Por Marcelo Batiz
22 Julio 2012
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BUENOS AIRES.- El congelamiento de los subsidios a los colectivos dispuesto por el Gobierno confirma algo que, si se prescinde por un momento del afectado lenguaje de las consultoras, se puede decir sin vueltas: se acabó la plata. Y más allá de los discursos y las cadenas nacionales, desde la Casa Rosada se viene actuando silenciosamente en la aplicación de un ajuste que tiene muy poco de sintonía fina.
El 24 de enero, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informaba en conferencia de prensa el superávit primario del sector público nacional, que en 2011 -aseguraba- había sido de $ 4.919,7 millones. La verdad llegó meses después, cuando la Secretaría de Hacienda -sin conferencia ni gacetilla, por supuesto- dio a conocer que el resultado primario en realidad había sido negativo en $ 1.637,7 millones. Una diferencia de 6.557,4 millones que nadie explicó pero que, sin embargo, no es lo más preocupante de la cuestión. El año pasado, el déficit financiero -que incluye el pago de servicios de la deuda- fue de nada menos que $ 40.969,7 millones. Pero esa cifra no está exenta de maquillajes, ya que para llegar a ella hubo que computar casi $ 22.000 millones de "rentas de la propiedad", es decir, utilidades aportadas por el Banco Central y el sistema previsional. Sin considerar esos ingresos, el rojo hubiera sido de 62.720,9 millones.
Con esos números comenzó 2012, con la temible perspectiva de no contar con divisas para el pago de la deuda pública, preocupación principal del Gobierno a juzgar por las constantes referencias de la presidenta Cristina Fernández y la cuenta regresiva por Twitter a lo que parece se redujo la agenda del ministro de Economía. En pos de ese objetivo se restringieron las importaciones aun a riesgo de conflictos diplomáticos (literalmente) con medio mundo. En los primeros cinco meses, las compras de bienes del exterior se redujeron un 4%, contra un incremento del 38% en el mismo período del año pasado. La diferencia entre crecer y no crecer fue de U$S 11.504 millones. También se recortaron reintegros y devoluciones del IVA hasta en un 60% en el primer semestre. En este caso, los $ 2.340 millones de diferencia no son un ahorro sino una vulgar bicicleta para postergar los pagos. Las transferencias a provincias representaron en el primer semestre el 24,9% del total de los recursos tributarios, lo que representa un recorte de 1.225 millones en relación con los porcentajes de los últimos años. Asimismo, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central para poder usar más reservas y se redujeron en términos reales los aumentos a los empleados públicos, nominalmente por debajo de la inflación real.
Un capítulo aparte merecen los subsidios a sectores económicos, trampa en la que el Gobierno ingresó sin que nadie se lo pidiera y de la que hoy es imposible salir sin un impacto inflacionario difícil de mensurar. Randazzo puede dar fe de ello y, en el cortísimo plazo, también darán fe (Mauricio) Macri y (Daniel) Scioli.
Después de haberse incrementado un 47% en 2010 y un 50% en 2011, el primer cuatrimestre de 2012 muestra un alza interanual de apenas el 22%, que la masacre del 22 de febrero en el Ferrocarril Sarmiento evitó que fuera menor. Por no tener un aumento porcentual similar al del año pasado, el Estado se ahorró (mejor dicho, dejó de gastar) $ 4.136 millones. Y de cara a fin de año, el congelamiento de los subsidios al autotransporte representará un ahorro de cerca de $ 10.000 millones.
Los recortes parecerán abultados, pero los resultados indican que no fueron suficientes. El primer cuatrimestre cerró con un déficit financiero de $ 4.740 millones si se excluyen las rentas de la propiedad.
Ya quedó dicho que este ajuste requiere del silencio de sus hacedores y si hay algo que estos jamás dirán es que la recesión es la única carta que les queda. Puede resultar extraño y hasta contraproducente, pero los números de 2009 lo demuestran. La recesión no admitida de ese año hizo posible que los subsidios económicos aumentaran solamente un 6%. Es el destino de un país que perdió su autoabastecimiento energético y se enfrenta permanentemente al cuello de botella de tener que importar gas y fueloil si quiere crecer. La contracara de esa realidad es la que transforma a la recesión en una meta deseable para este "modelo" cortoplacista: a menor actividad, menos gastos en subsidios.
La importancia de ese dato radica en que el peso de los subsidios es determinante en el desequilibrio de las cuentas públicas, al punto que en los últimos cuatro años siempre fueron superiores al déficit financiero a cara limpia.
Como dijo Scalabrini Ortiz, para entender economía solo hace falta saber sumar y restar: en 2009 el déficit sin rentas de la propiedad fue de $ 25.542,4 millones y los subsidios de $ 31.313,3 millones. En 2010 fueron respectivamente de 32.940,5 millones y 48.038,7 millones. Y los 62.720,9 millones ya señalados de 2011 fueron inferiores a los 74.497,1 millones de los subsidios otorgados a empresas.
La relación se mantiene en lo que va de 2012, en el que los 4.740,4 millones de déficit real son la cuarta parte de los 18.151 millones de subsidios. La conclusión es obvia: sin subsidios habría superávit y el Estado nacional tendría en sus arcas $ 46.000 millones adicionales. Pero como el pasado no se puede modificar, queda por atenuar el impacto de ese gasto en lo que resta del año. Y en eso está el Gobierno: los subsidios a la importación de combustibles aumentaron solo el 11,5% en lo que va de 2012, mucho menos que el 80,2% de 2011.
La traducción a la vida cotidiana será una mayor disponibilidad de dólares para el pago de la deuda, pero a costa de una menor actividad económica. Son entonces U$S 11.504 millones, más $ 2.340 millones, más 1.225, más 4.136, más 10.000, menos 46.000... La sintonía de las viejas radios a galena era más fina que la de ciertos ejecutores de manotazos de ahogado de ahora.
El 24 de enero, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informaba en conferencia de prensa el superávit primario del sector público nacional, que en 2011 -aseguraba- había sido de $ 4.919,7 millones. La verdad llegó meses después, cuando la Secretaría de Hacienda -sin conferencia ni gacetilla, por supuesto- dio a conocer que el resultado primario en realidad había sido negativo en $ 1.637,7 millones. Una diferencia de 6.557,4 millones que nadie explicó pero que, sin embargo, no es lo más preocupante de la cuestión. El año pasado, el déficit financiero -que incluye el pago de servicios de la deuda- fue de nada menos que $ 40.969,7 millones. Pero esa cifra no está exenta de maquillajes, ya que para llegar a ella hubo que computar casi $ 22.000 millones de "rentas de la propiedad", es decir, utilidades aportadas por el Banco Central y el sistema previsional. Sin considerar esos ingresos, el rojo hubiera sido de 62.720,9 millones.
Con esos números comenzó 2012, con la temible perspectiva de no contar con divisas para el pago de la deuda pública, preocupación principal del Gobierno a juzgar por las constantes referencias de la presidenta Cristina Fernández y la cuenta regresiva por Twitter a lo que parece se redujo la agenda del ministro de Economía. En pos de ese objetivo se restringieron las importaciones aun a riesgo de conflictos diplomáticos (literalmente) con medio mundo. En los primeros cinco meses, las compras de bienes del exterior se redujeron un 4%, contra un incremento del 38% en el mismo período del año pasado. La diferencia entre crecer y no crecer fue de U$S 11.504 millones. También se recortaron reintegros y devoluciones del IVA hasta en un 60% en el primer semestre. En este caso, los $ 2.340 millones de diferencia no son un ahorro sino una vulgar bicicleta para postergar los pagos. Las transferencias a provincias representaron en el primer semestre el 24,9% del total de los recursos tributarios, lo que representa un recorte de 1.225 millones en relación con los porcentajes de los últimos años. Asimismo, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central para poder usar más reservas y se redujeron en términos reales los aumentos a los empleados públicos, nominalmente por debajo de la inflación real.
Un capítulo aparte merecen los subsidios a sectores económicos, trampa en la que el Gobierno ingresó sin que nadie se lo pidiera y de la que hoy es imposible salir sin un impacto inflacionario difícil de mensurar. Randazzo puede dar fe de ello y, en el cortísimo plazo, también darán fe (Mauricio) Macri y (Daniel) Scioli.
Después de haberse incrementado un 47% en 2010 y un 50% en 2011, el primer cuatrimestre de 2012 muestra un alza interanual de apenas el 22%, que la masacre del 22 de febrero en el Ferrocarril Sarmiento evitó que fuera menor. Por no tener un aumento porcentual similar al del año pasado, el Estado se ahorró (mejor dicho, dejó de gastar) $ 4.136 millones. Y de cara a fin de año, el congelamiento de los subsidios al autotransporte representará un ahorro de cerca de $ 10.000 millones.
Los recortes parecerán abultados, pero los resultados indican que no fueron suficientes. El primer cuatrimestre cerró con un déficit financiero de $ 4.740 millones si se excluyen las rentas de la propiedad.
Ya quedó dicho que este ajuste requiere del silencio de sus hacedores y si hay algo que estos jamás dirán es que la recesión es la única carta que les queda. Puede resultar extraño y hasta contraproducente, pero los números de 2009 lo demuestran. La recesión no admitida de ese año hizo posible que los subsidios económicos aumentaran solamente un 6%. Es el destino de un país que perdió su autoabastecimiento energético y se enfrenta permanentemente al cuello de botella de tener que importar gas y fueloil si quiere crecer. La contracara de esa realidad es la que transforma a la recesión en una meta deseable para este "modelo" cortoplacista: a menor actividad, menos gastos en subsidios.
La importancia de ese dato radica en que el peso de los subsidios es determinante en el desequilibrio de las cuentas públicas, al punto que en los últimos cuatro años siempre fueron superiores al déficit financiero a cara limpia.
Como dijo Scalabrini Ortiz, para entender economía solo hace falta saber sumar y restar: en 2009 el déficit sin rentas de la propiedad fue de $ 25.542,4 millones y los subsidios de $ 31.313,3 millones. En 2010 fueron respectivamente de 32.940,5 millones y 48.038,7 millones. Y los 62.720,9 millones ya señalados de 2011 fueron inferiores a los 74.497,1 millones de los subsidios otorgados a empresas.
La relación se mantiene en lo que va de 2012, en el que los 4.740,4 millones de déficit real son la cuarta parte de los 18.151 millones de subsidios. La conclusión es obvia: sin subsidios habría superávit y el Estado nacional tendría en sus arcas $ 46.000 millones adicionales. Pero como el pasado no se puede modificar, queda por atenuar el impacto de ese gasto en lo que resta del año. Y en eso está el Gobierno: los subsidios a la importación de combustibles aumentaron solo el 11,5% en lo que va de 2012, mucho menos que el 80,2% de 2011.
La traducción a la vida cotidiana será una mayor disponibilidad de dólares para el pago de la deuda, pero a costa de una menor actividad económica. Son entonces U$S 11.504 millones, más $ 2.340 millones, más 1.225, más 4.136, más 10.000, menos 46.000... La sintonía de las viejas radios a galena era más fina que la de ciertos ejecutores de manotazos de ahogado de ahora.
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