Un avance que favorecerá a los consumidores

El anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y de Comercio, anunciado por el Gobierno, constituye un paso hacia la modernización de la arquitectura legal vigente en la Argentina. "Es una contribución para la Patria que seguramente va a mejorar la vida de los argentinos", se entusiasmó el presidente la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El jurista participó del acto de anuncio de la propuesta, formalizado a fines de marzo por la presidenta Cristina Fernández. El anteproyecto está siendo analizado por una comisión de expertos, antes de ser girado al Congreso para su debate en ambas cámaras.

La iniciativa contempla celeridad en los trámites de adopción y de divorcio; habilita contratos antes y después de casarse referidos a bienes patrimoniales, prevé beneficios a integrantes de uniones de convivencia y abre la discusión sobre los embriones no utilizados en fertilización asistida, entre otras situaciones. Comprende contratos de consumo on y off line, contratos bancarios y de transporte, fideicomisos, propiedad horizontal, barrios cerrados y parques industriales, cementerios privados y la elección por las partes en un contrato de un tribunal internacional, entre otras tantas. Se regula en el mismo cuerpo legal tanto los contratos civiles como los comerciales. Un aspecto importante de la nueva obra es la incorporación de normas reguladoras del arbitraje y la cláusula compromisoria arbitral dentro de las sociedades comerciales. Bruno Torrano, director de la Diplomatura en Derechos del Consumidor de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y gerente del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Provincia de Buenos Aires, afirma que el proyecto representa "un avance inteligente en materia de derecho de consumo", al jerarquizar la especialidad y la trascendencia de la Ley 24.240. "El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Este punto de la interpretación es un pilar importantísimo a la hora de decidir una cuestión en conflicto entre proveedor y consumidor. Cuando haya zonas grises o situaciones no del todo claras, debe estarse siempre a la posición que implique mayor beneficio para el contratante débil", señala el abogado Nicolás Casas. En materia de contrato de transporte, la iniciativa establece un régimen análogo al vigente, con la salvedad de que lo asimila a una relación de consumo. En lo que hace a contratos bancarios, reitera obligaciones ya previstas en términos generales en otras normas (como la obligación de transparencia de las condiciones contractuales), pero aclara que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los acuerdos bancarios, con lo cual también disipa ciertas opiniones que aún sostenían lo contrario.