Procedimientos bajo sospecha

La semana pasada dimos amplia información sobre un operativo de Tránsito de la Municipalidad, y de los incidentes -que incluyeron denuncia policial- que rodearon el secuestro de una motocicleta supuestamente estacionada en infracción. En nuestra edición de ayer, la carta de un lector denuncia concretamente un caso de cohecho del que dice haber sido testigo en el transcurso de un procedimiento similar. Afirma haber visto que el infractor, cuyo vehículo mal estacionado había sido inmovilizado con trabarruedas, "solucionaba" el problema mediante un soborno. No es la primera vez que temas como estos llegan a la atención pública. Es conocido que la inmensa mayoría de los conductores sostiene en sus conversaciones, y como algo común y aceptado, el hecho de que la inobservancia de las disposiciones de tránsito solamente recibe sanción en la letra de las ordenanzas, ya que, en la realidad, basta una dádiva para que el agente municipal dé por concluido el problema.
Evidentemente, no podemos aceptar la existencia de semejante estado de cosas, que indicaría una alarmante vigencia de la corrupción como algo establecido e impune. Pero tampoco es posible ignorar que, si existe una voz de la calle que con tanta insistencia asegura lo que decimos, resulta urgente demostrar a la comunidad, con hechos, que no es así.
Agreguemos que la realidad del tránsito en nuestra ciudad capital constituiría un argumento a favor de la corrupción. En efecto, la existencia de infracciones tan numerosas como frecuentes, a todas las horas de la jornada y en todos los puntos de la ciudad, pareciera indicar una de dos cosas: o que el control de esas infracciones no existe (lo que sería una grave falla), o que, cuando las faltas se detectan, se "arreglan" fácilmente con el inspector (lo que sería igualmente grave y por cierto revelador de una inquietante falta de probidad en los agentes del Estado).
Sea como fuere, no puede negarse como algo evidente la urgencia de que, en este orden de cosas, se opere un cambio sustancial y sin pérdida de tiempo. Es indiscutible que en una ciudad que aspire a desarrollar su vida en un clima de convivencia y de sujeción a la ley, no puede haber lugar, no digamos para la corrupción, sino ni tan siquiera para la sospecha de su existencia. Por el contrario, en el espíritu del público debe quedar claro que las ordenanzas municipales rigen, y que su falta de acatamiento ha de recibir, indefectiblemente, las sanciones legales que correspondan.
Parece razonable pensar que esta situación ideal podría empezarse a lograr instaurando prácticas y métodos distintos de los habituales. Pensamos, por ejemplo, que debiera existir una instrucción terminante, para todo inspector municipal, de levantar el acta de infracción ni bien esta sea detectada, en todos los casos y sin diálogo alguno con el infractor. Este, si considera que el procedimiento ha sido equivocado, deberá plantearlo al Tribunal de Faltas. Parece obvio decir que, si se procediera de ese modo, se restaría de modo apreciable ese margen para el soborno que deriva de la especie de discusión que, indefectiblemente, se desarrolla entre el inspector y el protagonista de la falta.
Por otro lado, la colaboración de la Policía resulta imprescindible en muchos operativos, por ejemplo en los de secuestro de motocicletas. Si se contara con ella, se evitarían los incidentes habituales en este tipo de procedimientos, cuyas derivaciones mentamos al comienzo de este comentario.
Está de más decir que el público debiera colaborar con la acción municipal de ordenamiento del tránsito, en lugar de perturbarla con la tan frecuente, como equivocada, defensa del infractor, actitud que genera incómodas y hasta violentas instancias en la vía pública. Debe tomar conciencia el tucumano -autoridades y ciudadanos- de que las normas ordenadoras de su ciudad deben ser respetadas.