Usurpaciones de tierras fiscales en El Cadillal

Apoderarse de un bien o derecho ajeno, generalmente por medios violentos. Apoderarse de la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios. Son dos definiciones que proporciona el diccionario del verbo usurpar. Desde décadas atrás, las tierras fiscales y en los últimos lustros, los terrenos privados han sido el "boccato di cardinale" de muchos comprovincianos. En el primer caso, el argumento más elemental para apropiarse de ellos es que si son fiscales, pertenecen al Estado, por lo son de todos. En la segunda instancia, si los inmuebles están desocupados y si el usurpador carece de lugar donde vivir, "tiene derecho" a tomar posesión de lo que no es de él. Quienes habitualmente apelan a este recurso son personas sin recursos, que viven en la miseria.

La zona de El Cadillal ha sido una de las preferidas para practicar el verbo usurpar. Según datos oficiales, se han producido alrededor de 400 de apropiaciones ilegales. En una extensa nota publicada recientemente, informamos que el despojo de las áreas fiscales se aceleró durante la última década, y en los entretelones judiciales se vieron envueltos conocidos políticos y sindicalistas. En 2002, el entonces fiscal de Estado les había pedido a delegados comunales que denunciaran ocupaciones y había solicitado al Ministerio de Gobierno que accionara legalmente contra la comisionada de El Cadillal, con el argumento de que durante su gestión se habían registrado irregularidades graves en la tenencia de lotes. Fue acusada además ante Fiscalía Anticorrupción de haber donado o vendido las tierras. En 2005, se habían constatado 63 casos de despojo ilegal. En 2008, se llevó a cabo un desalojo en un complejo de nueve chalets en los que vivían los ingenieros ingleses en la década de 1960 cuando trabajaban en la construcción del dique. Estos pasaron a manos la Legislatura, la cual en los años 90 los entregó a la Asociación del Personal Legislativo. Las ocupaciones ilícitas se concentran en el acceso (el sector más codiciado), en la villa y el perilago.

El Departamento de Inmuebles Fiscales de Catastro detectó al menos 400 usurpaciones. Un funcionario dijo que no se puede determinar el número de expoliadores y ello es así porque se registran casos en los que se subdividieron y vendieron los terrenos ocupados. También se efectuaron cesiones por lo cual es difícil identificar a los ocupantes. El Gobernador afirma haber dado la orden de desalojar a todos los usurpadores. Cuando se le dijo que estarían involucrados en gremialistas y políticos, aseveró: "Lo lamento mucho, sean quienes sean se tendrán que ir. Aquí no hay amigos del poder".

Pero no solamente El Cadillal padece despojos fiscales, también Yerba Buena (se estima que hay alrededor de un centenar de casos), El Mollar (se han llegado a construir baños en una plaza) y Tafí del Valle, según el relevamiento efectuado por Catastro.

Sería altamente positivo si las intenciones del Gobierno de expulsar a los apropiadores se concretaran finalmente y mucho mejor si se los sancionara con todo rigor por haberse adueñado de lo que no les pertenecía, ya que se trata lisa y llanamente de un robo al Estado. La situación revela también que los municipios y las comunas no realizan el control territorial y favorecen con su inacción las usurpaciones. Si cumplieran con su deber, seguramente, estas no se producirían.