La politización, la deuda del cooperativismo argentino

"La falencia del movimiento cooperativo en Argentina fue no haber logrado constituirse como una fuerza política, en el mejor sentido de la palabra, la no partidaria", dijo Juan Ricci. El coordinador General del Consejo Federal y Regionales del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) consideró que el cooperativismo no ha conseguido establecer una estrategia y un objetivo político hasta ahora, lo que representa un vacío estructural.

"Es ingenuo pensar que una cooperativa pequeña pueda subsistir frente a un mundo económico con hegemonía de capital, sin una estrategia política". "Lo que tenemos es una suma de cooperativas, una suma de mutuales y de emprendimientos relaciones. Pero no logramos constituir una argamasa debido a la carencia de la politización", enfatizó el funcionario.

La propiedad y el control democrático distinguen al asociativismo dentro de la economía: "debe esforzarse para servir a sus miembros eficiente y eficazmente". Nacen ante la falta de fuentes de trabajo, el cierre de una empresa controladas por el capital, en fin, es una opción de salida ante la crisis.

"Cuando se constituye una cooperativa, se cree que se está creando una herramienta sólo para dar solución a una necesidad territorial. Y no es así. Hay que ser consciente de que cuando se impulsa una organización se inserta a un emprendimiento, un proyecto nacional. Si no es así, no es sustentable", le afirmó a LA GACETA.

En su última visita a Tucumán (participó en una exposición regional) el ex presidente del Inaes remarcó que una cooperativa pierde su esencia y razón legal a partir del uso de su capital.

"La economía de capital es hegemónica y llega hasta el último rinconcito del mundo; tiene una racionalidad, una forma de pensar que tiene en el centro el mismo capital; su lógica es la ganancia, la especulación y el cálculo. La economía social, en cambio, es aquel emprendimiento de bienes y servicios, sea de producción o cultural, cuya centralidad es la condición humana, la necesidad del grupo, social y del país, y no el capital", manifestó.

"Cuando una cooperativa pierde el vínculo con la tierra, con la historia de las luchas nacionales y la territorialidad y empieza a priorizar el capital sobre todas las cosas, pierde el espíritu político y deja de ser una cooperativa para convertirse en una empresa. Es un riesgo que se corre siempre", insistió luego.

La resolución 3026 (ex 2038) contempla a las organizaciones bajo el programa nacional "Argentina Trabaja", nacido en agosto de 2009. Tucumán fue la primera provincia del interior que obtuvo el cupo de 250 agrupaciones: contuvo inicialmente a 15.000 personas en el Gran San Miguel de Tucumán. En agosto de este año se anunció una reestructuración en las asociaciones de trabajo: redujeron el número de integrantes y se incorporó un adicional de $ 500 al sueldo de $ 1.200, entre otras medidas.

Sin embargo, desde el primer momento las diferencias quedaron bien marcadas entre esta nueva estructura y el tradicional cooperativismo. En particular, el debate se plante sobre la gran dependencia del Gobierno nacional de las cooperativas de la resolución 3016, como se distinguen. "Nos interesa que las cooperativas, de algún modo, estén en condiciones de inventar una salida productiva o tecnología para alcanzar una autonomía. Hay que fomentarlas para que sea así; acompañar su desarrollo, crecimiento y su liberación, son el objetivo final del programa Argentina Trabaja", dijo Ricci.

En el país funcionan 23.000 cooperativas, de estas, 12.000 corresponden al programa de trabajo: casi el 50%. El resto, pertenece a la estructura histórica.