Todo el poder centralizado

BUENOS AIRES.- Gran parte de las instituciones de la Argentina volvieron a girar en las últimas semanas al compás de Cristina Kirchner, en la reafirmación de una suerte de hiperpresidencialismo. Fue a partir de la decisión de expropiar el 51 % de las acciones de Repsol en YPF, que recibió un contundente e irreprochable respaldo en el Senado y repetirá esquema en Diputados. Sin embargo, el regreso al centro del ring de la figura presidencial se conjugó con la inquietante sensación de dominio del Ejecutivo sobre la Justicia en la causa Ciccone y con un avance oficialista sobre el esquema de medios privados. Por definición, el hiperpresidencialismo se caracteriza por un desequilibrio de poderes, donde no hay contrapesos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y se vale de una debilidad de los partidos y los esquemas de control, en donde también los medios tienen su rol. Desde su inicio, hace nueve años, el kirchnerismo mantuvo la tendencia constante a la suma de poder. Sirvió para reconstruir la autoridad presidencial deteriorada tras la caída de Fernando de la Rúa, en un país donde la estabilidad institucional estaba en riesgo. Junto a medidas populares, utilizó la lógica de la caja y el rebenque para afianzar alineamientos, lo que generó una sensación de bonapartismo que subyace al funcionamiento republicano. Nunca menos.

Con YPF el Gobierno reconstruyó su base política de centroizquierda y reinstaló la idea de que no hay otra alternativa más que la propia Presidenta para conducir a un país que necesita de una figura fuerte. En el acto de Vélez toda la feligresía kirchnerista volvió a mostrarse encolumnada detrás de una sola persona. Pese a que la propia Cristina bajó las expectativas re-reeleccionistas en su discurso, lo cierto es que hay una ingeniería política que contempla la re-re. Esa discusión ya no girará sobre el parlamentarismo, esquema fogoneado desde hace varios años por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Para la mandataria ese sistema de gobierno no es válido en América Latina donde el poder requiere de un presidente con atribuciones plenas. En ese marco, el debate por la reforma constitucional se ceñirá a la reelección indefinida que impide la Carta Magna actualizada hace menos de 20 años, en 1994. Y puede surgir de genuinas intenciones de Cristina de seguir o de la necesidad de que su poder, sin reelección a la vista, no se debilite de antemano.

Con ese permiso tácito, cada vez hay más voces del oficialismo que dan aire a la tentación reformista, que ya habían lanzado La Cámpora y Amado Boudou hace meses. El diputado y apoderado del PJ, Jorge Landau, pidió no reprimir el análisis de esos cambios y mencionó la posibilidad de incluir en la Carta Magna medidas trascendentes de este gobierno como la asignación universal por hijo o que los recursos naturales estratégicos queden bajo control del Estado. En la oposición, dirigentes como Francisco de Narváez ven que la elección de 2013 será clave para frenar cualquier intento hacia la re-reelección, porque definirá si el oficialismo contará con los dos tercios en ambas cámaras requeridos para avanzar en las reformas. De Narváez piensa que el único obstáculo para el kirchnerismo es su ex rival Daniel Scioli y se permite especular con un armado del peronismo antikirchnerista detrás de la figura del gobernador bonaerense. Pero Scioli no piensa por ahora en romper con el kirchnerismo.

En tanto, una ofensiva sin maquillaje corrió al juez Daniel Rafecas de la investigación por el caso Ciccone y podría llevarse consigo al fiscal Carlos Rívolo. Los mensajes intercambiados por Rafecas -de una gravedad inocultable- con un abogado cercano al socio de Boudou fueron suficiente evidencia para su separación por parte de la Sala I de la Cámara Federal. Pese a que Rafecas dejó ver su simpatía con el Gobierno, el vicepresidente intuyó que no reprimiría la tarea del fiscal y propició su desplazamiento. La ofensiva conllevó un mensaje a toda la Justicia.