Desgraciadas políticas sin rostro

Marianella tiene 19 años. Comenzó a estudiar Ciencias de la Comunicación gracias al esfuerzo extraordinario de sus padres (vendedores ambulantes) para costearle los gastos mínimos de movilidad y apuntes. El año pasado sudó para aprobar tres materias. Su formación media (estudió en la Comercio N°3) le complicó la compresión de texto y la habilidad para estudiar en un nivel avanzado. Pese a todo, logró el objetivo de estampar dos 4 y un 5 en su libreta de calificaciones. Su preocupación en "meter" tres asignaturas iba más allá de lo académico; era más bien una cuestión económica: para acceder a las becas universitarias, necesita cumplir con ese requisito. Este es un buen incentivo del Gobierno para que los jóvenes no abandonen sus estudios. El problema es que ella aún no vio un peso este año y se le hace cada vez más difícil llegar a la "facu". Nadie sabe explicarle el motivo del retraso del Gobierno en concretar los pagos. Quizás es una víctima del enflaquecimiento de las arcas públicas, que pone coto o demora los beneficios sociales. O es uno de los miles de tucumanos que dependen de los fríos números que maneja el poder, que acomoda partidas y corre fichas como en el ludo: según el número que muestre el azar de los dados algunos ganan y otros pierden.

Mauricio trabaja hace dos años en la Legislatura. Es empleado de bloque -contratado- de un parlamentario local, con un cargo político. El joven de 25 años ruega que su jefe continúe en el cargo in eternum. Sabe que si "su" legislador no tiene chance de ser reelecto, él tampoco tiene oportunidad de mantener su empleo. Esa es la cara que para el trabajador del Poder Legislativo tiene el intríngulis político que gira alrededor de una posible reforma de la Constitución. Lejos está del interés de unos cuantos por mantener sus privilegios. Mauricio pretende, solamente, conservar el único trabajo que logró hallar.

Gabriela tiene cuatro hijas, tres de ellas en edad escolar. El abono del colectivo le cuesta -mensualmente- $ 94,50 (dos van a la secundaria y una a la primaria), más los $160 que gasta ella mensualmente en acompañar a sus niñas más chicas -de 3 años, que va a un maternal, y de 9 años- a los establecimientos públicos a los que asisten todos los días. Es una cifra importante para una peluquera a domicilio a la que le faltan las horas del día para atender la cantidad necesaria de clientas que le garanticen una vida digna. Ellas poco saben sobre cuánto necesitan los empresarios del transporte para garantizar un buen servicio o de qué incide en los concejales para que decidan decir sí o no a un incremento del boleto. Lo que sí tienen en claro es que el zapato les apretará aún un poco más después de que la suba se concrete.

Las de Marianella, Mauricio y Gabriela son historias reales y con las que miles de tucumanos se ven reflejados. Son, además, apenas algunos ejemplos de cómo impactan en ciudadanos comunes, de carne y hueso, las decisiones de los que manejan el poder. ¿Pensarán los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, los jueces cómo afecta lo que deciden a los ciudadanos? ¿Se darán cuenta que más allá del juego político, de las "chicanas" y de la lucha por el poder hay historias mínimas de Marianellas, Mauricios y Gabrielas que reciben de lleno en sus realidades el impacto de lo que ejecutan? Si les pusieran nombre y apellido a sus diálogos de "poderosos" quizás la política estaría más al servicio del pueblo que de los intereses de elites privilegiadas que entre vinos caros, corbatas de seda, viajes cómodos o despachos elegantes corren números y deciden políticas sin saber que hay Marianellas, Mauricios y Gabrielas que esperan caricias y no cachetadas de ¿sus? dirigentes.