29 Agosto 2003 Seguir en 
En los últimos meses, la Dirección General de Rentas perfeccionó el sistema informático para el control y seguimiento de las causas iniciadas contra los contribuyentes que, pese a las intimaciones, no regularizaron su situación. Esa tarea, según el titular del organismo, Emilio de Lisi, permitirá un rápido recupero de la deuda histórica que los tucumanos empadronados mantienen con el fisco. "No se trata de un endurecimiento de la política de Rentas, sino de dejar ordenado el sistema para la próxima gestión", puntualizó De Lisi.
Un informe interno, al que accedió LA GACETA, indica que, hasta el 31 de diciembre pasado, la Dirección de Rentas inició 7.000 demandas contra los deudores, en su mayoría grandes contribuyentes, ante los Juzgados de Cobro y Apremios. Esas acciones fueron iniciadas en los últimos cinco años y la deuda reclamada asciende a los $ 83 millones, según los cálculos oficiales. Otras 2.000 causas fueron activadas en lo que va del año por casi $ 12 millones.
Riesgos compartidos
La informatización del organismo (sistema intranet) permitió la determinación de la deuda global (unos $ 95 millones), el estado de las causas y la clasificación, por franja, de los contribuyentes morosos. Sin embargo, esa cifra está lejos de los $ 400 millones que, según el Ministerio de Economía, sería el crédito histórico por los incumplimientos en el pago de los impuestos provinciales.
Muchos prefirieron evitar las acciones legales y acogerse al bloqueo fiscal, mediante el cual prescriben las deudas anteriores a diciembre de 1999 si el contribuyente mantiene una conducta regular de pago de los impuestos hacia el futuro. Según el director de Rentas, unos 5.000 pequeños y medianos deudores se acogieron al bloqueo fiscal desde 2000, cuando se instrumentó el plan. "Así evitaron las ejecuciones fiscales y se reinsertaron al sistema", indicó De Lisi.
De acuerdo con las proyecciones efectuadas por los técnicos del organismo recaudador, del total de juicios sólo se recuperaría el 30% de la deuda reclamada (unos $ 28,5 millones).
Esa previsión surge porque muchas de las empresas demandadas se declararon insolventes o, directamente, se disolvieron las sociedades. También por la posibilidad de que los deudores accionen contra el Estado, aduciendo el pago de los tributos y que estos no fueron registrados por el sistema administrativo del organismo recaudador.
Tiempos de resolución
El cobro ejecutivo de una deuda por parte del Estado puede demandar entre cuatro meses y un año, dijeron fuentes judiciales. El tiempo de resolución de las causas depende, fundamentalmente, de la oposición que planteen las partes. Pese a que la ley establece que el reclamo judicial no puede ser inferior a $ 142, por la relación costo-beneficio, Rentas inicia demandas por montos superiores a $ 1.200.
Un informe interno, al que accedió LA GACETA, indica que, hasta el 31 de diciembre pasado, la Dirección de Rentas inició 7.000 demandas contra los deudores, en su mayoría grandes contribuyentes, ante los Juzgados de Cobro y Apremios. Esas acciones fueron iniciadas en los últimos cinco años y la deuda reclamada asciende a los $ 83 millones, según los cálculos oficiales. Otras 2.000 causas fueron activadas en lo que va del año por casi $ 12 millones.
Riesgos compartidos
La informatización del organismo (sistema intranet) permitió la determinación de la deuda global (unos $ 95 millones), el estado de las causas y la clasificación, por franja, de los contribuyentes morosos. Sin embargo, esa cifra está lejos de los $ 400 millones que, según el Ministerio de Economía, sería el crédito histórico por los incumplimientos en el pago de los impuestos provinciales.
Muchos prefirieron evitar las acciones legales y acogerse al bloqueo fiscal, mediante el cual prescriben las deudas anteriores a diciembre de 1999 si el contribuyente mantiene una conducta regular de pago de los impuestos hacia el futuro. Según el director de Rentas, unos 5.000 pequeños y medianos deudores se acogieron al bloqueo fiscal desde 2000, cuando se instrumentó el plan. "Así evitaron las ejecuciones fiscales y se reinsertaron al sistema", indicó De Lisi.
De acuerdo con las proyecciones efectuadas por los técnicos del organismo recaudador, del total de juicios sólo se recuperaría el 30% de la deuda reclamada (unos $ 28,5 millones).
Esa previsión surge porque muchas de las empresas demandadas se declararon insolventes o, directamente, se disolvieron las sociedades. También por la posibilidad de que los deudores accionen contra el Estado, aduciendo el pago de los tributos y que estos no fueron registrados por el sistema administrativo del organismo recaudador.
Tiempos de resolución
El cobro ejecutivo de una deuda por parte del Estado puede demandar entre cuatro meses y un año, dijeron fuentes judiciales. El tiempo de resolución de las causas depende, fundamentalmente, de la oposición que planteen las partes. Pese a que la ley establece que el reclamo judicial no puede ser inferior a $ 142, por la relación costo-beneficio, Rentas inicia demandas por montos superiores a $ 1.200.







