La transición institucional venía desarrollándose sin mayores contratiempos. Dentro de exactamente dos meses, Julio Miranda tendrá que entregarle a José Alperovich los atributos de gobernador. Pero, además de la banda y el bastón, el mandatario electo recibirá una mochila de problemas. Y si no la vacía con premura, se convertirá en una pesada carga para la futura gestión.
El secretario general de la Gobernación, Ronal Bradis Troncoso, se animó a decir aquello que los técnicos de Economía no quieren pronunciar. El "no" oficial y rotundo, avalado hasta por Miranda, al planteo sindical de aumento en los salarios cayó pesadamente en el ánimo de los empleados públicos. Tal vez esa negativa genere efectos no deseados por el oficialismo en el resultado electoral del 26 de octubre.
"No podemos terminar la gestión, metiéndonos en problemas con la Nación", dijo un encumbrado funcionario del Poder Ejecutivo en una improvisada reunión del minigabinete. Se teme que el Palacio de Hacienda de la Nación suspenda los aportes que efectúa a Tucumán por el Plan de Financiamiento Ordenado que, en definitiva, no incidirá en la actual gestión, sino que complicaría el inicio de la administración de Alperovich. Como antecedente, hace dos meses hubo una queja por parte de los técnicos nacionales por la decisión de la Provincia de otorgar una ayuda social a los trabajadores. En aquel momento, el Gobierno sorteó el posible incumplimiento al pacto fiscal, aduciendo que el incremento de los ingresos daba margen para efectuar la erogación extra.
La suerte política del gobernador saliente está atada a la del entrante y así quedó reflejado en distintas reuniones en la Casa Rosada de las que participó el mismo presidente Néstor Kirchner.
Más aún, Miranda bajó sus pretensiones de obtener una ayuda extra de la Rosada. Sabe que el grifo de recursos está cerrado para todas las provincias mientras la Nación no llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El próximo martes, el gobernador renovará el pedido, pero no serán $ 20 millones, sino la mitad como una previsión financiera ante eventuales juicios de los acreedores.
La conducta de los intendentes
Mientras el Poder Ejecutivo disimula sus errores y sus malos cálculos políticos, en los municipios surgen decisiones que afectan los pactos firmados por los intendentes. El Pacto de Saneamiento y la Paz Social, con el que el Gobierno contribuye al pago de los sueldos en el interior y en la capital, establece claramente que las Municipalidades no podrán incrementar, bajo ningún concepto el gasto en personal.
En el Ministerio de Economía están convencidos de que el intendente de Aguilares Sergio Mansilla incumplió las metas, pese a que este no firmó, a principios de mes, el último convenio de asistencia financiera. Aguilares recibirá sólo los fondos que le corresponden por coparticipación y no habrá ayuda extra para financiar el gasto adicional por la recategorización de casi el 70% del personal municipal.
Ese caso testigo puso en alerta a los funcionarios de la actual gestión y a los técnicos de la futura administración. Por eso se prevé que, en los próximos días, los controles se extenderán hacia el resto de los municipios del interior.
La intendencia capitalina no escapará de ese efecto en cadena respecto de las auditorías. Esta semana, el ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, fue alertado por sus colaboradores de que, pese a que se dejaron sin efecto los contratos de personal transitorio en la comuna, algunos habrían sido reflotados en los últimos días.
Las inesperadas complicaciones en el poder marcarán, a fuego, el ritmo electoral que se avecina, pese a que la oposición política no ha logrado unir sus fuerzas para vencer al oficialismo.
