La sanción de la ley que faculta a los jóvenes de 16 y 17 años votar para cargos provinciales, si así lo desean, motivó la presentación de un insólito planteo judicial y su rechazo in límine por parte de la Corte Suprema de Justicia. El peronista disidente Enrique Romero había denunciado a los legisladores oficialistas por "violación a la Constitución en banda, aprovechando la inocencia y rompiendo el juramento en el Día de la Lealtad", en alusión a la fecha de aprobación de la norma: el 17 de octubre. Según Romero, la víctima del presunto delito es la Constitución, aprobada en 2006. "Con tan sólo seis años de edad ha sido ultrajada y mancillada con alevosía y premeditación, persiguiendo fines inconfesables por los parlamentarios para avanzar en una monarquía en Tucumán", ironizó. Romero dijo que insistirá con el planteo una vez que se promulgue la ley.







