Intiman a incorporar más mujeres en las listas

En una resolución sin precedentes, la Junta Electoral del Colegio de Abogados de la Capital ha intimado a las tres listas que intervienen en el comicio del 19 de noviembre a adecuar su conformación a la legislación que reserva el 30% de las candidaturas para las mujeres. Esta decisión del 9 de noviembre pasado obliga a las nóminas de Abogados Agremiados, Nicolás Avellaneda y la alianza Moreno-Alberdi-Belgrano a presentar al menos seis candidatas entre los nombres propuestos para la renovación de nueve cargos en el Consejo Directivo, y de ocho en el Tribunal de Ética y Disciplina (TEyD).

Las nóminas tienen plazo hasta hoy a las 21 para adecuarse a las previsiones del cupo femenino, según la resolución firmada por Luis Emilio Rodríguez Vaquero, José Bulacio y Jorge Contrera, respectivos presidente, vice y secretario de la Junta Electoral. Por unanimidad, las autoridades del órgano de fiscalización del comicio han interpretado que correspondía hacer lugar a la impugnación que articuló un grupo de letrados encabezado por Celia Debono, Mariana Soledad Álvarez, María Soledad Deza y Adriana Beckman. Esta presentación exigió el cumplimiento de la Ley 24.012, de 1991, que establece una cuota mínima de participación de mujeres en las listas. Los impugnantes apuntaron que esa norma nacional está vigente en la provincia y que, por ende, también debe ser aplicada a las elecciones del Colegio de Abogados de la Capital.

La resolución de la Junta afecta a las tres nóminas, puesto que ninguna de ellas tiene seis candidatas. La agrupación Nicolás Avellaneda, que postula como presidente a Guillermo Arévalo, deberá incorporar una mujer para alcanzar el mínimo (las candidatas de esa lista son Nélida Bendek del Prete, Rosa Ubelina Serrano, Patricia Emilia Pereyra, Adriana Auad y Patricia Belicari). Abogados Agremiados, que propone a Fernando Rogel Chaler para la presidencia, necesita dos mujeres más (presenta las postulaciones de Gabriela de los Ángeles Zain El Din, Luciana Falcucci, María Laura Vergara y Patricia Sami), lo mismo que la alianza oficialista Moreno-Alberdi-Belgrano. Ese sector, que impulsa la candidatura presidencial de Francisco García Posse, tiene en su nómina a Julieta Tejerizo, Rosa Luz Casen, Claudia Viviana Fernández y Graciela Elizabeth Schmieloz.

La inesperada admisión del cupo femenino ha forzado a las nóminas a salir a buscar mujeres y a definir quiénes cederán sus lugares. Posiblemente el mayor número de cambios acaezca en la oferta para el TEyD, cuyos cargos duran dos años (los del Consejo Directivo se renuevan por cuatro). Ninguna de las tres listas presenta candidatas para los puestos más relevantes del comicio: la presidencia, la secretaría y la protesorería. La institución que representa a los letrados nunca ha sido presidida por una mujer, a diferencia de otras entidades intermedias de la provincia como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, cuya titular es Patricia Manso.

Encasilladas

La impugnación de Debono y compañía recuerda que, en el presente, sólo hay dos abogadas en el Consejo Directivo del Colegio (las vocales Stella Maris Moreno Perea y Sara Inés del Valle Asad), pese a que las colegiadas son mayoría en el padrón electoral. "Las comisiones de la entidad tienen más mujeres que hombres, pero estas nunca llegan a ocupar lugares de decisión porque los que digitan los cargos finalmente son los varones. Y, cuando arman las listas, ellos se quedan con los primeros puestos y ponen mujeres como relleno", expresa el escrito dejado en la mesa de entradas el 9 de noviembre y que fue tratado por la Junta ese mismo viernes por la noche.

Con anterioridad, el grupo había solicitado al Consejo Directivo que arbitre todos los medios necesarios para lograr la paridad de mujeres y varones en los órganos de conducción del Colegio. Esa nota remitida el 18 de octubre pasado, que pedía la aplicación del cupo femenino, reprochaba la tendencia a encasillar a las letradas en cuestiones institucionales casi exclusivamente atinentes al Derecho de Familia, la niñez, la vejez y el género en general: "todo ello implica abonar la reproducción de estereotipos de 'cuidadora' y 'madre' que configuran supuestos de violencia simbólica, a la vez que contribuyen a encasillar a la mujer también dentro del ejercicio de la profesión con los mismos parámetros que acotan su participación política y que, desde los inicios de la humanidad, han restringido su presencia en la arena pública".

Tanto esa carta como la impugnación fueron firmadas por letrados varones, y avaladas por la filial local del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Ambas presentaciones postulan que la garantía que meramente prohibe la discriminación no es suficiente para asegurar una real igualdad de oportunidades y que hacen falta medidas de discriminación inversa (como el cupo femenino) para revertir la hegemonía masculina.