La estatización de YPF y el manejo de la empresa

Con el decreto 660 del Poder Ejecutivo quedó promulgada la expropiación de la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). La compañía más grande de la argentina durante muchos años había sido privatizada en los 90 y formaba parte del conglomerado de la española Repsol. Ahora y luego de la sanción por el Congreso de la Nación del proyecto enviado por el Gobierno Nacional para estatizarla, la nueva YPF S.A. tendrá un 26,03 % de sus acciones en poder del Estado nacional, el 25,46 % en manos del grupo Petersen (conglomerado argentino de empresas al mando de Enrique Eskenazi), el 24,99 % manejada por las provincias petroleras y el 15 % restante son las acciones que se cotizan en bolsa. De este modo, el Estado pasará a controlar el 51 % de las acciones que estaban en poder de la española. Ha sido uno de los hechos políticos y de gobierno más trascendente de la actual administración. El amplio apoyo conseguido por la iniciativa oficial, en especial de importantes grupos de la oposición con representación en el Congreso, pero también del logrado entre las principales instituciones y sectores empresariales, políticos, sindicales y profesionales del país da cuenta de que el proyecto cuenta con un importante respaldo de la sociedad argentina. La presidenta Cristina Fernández, firmó el decreto de promulgación de la expropiación, designó al nuevo gerente general de la compañía y anunció que el 4 de junio se realizará la asamblea accionaria para nombrar los nuevos directores de la empresa durante un acto que se trasmitió por la red de radios y TV. En un mensaje a todo el país, señaló que la petrolera deberá funcionar a partir de ahora de manera "eficiente y profesional", porque no "puede volver a suceder" la situación ocurrida durante la década los 90, cuando "se fundía pero los contratistas se convertían en prósperas empresas".

Las palabras de la mandataria son oportunas para exponer el curioso péndulo en el que se desplazó la voluntad política del país. YPF, una empresa que fue el símbolo del desarrollo de la argentina desde que se descubrió petróleo en 1907, en Comodoro Rivadavia, pasó tras algunos años de liderazgo a transformarse en un dolor de cabeza para los sucesivos gobiernos por los problemas de gestión que enfrentaba. Fue hasta que el presidente Carlos Menem logró transferir la propiedad de la firma a sus nuevos dueños, luego de reformar sus estatutos, al calor del auge de las políticas privatizadoras que en esos años parecía mayoritarias. Una amplia discusión se instaló en la opinión pública: muchos respaldaban la idea de mantener una empresa pública en el manejo de la política hidrocarburífera al considerarse al petróleo como un recurso estratégico. Pero el traspaso de YPF no resolvió el abastecimiento de combustible y de gas que en los años de su privatización ya eran críticos. La excepción fue período en el que José Estenssoro (1991-93) piloteó la compañía, cuando el capital público y privado estaban asociados, que recogió elogios y apoyos internacionales.

Mas tarde, los problemas se acentuaron porque el Gobierno no acertó en el control cuando tenía directores que representaban al Estado y la empresa no resolvió la situación de escasez de combustibles, en un mercado en el que tiene gran incidencia. Así llegamos al escenario en el que el Gobierno modificó drásticamente su posición con Repsol-YPF y no dudó en tirar abajo los acuerdos comerciales con España y en acentuar los problemas de seguridad jurídica. El compromiso de no cometer viejos errores con las empresas estatales, cuando se parecían más a una caja política, debería manifestarse junto con la necesidad de reconstruir los vínculos con un mundo al que la Argentina desdeñó con esta iniciativa alejada de la diplomacia y a la elaboración de una política seria de hidrocarburos. Otro tanto tendría que suceder con los responsables de controlar su funcionamiento: funcionarios como el ministro Julio De Vido que fueron parte de la crisis no tienen que estar involucrados en YPF. Pero si la estatización es sólo parte de un brote de nacionalismo irracional en el que suelen caer muchos políticos el caso habrá tenido la peor resolución. Y podría llegar a transformarse en otra de las arbitrariedades de las que el Gobierno hace gala.