Diez datos sobre comprar seguridad

Primero resonaron las críticas por la falta de policías en las calles y hubo reclamo de la oposición en la Legislatura para que se cite a declarar al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. No se le dio curso pero casi en el acto el jefe del departamento Personal en la Policía (D1) pidió a la fuerza el rol de combate, es decir, informes sobre dónde está y qué tarea cumple cada agente.

Operaciones Policiales (D3), sección que tiene a su cargo el servicio adicional, recibió el informe de que tres policías no estaban su lugar de labores: uno de ellos denunció que los jefes de la Patrulla Urbana lo enviaron a hacer adicionales en horas de trabajo.

La misma acusación se hizo el año pasado contra los jefes de entonces de la Patrulla Urbana en la Fiscalía X. La causa está desvanecida.

Infantería fue una de las secciones que -dicen las fuentes- aportó más agentes para tareas de vigilancia privada, tanto dentro de las disposiciones de la Oficina de Servicio Adicional como de los trabajos contratados por los mismos comisarios. Otras áreas de gran carga de personal, como la Patrulla Urbana y cabeceras de regionales, también administran estas tareas.

Toda la denuncia alude -hay que aclararlo- a un supuesto fraude, que es que el agente es obligado a (o convencido de) hacer vigilancia en un comercio o una oficina pública mientras, teóricamente, debería estar cumpliendo sus tareas en su repartición.

Revisar estas irregularidades no le compete a la oficina de Servicio Adicional, excepto en los servicios que ella misma contrata. Consecuentemente, es muy difícil saber si en cualquier repartición policial se está violando la norma, sobre todo porque este trabajo paralelo deja dividendos que se reparten en el acto entre el que lo consigue y el que lo realiza. Se dice que hay bancos que pagan por la hora 38 pesos, mucho más que los $ 25 que mencionó el jefe de Policía, pero mucho menos que los $ 50 que cobran las agencias de seguridad privada. ¿Por qué la diferencia? Porque los efectivos policiales tienen "estado policial", que ya les cubre seguro y seguridad social, costos que no se trasladan a bancos, supermercados o quioscos que los contratan. El Estado incurre en competencia desleal con los privados, y eso está aceptado por autoridades, empresarios y la misma sociedad, que no ve mal que haya cuatro agentes en un súper, u ocho en la Caja Popular (aunque estén oficiando como empleados administrativos). El problema es que ahora existe la sospecha de que en vez de estar en las calles previendo atracos están cumpliendo tareas para empresarios o para oficinas públicas que les pagan aparte por ello.

Una salida laboral como esta, que puede significar para los policías hasta duplicar su sueldo y que en no pocas ocasiones les sirve para hacerse unos pesos rápidos sin tener que esperar a fin de mes, está vista en muchos casos como la principal fuente de ingresos. Ellos dicen que igual cubren la seguridad de los ciudadanos. Además, lo consideran derecho adquirido. Apenas entran a la fuerza los hacen trabajar en servicio adicional.

Con estas premisas, será casi imposible romper un círculo vicioso tan fuerte, a menos que se reconsidere la política de seguridad. Y eso no lo hará la Policía.

Hacerlo implicaría advertir cuánto ha irrumpido la inseguridad en la vida cotidiana. No sólo ocurren hechos violentos en cualquier parte, sino que cada vez hay más homicidios en ocasión de robo.

Objetivamente, privatizar la vigilancia significa que el que cuida se preocupa por los intereses del que lo contrata y, aunque no quiera, necesariamente descuida o no protege a quienes no pueden pagar por su propia protección.