Asignaturas pendientes en los colectivos

Hasta fines de la década de 1980, el transporte público de pasajeros de San Miguel de Tucumán (ómnibus y taxis) fue uno de los mejores del país. En las dos décadas siguientes, quienes viven en la capital no han podido acceder a un servicio óptimo, principalmente por las constantes prórrogas para funcionar legalmente que se les otorga, especialmente, a los propietarios de los autos de alquiler. En el sector de los colectivos, el panorama es un poco más alentador, porque el parque automotor está en mejores condiciones.

Según un informa presentado a los ediles por los funcionarios de Transporte, de los 424 ómnibus que circulan por San Miguel de Tucumán, sólo 44 son unidades cero kilómetro; el 90% son vehículos que cuentan con más de dos años de antigüedad. Se indica que el 58,7% (249 vehículos) lo conforman unidades de entre cuatro y ocho años de vejez. Mientras que 172 ómnibus (40,5%) tienen entre cero y tres años de uso, y el 0,7% (tres vehículos) corresponde a colectivos de nueve a 10 años de antigüedad. Por otro lado, el estudio señala que de las 14 líneas que circulan por la capital, sólo dos empresas (la 10 y la 12) trabajan con permiso precario. A ellas hay que agregarles la línea 18, cuya renovación de licencia se halla en trámite.

Como se sabe, el Estado nacional comenzó a subsidiar el combustible de los colectivos cuando se produjo la crisis de 2002. Hasta ese entonces, el servicio era autónomo y si bien hubo tarifas reguladas, el boleto les alcanzaba a los empresarios para gastos operativos, renovación de unidades y rentabilidad del negocio. De acuerdo con la información del sitio web de la Secretaría de Transporte de la Nación, las 14 empresas que prestan el servicio en nuestra capital se dividen más de $ 6 millones mensuales en subsidios, es decir un total de $ 72 millones anuales; el monto está relacionado con el corte de boleto. Consignamos en nuestra edición del lunes que el Gobierno nacional envía más dinero si se incrementa la cantidad de usuarios. La mayor suma de dinero es absorbida por siete firmas: a cada una de estas les corresponde un promedio de $ 500.000 mensuales.

El servicio arrastra, por cierto, asignaturas pendientes, tales como la falta de cumplimiento de la ley provincial 7.811, promulgada en octubre de 2006, que obliga a las empresas a brindar transporte público libre y gratuito a todos los minusválidos. La norma prescribe que las empresas deben incorporar, en forma progresiva por renovación de su parque automotor, unidades con adaptación para ingreso y egreso en forma autónoma, segura y con espacio suficiente que permita la ubicación en su interior de personas con movilidad y comunicación reducidas, especialmente usuarios de sillas de ruedas y semiambulatorios severos hasta legar, por lo menos, a la renovación de un 50% del total de la flota.

Los empresarios justificaron su no acatamiento a la ley en que el costo elevado de estos colectivos hacía poco rentable su negocio. La de incorporar aire acondicionado para mitigar los insoportables calores del estío sucumbió ante el mismo argumento, mientras la polución de los caños de escape y los déficits en la frecuencia horaria de varias líneas provocan la irritación de los pasajeros. El servicio público debe estar en función del usuario que es el que lo mantiene con su aporte diario y no al revés. Sería positivo que tanto empresarios como autoridades lo entendieran alguna vez.