lunes pasado, no se recolectaba la basura domiciliaria en San Miguel de Tucumán. La empresa que tiene la concesión de ese servicio le reclamaba a la Municipalidad $ 400.000 que necesita para pagar a su personal los haberes de agosto, y sus trabajadores se declararon en huelga, esta vez sin violencia. Si bien el conflicto se solucionó ayer, el Gobierno provincial mostró nuevamente una lentitud de reflejos e intervino recién cuando la basura llegaba casi al cuello de los tucumanos que habitan la capital.
Si San Miguel de Tucumán produce diariamente 400 toneladas de basura, significa que al cabo de cinco días hay 2.000 toneladas de desechos esparcidas por las calles y que limpiar la ciudad llevará varios días. Esta situación obligó a las autoridades de salud a decretar el estado de emergencia sanitaria ante el peligro de un rebrote de enfermedades de tipo influenza, de hepatitis y de neumonía.
La salud de la ciudad es una cuestión de Estado, y como tal debe encararse. Sin duda que el problema atañe en primera instancia a la Municipalidad, como responsable, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución de Tucumán, de cuidar "los intereses morales y materiales" de su jurisdicción. Pero si ese organismo muestra su impotencia, hay rubros en los cuales la intervención del Estado provincial resulta imprescindible y debe producirse inmediatamente.Parecería innecesario apuntar que más de dos centenares de toneladas que, cada día, quedan sin recogerse de las viviendas representan la creación de un gravísimo riesgo sanitario y ambiental, que el Gobierno no puede permitir de ninguna manera. No se trata aquí de problemas menores, sino de algo de extrema importancia para la salud de la población. Salud que, se supone, constituye la máxima prioridad en todos los casos y para todas las administraciones.
El asunto de la recolección de basura en la ciudad capital va más allá de esta puntual emergencia. Como se sabe, es una de las muchas cuestiones conflictivas de la Municipalidad. En esta se agita el problema de una deuda de arrastre, sobre cuyo monto existe hondo desacuerdo entre el organismo comunal y la prestataria, además de las divergencias existentes en cuanto al cumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión.
Es algo respecto de lo que en algún momento se debe arribar a una solución, en lugar de seguir prolongándose en el tiempo como viene sucediendo desde hace años. Esa solución deberá insertarse, también, en el cuadro de una acción que normalice la tarea de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Todos sufrimos, desde hace ya varios años, el grave problema de habitar una ciudad donde ese organismo de vital importancia no cumple con las funciones que le atañen, y cuya trascendencia para una población de medio millón de habitantes parecería obvio subrayar. Nadie puede discutir que, en tal orden de cosas, parecemos haber llegado ya al límite de lo tolerable. Es imperioso que tanto el Gobierno como la Municipalidad, en forma coordinada, tomen los recaudos necesarios para que no se reitere a corto plazo este conflicto, como ocurre mensualmente.
En cualquier comunidad civilizada, con ciudadanos respetuosos de las normas de convivencia y con dirigentes que trabajan en forma constante para el progreso de la sociedad, este problema habría sido resuelto a poco de estallar. Pero en Tucumán, esto no sucede porque nuestros gobernantes parecen huir de los problemas esenciales y esperan que estos exploten para entonces salir a apagar el incendio.
Para conducir los destinos de una comunidad, se necesita una gran dosis de decisión y de coraje. Es hora de que nuestros representantes demuestren alguna vez que la tienen.