Lo que expresan las urnas

Los recientes comicios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Salta -en esta última para habilitar en la Constitución provincial la nueva reelección del gobernador- han evidenciado nuevamente la crisis de la opción tradicional peronismo o radicalismo, a la vez que el creciente esfuerzo de la ciudadanía para escapar al viejo sistema político. En el distrito federal, donde habrá segunda vuelta el 14 de setiembre, el justicialismo concurrió dividido y confrontando en las dos primeras coaliciones, ninguna de las cuales tuvo un candidato de sus filas para intendente. Por su parte, la UCR no alcanzó el dos por ciento de los sufragios. En Catamarca, el frente ganador tuvo por rival al PJ y contó para su victoria con el notorio apoyo del presidente Néstor Kirchner. Dos alianzas compitieron en Salta y ambas contaron con los colores peronistas. Ese fenómeno se repetirá en otros distritos como el de Misiones, donde la confrontación entre kirchneristas y duhaldistas es tan notoria como el statu quo que ambos sectores mantienen en la provincia de Buenos Aires, otra jurisdicción donde también hay tres competidores justicialistas por la gobernación.
Por su lado, el presidente Kirchner y buena parte de sus colaboradores participan activamente en las campañas de algunos de esos sectores, e inclusive no reparan en mezclar sus promociones con declaraciones y en actos relacionados con la gestión oficial. Esa situación es consecuente, por lo demás, con el irregular proceso de transmisión del poder, mediante elecciones sucesivas y coincidentes con la actividad inicial de la nueva administración, compelida a fortalecer el poder presidencial ante su limitado respaldo en las urnas. Con tan problemático contexto político, el Gobierno debe atender y dar solución a problemas sociales y económicos urgidos por su gravedad y dimensión, y fuertemente condicionados por el endeudamiento externo y la desconfianza con que es observada la inseguridad jurídica del país. Más allá del estado de confrontación que atraviesan los grandes partidos tradicionales y el fraccionamiento con que concurren a las urnas bajo el estímulo de sus propios líderes, las elecciones que siguieron a la crisis han demostrado un alto grado de madurez democrática por parte de la sociedad. Ello se advierte en el insignificante porcentaje expresado en las urnas por los extremos marginales del sistema.
Pero esa evidencia no debería confundir a las perdurables dirigencias de los partidos en crisis al valorar la situación de nuestro régimen representativo. El orden de prioridades que está planteado en el país desde la restauración democrática y que en los recientes años ha condicionado inexorablemente el destino de la República, tiene en la reforma del régimen político su punto de partida. Y es así porque de la calidad de la representación ciudadana en el ejercicio del poder depende la fortaleza y la eficiencia del sistema. Si ello no se logra y la sociedad se siente frustrada porque la democracia no le reporta beneficios y, además, genera inseguridad y pobreza, el autoritarismo podrá abrirse camino fácilmente hacia el poder como la historia demuestra hasta el hartazgo. La reforma política no debe ser, pues, un proyecto postergable para mejores tiempos, sino el único programa para que los mismos sean posibles. De poco o nada sirven las promesas de poner fin a lo peor del pasado, si los ejecutores de ese compromiso se manejan con las reglas de juego reprobadas o hasta han sido protagonistas en las más graves instancias de la crisis. La defensa de los viejos fortines políticos se está haciendo de nuevo evidente con la ausencia generalizada de actitudes para acabar con el vetusto régimen representativo.