Familiares de víctimas y de imputados le pusieron tensión a la audiencia previa
El TOF determinó que los allegados de las partes se sienten en sectores separados, para evitar posibles cruces. La Justicia cumplió con el último paso formal antes del inicio de las audiencias de debate por delitos de lesa humanidad.
La cita de ayer fue una escala técnica antes del comienzo del juicio oral. Sin embargo, la audiencia preliminar por la megacausa de derechos humanos "Arsenales II-Jefatura II" representó una pequeña muestra del clima ríspido que se vivirá durante las jornadas que se avecinan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF).
La sala se pobló desde temprano con un público heterogéneo. Cuando ingresaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) las diferencias saltaron a la vista. Las fotos de los rostros de desaparecidos levantadas por sus familiares se mezclaron con carteles que enarbolaron parientes de los imputados. "Familia de preso político", era la leyenda que se repetía en cuadernos y libretas.
Por pedido de los primeros, se dividió en dos sectores el sitio destinado al público y los grupos quedaron distanciados. Durante el desarrollo del encuentro, hubo algunos cruces de opiniones en voz baja y repudios a mayor volumen contra lo que expresaban defensores o querellantes.
Cuidados y tiempo
La audiencia, prevista para ordenar el debate que comenzará el 12 de noviembre, duró poco más de tres horas. Querellantes, defensores (oficiales y particulares) y los fiscales (Leopoldo Peralta Palma, Patricio Rovira y Pablo Camuña) exhibieron sus propuestas. En general, los objetivos planteados en las exposiciones fueron para evitar la revictimización de testigos y ahorrar el mayor tiempo posible.
Uno de los puntos llamativos fue que la abogada querellante Laura Figueroa planteó la necesidad de que se implementen cuidados especiales para las mujeres que habrían sido víctimas de abusos durante su permanencia en los Centros Clandestinos de Detención (CCD).
A su turno, el defensor oficial Ciro Lo Pinto reclamó que sería clave la presencia de testigos como Juan Carlos Clemente o Juan Martín, cuyos testimonios en causas anteriores comprenderían la base acusatoria del proceso. En 2010 (Jefatura I), Clemente había aportado un listado de detenidos y de desaparecidos en la ex Jefatura. Mientras, Martín describió el funcionamiento de los CCD e identificó a víctimas y a los oficiales a cargo.
Tras deliberar, el TOF ajustó los detalles operativos. Se definió que los declarantes que se citaron para aportar al marco histórico o aquellos que ya participaron en causas anteriores no necesariamente deberán acudir a la sala. En primera instancia, se pondrá a disposición de las partes las filmaciones. Si se requiere, los videos podrían ser reproducidos en el debate. Por otro lado, se adoptarán las medidas para "preservar el pudor" de las presuntas víctimas de delitos sexuales. Mientras, se permitirá que los sobrevivientes o sus familiares estén acompañados frente al Tribunal por los psicólogos que los asisten. Además, se dará prioridad en el listado a los de mayor edad y a aquellos que estén enfermos.
Al inicio del juicio se leerá una síntesis acusatoria fiscal, con el listado de imputados y la atribución concreta de delitos.
Se estima que el proceso oral se extenderá durante todo 2013. Si bien se trata del sexto que se sustancia en el TOF, será el primero con características de una megacausa. Al ser unificadas, suman 235 víctimas, 44 imputados y más de 200 testigos.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, comentó que el ámbito será adecuado para la ocasión. Se aplicará un sistema de cupo para que el público rote. Además, se instalará una sala contigua en el subsuelo para los acusados. Del total, 24 están en Tucumán. El resto será trasladados próximamente a Villa Urquiza desde Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Jujuy y Río Negro.
Peralta Palma explicó que se trata de un desafío para la Justicia. "Hubo un sistema represivo y eso será demostrado durante las audiencias. Así también como la sistemática detención, traslado, tortura, homicidio y desaparición de personas en los CCD", adelantó el fiscal.
La sala se pobló desde temprano con un público heterogéneo. Cuando ingresaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) las diferencias saltaron a la vista. Las fotos de los rostros de desaparecidos levantadas por sus familiares se mezclaron con carteles que enarbolaron parientes de los imputados. "Familia de preso político", era la leyenda que se repetía en cuadernos y libretas.
Por pedido de los primeros, se dividió en dos sectores el sitio destinado al público y los grupos quedaron distanciados. Durante el desarrollo del encuentro, hubo algunos cruces de opiniones en voz baja y repudios a mayor volumen contra lo que expresaban defensores o querellantes.
Cuidados y tiempo
La audiencia, prevista para ordenar el debate que comenzará el 12 de noviembre, duró poco más de tres horas. Querellantes, defensores (oficiales y particulares) y los fiscales (Leopoldo Peralta Palma, Patricio Rovira y Pablo Camuña) exhibieron sus propuestas. En general, los objetivos planteados en las exposiciones fueron para evitar la revictimización de testigos y ahorrar el mayor tiempo posible.
Uno de los puntos llamativos fue que la abogada querellante Laura Figueroa planteó la necesidad de que se implementen cuidados especiales para las mujeres que habrían sido víctimas de abusos durante su permanencia en los Centros Clandestinos de Detención (CCD).
A su turno, el defensor oficial Ciro Lo Pinto reclamó que sería clave la presencia de testigos como Juan Carlos Clemente o Juan Martín, cuyos testimonios en causas anteriores comprenderían la base acusatoria del proceso. En 2010 (Jefatura I), Clemente había aportado un listado de detenidos y de desaparecidos en la ex Jefatura. Mientras, Martín describió el funcionamiento de los CCD e identificó a víctimas y a los oficiales a cargo.
Tras deliberar, el TOF ajustó los detalles operativos. Se definió que los declarantes que se citaron para aportar al marco histórico o aquellos que ya participaron en causas anteriores no necesariamente deberán acudir a la sala. En primera instancia, se pondrá a disposición de las partes las filmaciones. Si se requiere, los videos podrían ser reproducidos en el debate. Por otro lado, se adoptarán las medidas para "preservar el pudor" de las presuntas víctimas de delitos sexuales. Mientras, se permitirá que los sobrevivientes o sus familiares estén acompañados frente al Tribunal por los psicólogos que los asisten. Además, se dará prioridad en el listado a los de mayor edad y a aquellos que estén enfermos.
Al inicio del juicio se leerá una síntesis acusatoria fiscal, con el listado de imputados y la atribución concreta de delitos.
Se estima que el proceso oral se extenderá durante todo 2013. Si bien se trata del sexto que se sustancia en el TOF, será el primero con características de una megacausa. Al ser unificadas, suman 235 víctimas, 44 imputados y más de 200 testigos.
El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, comentó que el ámbito será adecuado para la ocasión. Se aplicará un sistema de cupo para que el público rote. Además, se instalará una sala contigua en el subsuelo para los acusados. Del total, 24 están en Tucumán. El resto será trasladados próximamente a Villa Urquiza desde Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Jujuy y Río Negro.
Peralta Palma explicó que se trata de un desafío para la Justicia. "Hubo un sistema represivo y eso será demostrado durante las audiencias. Así también como la sistemática detención, traslado, tortura, homicidio y desaparición de personas en los CCD", adelantó el fiscal.







