BUENOS AIRES.- Políticos de la oposición y representantes de la Iglesia encendieron una luz de alerta acerca de la propuesta de la presidenta Cristina Fernández de avanzar sobre la articulación de nuevas formas de intervención y participación del Estado. En este sentido afirmaron que con proceso de esa naturaleza se corre el riesgo de quedar atado al ánimo de la mandataria o derivar hacia un totalitarismo.
El diputado del Frente Peronista Francisco De Narváez juzgó como muy preocupante la idea lanzada en el multitudinario acto que la primera mandataria encabezó el viernes en el estadio de Vélez. "Me preocupa mucho si los inspiradores de estas reformas son el viceministro (Axel) Kicillof o (el secretario de Comercio, Guillermo) Moreno, que confunden el Estado con el Gobierno, porque ellos usan el gobierno para hacerse de un Estado que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir", atacó De Narváez.
Por su parte, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, aceptó que la intervención del Estado en la actividad económica es un derecho aunque advirtió que esas acciones pueden convertirse en totalitarismo. "La Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho del Estado a intervenir en la actividad económica cuando situaciones monopólicas ponen obstáculos al desarrollo o bien en circunstancias extraordinarias en las que al Estado le corresponde tener una función de suplencia precisamente en orden al bien común", destacó Aguer.
Sin embargo señaló que esa doctrina reconoce que estas intervenciones deben ser limitadas en su extensión y en su profundidad, para no cohibir la libertad de asociación y la libertad de actividad económica de los particulares, de las empresas o de los distintos grupos que integran la sociedad.
"Esta idea se ilumina por el principio de subsidiariedad, que sostiene que el Estado no debe intervenir cuando las organizaciones intermedias y las personas pueden realizar su cometido por su cuenta y cumplir con sus obligaciones en orden al bien común", expresó el religioso. Pero remarcó que el debe intervenir cuando si esto falla.
"En este caso se observa una cuestión clásica de evitar dos extremos: por un lado el extremo de una libertad absoluta, en que el Estado no tiene ningún papel o resulta absolutamente raquítico y no puede tutelar ya el bien común, y por otro lado, un Estado que se entromete cuando no corresponde, asfixiando la actividad de personas y organizaciones", sentenció. En tal sentido, señaló: "estamos entre un liberalismo absoluto y, lo que podríamos decir, un intervencionismo que ya es colectivismo o totalitarismo".
Las críticas contra la Presidenta luego de su discurso en Vélez, donde defendió la expropiación de YPF y dijo: "los que tenemos la responsabilidad institucional de conducir el Estado debemos idear nuevas formas de participación, nuevas formas de intervención del Estado, modernas, contemporáneas". (DyN)
El diputado del Frente Peronista Francisco De Narváez juzgó como muy preocupante la idea lanzada en el multitudinario acto que la primera mandataria encabezó el viernes en el estadio de Vélez. "Me preocupa mucho si los inspiradores de estas reformas son el viceministro (Axel) Kicillof o (el secretario de Comercio, Guillermo) Moreno, que confunden el Estado con el Gobierno, porque ellos usan el gobierno para hacerse de un Estado que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir", atacó De Narváez.
Por su parte, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, aceptó que la intervención del Estado en la actividad económica es un derecho aunque advirtió que esas acciones pueden convertirse en totalitarismo. "La Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho del Estado a intervenir en la actividad económica cuando situaciones monopólicas ponen obstáculos al desarrollo o bien en circunstancias extraordinarias en las que al Estado le corresponde tener una función de suplencia precisamente en orden al bien común", destacó Aguer.
Sin embargo señaló que esa doctrina reconoce que estas intervenciones deben ser limitadas en su extensión y en su profundidad, para no cohibir la libertad de asociación y la libertad de actividad económica de los particulares, de las empresas o de los distintos grupos que integran la sociedad.
"Esta idea se ilumina por el principio de subsidiariedad, que sostiene que el Estado no debe intervenir cuando las organizaciones intermedias y las personas pueden realizar su cometido por su cuenta y cumplir con sus obligaciones en orden al bien común", expresó el religioso. Pero remarcó que el debe intervenir cuando si esto falla.
"En este caso se observa una cuestión clásica de evitar dos extremos: por un lado el extremo de una libertad absoluta, en que el Estado no tiene ningún papel o resulta absolutamente raquítico y no puede tutelar ya el bien común, y por otro lado, un Estado que se entromete cuando no corresponde, asfixiando la actividad de personas y organizaciones", sentenció. En tal sentido, señaló: "estamos entre un liberalismo absoluto y, lo que podríamos decir, un intervencionismo que ya es colectivismo o totalitarismo".
Las críticas contra la Presidenta luego de su discurso en Vélez, donde defendió la expropiación de YPF y dijo: "los que tenemos la responsabilidad institucional de conducir el Estado debemos idear nuevas formas de participación, nuevas formas de intervención del Estado, modernas, contemporáneas". (DyN)
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