BUENOS AIRES.- "Señor, con todo respeto... la ministra Garré nos dice que antes que soldados somos ciudadanos. Bueno, como ciudadanos reclamamos". En una distendida charla, que se llevó a cabo adentro de una dependencia oficial, el veterano suboficial le comentaba gravemente a su superior cómo se percibe entre sus pares más jóvenes y belicosos el tironeo entre la rigidez de los reglamentos que sustentan el mando de las fuerzas y la visión ideológica de la política.
Ese sincero comentario, que supone que la ruptura de la cadena de mandos fue alimentada desde lo más alto del poder, no es nada más ni nada menos que el centro de la desorientación en la que hoy están sumidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, producto de la conducción kirchnerista en este rubro.
También como antecedente de la rebelión han quedado algunas promesas en la banquina. En la cena de camaradería de las FFAA, la presidenta de la Nación brindó una definición sobre la sindicalización militar y el reconocimiento salarial que ahora cobra vigencia: "Si bien no tienen convención colectiva ni paritaria (tampoco sería bueno que las tuvieran, son otra cosa y deben ser otra cosa), lo cierto es que también tienen que ser reconocidos en sus sueldos y en sus salarios", explicó.
Más conocido es su otro discurso de junio, posterior a la muerte por accidente de siete gendarmes que salían en micro de Cerro Dragón: "... muchos de ellos no ganan ni la tercera o la cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos... Ya sé, mañana van a decir qué poco que se les paga a los gendarmes, ¿por qué no les aumentan el sueldo?", se atajó.
En realidad, el conflicto actual estalló por querer ponerle prolijidad a los desbandes salariales que ahondó el mismo kirchnerismo dentro de las fuerzas, con la instauración de suplementos no remunerativos que castigaron los ingresos de los retirados y produjeron una catarata de juicios. Ante fallos de la Corte que no dejaban margen y con mucho de mala praxis, se intentó arreglar la situación con esta poda, de un modo que terminó resultando un chorro de nafta sobre el fuego.
Tampoco este proceder de meter elefantes en bazares cargados de cristalería es algo que llame mucho la atención en un Gobierno que en varios ítems presenta notorias dificultades para gestionar y no sólo en cuestiones estructurales de la planificación a mediano y largo plazo, sino en el manejo de la dinámica del día a día. Está muy claro en materia de Transportes y Energía y mucho más aún en el manejo de la economía y lo que es su correlato social.
En este caso emblemático de las fuerzas de seguridad, ni los propiciadores del Decreto, ni quienes incluyeron las partidas recortadas en el Presupuesto, ni los servicios de inteligencia supieron prever el conflicto, ni evitar las consecuencias, ni después resolver la situación. No tuvieron en cuenta que a esos cabos y sargentos que hoy aparecen en la televisión mucho se los había vulnerado, a partir de un doble desarraigo, el de sus familias y el del hábitat, ya que llegaron calladitos la boca y por necesidades políticas a geografías para las que nunca fueron entrenados. Total, parecen pensar los cráneos del facilismo y del "yo no fui", siempre está a mano el sencillo expediente de echarle la culpa a la prensa no adicta.
Sin embargo, el artilugio ya no alcanza para cubrir las propias fallas de gestión, algunas de ellas que rozan en la desestabilización de adentro para afuera que sufre el Gobierno por estas horas. Como el de hacerle firmar un Decreto a CFK que necesariamente la iba a dejar mal parada no sólo ante las fuerzas afectadas, sino que la puso casi en la esfera de recordación popular de aquel famoso recorte de un 13% a los jubilados, que ella misma se empeña siempre en refregarle por las narices a Domingo Cavallo.
En estos tiempos de cristinismo en auge y de nestorismo en retirada, los pases de factura se suceden entre quienes colaboraron con el ex Presidente y hoy han sido raleados. "Yo le puedo asegurar que a Néstor este papelón no se lo hacían pasar. De calentón ya hubiera cambiado a todo el Gabinete", le dijo a DyN un santacruceño que lo conoce desde sus tiempos de gobernador.
La Presidenta se caracteriza en general por mantener a sus funcionarios y, tal como hacía su marido, por no darse por enterada públicamente de las cosas urticantes cuando las papas queman. El jueves habló de política internacional en la Casa Rosada, cuando del otro lado de la avenida, prefectos y gendarmes la desafiaban. Cuánto mejor saldría parada Cristina si baraja y da de nuevo en materia de colaboradores nunca se sabe, pero está claro que eso la ayudaría a dar oxígeno al delicado momento que está viviendo.
Hasta ahora, toda la estrategia oficial para tapar la rebelión de los uniformados se ciñe, como en muchos otros casos, a buscar a los culpables fuera de los sucesos, principalmente en cabeza de la prensa no alineada, a la que se la acusó nada menos de la difusión de esos hechos, su razón de ser. Esta ha sido una jugada de pésima factura que muestra qué poco interesa la sobrevida de la libertad de prensa en la Argentina.
Pero ministros, legisladores y funcionarios han ido más allá, ya que no se sabe bien si ha sido por orden de la Presidenta o si lo han hecho sólo para agradarle y sacarse el sayo de tanta chapucería, pero las menciones al Grupo Clarín y a su CEO, Héctor Magnetto, como gestor de varias situaciones que sucedieron durante la semana, para evitar lo que según el Gobierno debería ocurrir el 7 de diciembre, francamente aburrieron. Dicho con todas las letras, el Decreto 1307 de la poda salarial a las fuerzas de seguridad, abajo dice "Fernández" y no Magnetto.
Tanto humo desplegado el jueves para bajar de los titulares las protestas de las fuerzas de seguridad, consiguió un efímero resultado, pero el fondo no se corrigió porque el conflicto siguió desarrollándose, pese a todo lo que se vio ese día en materia de disputas institucionales y de hechos judiciales de altísimo voltaje, como fue la desaparición de un testigo en una causa tan sensible como la muerte de Mariano Ferreyra.
Los otros casos
El caso del Consejo de la Magistratura fue el primero que saltó a la vidriera, a partir de la pretensión del kirchnerismo de poner a una abogada, hoy funcionaria del Ejecutivo, María Lorena Gagliardi, justamente en la puerta de acceso al codiciado Juzgado 1, el que tiene que determinar la constitucionalidad o no de cuatro artículos de la Ley de Medios. Para nombrar jueces se necesita que dos tercios de sus miembros voten las ternas para elevar al Poder Ejecutivo. Con la actual conformación de 13 consejeros, ocho oficialistas y cinco opositores, se necesita tener 9 votos para que eso sea posible.
¿Cómo quiso hacer el kirchnerismo para conseguir el número mágico de ocho? Fue Gagliardi quien intentó sacar del medio a uno de los consejeros opositores, Ricardo Recondo, representante de los jueces, recusándolo. A él le endilgó la responsabilidad de haber nombrado a un ex juez, Raúl Tettamanti como subrogante en el juzgado de la discordia, para que lo atienda hasta que se cubra la vacante por concurso.
Esa pretensión tensó la cuerda porque los consejeros de la oposición, dos de ellos radicales, sostuvieron que lo que se puede hacer es removerlos bajo ciertas reglas pero nunca recusarlos, porque ellos no son jueces y que ante una eventual remoción hay que darse tiempo para nombrar a un reemplazante, para no alterar nunca el número de 13 que manda la Ley. Si hubiese prosperado la jugada, con 12 consejeros, los dos tercios hubieran quedado exactamente en 8.
Pero sucedieron más cosas en la semana, como que por ejemplo la Corte Suprema avaló el nombramiento de Tettamanti. Entonces, para no sostener el desaguisado que le mandaron a hacer a Gagliardi, quien por oficialista extrema amenazaba en convertirse en otro Daniel Reposo y no pasar el filtro del Senado, ofrecieron retirarla; mientras que el ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que el Estado iba a recusar al subrogante, a quien acusó de ser funcional al Grupo Clarín.
En medio de todo esto, en un episodio que muchos emparentan con el anterior para canjear apoyos con los radicales, se intentó desconocer a Leandro Despouy como auditor General de la Nación, una dependencia que saca a la luz los trapos sucios al Gobierno y que manda sus conclusiones, que son no vinculantes, al Congreso.
Otro caso, la impactante confesión del testigo Alfonso Severo, dicho después de que el ministro Alak atara su desaparición al interés por evitar el 7 de diciembre: "¿Ley de Medios... qué es eso?", lo incineró.
Todos estos episodios de altísima gravedad institucional, tanto como lo es el motín de los uniformados, buscaron ser justificados en el interés del Grupo Clarín, que es para el Gobierno el culpable de todos los males y la gran bestia negra que falta eliminar para encarar los nuevos tiempos.
=
