Rousseff sufrió una dura derrota con la aprobación del Código Forestal
Los productores rurales impusieron un proyecto de ley distinto al que defendía la Presidenta, que evalúa el veto. Los deforestadores gozarán de una amnistía y no estarán obligados a recuperar terrenos devastados. Clave apoyo a la norma de algunos aliados del Gobierno
27 Abril 2012 Seguir en 
BRASILIA.- El lobby de los productores rurales en la Cámara Baja de Brasil se impuso a la presión de la presidenta, Dilma Rousseff, al aprobarse un Código Forestal que, a juicio del Gobierno y de organizaciones ambientalistas, concede una amnistía a los responsables de tala ilegal de bosques y abre el camino a más deforestaciones al reducir el área que debe ser recuperada en los márgenes de los ríos.
La dura derrota de la mandataria se consumó, en gran parte, con el apoyo de los propios diputados aliados del Gobierno, lo que profundiza las tensiones internas. En Diputados hubo 274 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones, al polémico proyecto que cambia varios puntos del texto que había sido aprobado en diciembre por el Senado y que era apoyado oficialmente para recuperar unos 30 millones de hectáreas de bosques destruidos en los últimos años.
Los poderosos miembros de la llamada Bancada Ruralista (representan los intereses de los terratenientes en el Congreso) rechazaron también todas las propuestas de cambio en el texto que buscaban restablecer las sanciones para deforestadores, que antes habían sido retiradas por el autor del proyecto, el diputado oficialista Paulo Piau (del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal socio de la coalición que lidera el Partido de los Trabajadores).
Así, entre otras cosas, se mantiene la concesión de créditos oficiales para productores pese a que no asuman el compromiso de recuperar parte de las áreas deforestadas ilegalmente. Tampoco será obligatorio que los productores informen al Gobierno sobre el proceso de recuperación de bosques destruidos.
Para los ambientalistas, en la práctica el nuevo Código Forestal es tremendamente negativo. Según Greenpeace, el resultado de la votación significa "el inicio del fin de las forestas en Brasil". "Hemos asistido al secuestro del Congreso por los ruralistas. La Presidenta que tenía la más amplia base de apoyo parlamentario de la historia, fue derrotada por un grupo que se infiltró y contaminó la estructura democrática brasileña como un cáncer", afirmó el director de la campaña Amazonia de esa organización, Paulo Adario.
El diputado Alfredo Sirkis, del Partido Verde (PV), calificó a la norma de "retroceso espantoso en la política ambiental brasileña", y denunció que sólo atiende a los intereses "de los especuladores de tierras, que ganarán una fortuna cuando ya no haya necesidad de recuperar áreas de preservación permanente, lo que valorizará sus terrenos".
Cumbre mundial
Desde el punto de vista político, esta sanción representa un muy duro traspié para Rousseff, quien en menos de dos meses recibirá en Río de Janeiro a alrededor de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno que intervendrán en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20).
El líder del oficialismo en la Cámara Baja, Arlindo Chinaglia, había anticipado que, en caso de que fuese aprobado el proyecto de Piau, la mandataria recurriría a su poder de veto; lo mismo anticipó el ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas. Esta acción le fue pedida también por el presidente del Instituto Socioambiental (ISA), Raúl Telles. "El absurdo fue victorioso en Diputados. Si Dilma no lo hace, lo mejor sería cancelar a la Río+20, porque Brasil se convertiría en el anfitrión más sucio de ese tipo de conferencias", aseveró.
Sin embargo, esa alternativa implicaría un desgaste en las relaciones con los aliados y conlleva el riesgo de que los diputados insistan con la nueva ley. (DPA-AFP)
La dura derrota de la mandataria se consumó, en gran parte, con el apoyo de los propios diputados aliados del Gobierno, lo que profundiza las tensiones internas. En Diputados hubo 274 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones, al polémico proyecto que cambia varios puntos del texto que había sido aprobado en diciembre por el Senado y que era apoyado oficialmente para recuperar unos 30 millones de hectáreas de bosques destruidos en los últimos años.
Los poderosos miembros de la llamada Bancada Ruralista (representan los intereses de los terratenientes en el Congreso) rechazaron también todas las propuestas de cambio en el texto que buscaban restablecer las sanciones para deforestadores, que antes habían sido retiradas por el autor del proyecto, el diputado oficialista Paulo Piau (del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal socio de la coalición que lidera el Partido de los Trabajadores).
Así, entre otras cosas, se mantiene la concesión de créditos oficiales para productores pese a que no asuman el compromiso de recuperar parte de las áreas deforestadas ilegalmente. Tampoco será obligatorio que los productores informen al Gobierno sobre el proceso de recuperación de bosques destruidos.
Para los ambientalistas, en la práctica el nuevo Código Forestal es tremendamente negativo. Según Greenpeace, el resultado de la votación significa "el inicio del fin de las forestas en Brasil". "Hemos asistido al secuestro del Congreso por los ruralistas. La Presidenta que tenía la más amplia base de apoyo parlamentario de la historia, fue derrotada por un grupo que se infiltró y contaminó la estructura democrática brasileña como un cáncer", afirmó el director de la campaña Amazonia de esa organización, Paulo Adario.
El diputado Alfredo Sirkis, del Partido Verde (PV), calificó a la norma de "retroceso espantoso en la política ambiental brasileña", y denunció que sólo atiende a los intereses "de los especuladores de tierras, que ganarán una fortuna cuando ya no haya necesidad de recuperar áreas de preservación permanente, lo que valorizará sus terrenos".
Cumbre mundial
Desde el punto de vista político, esta sanción representa un muy duro traspié para Rousseff, quien en menos de dos meses recibirá en Río de Janeiro a alrededor de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno que intervendrán en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20).
El líder del oficialismo en la Cámara Baja, Arlindo Chinaglia, había anticipado que, en caso de que fuese aprobado el proyecto de Piau, la mandataria recurriría a su poder de veto; lo mismo anticipó el ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas. Esta acción le fue pedida también por el presidente del Instituto Socioambiental (ISA), Raúl Telles. "El absurdo fue victorioso en Diputados. Si Dilma no lo hace, lo mejor sería cancelar a la Río+20, porque Brasil se convertiría en el anfitrión más sucio de ese tipo de conferencias", aseveró.
Sin embargo, esa alternativa implicaría un desgaste en las relaciones con los aliados y conlleva el riesgo de que los diputados insistan con la nueva ley. (DPA-AFP)







