La Justicia le pidió al intendente Amaya que resguarde los pulmones de manzana

La ciudad puede volver a respirar tranquila porque sus pulmones verdes seguirán intactos. La controvertida ordenanza que habilitó la construcción de estacionamientos en los espacios libres de las manzanas (Nº 4.425) será derogada tan intempestivamente como fue sancionada. Si bien las consecuencias de la acción judicial emprendida por el Colegio de Arquitectos (CAT) y las fuertes críticas que recibió fueron preparando el terreno, el pedido expreso del gobernador, José Alperovich, terminó por enterrar la norma a poco más de un mes de su sanción en el Concejo Deliberante.

Paralelamente, según pudo saber LA GACETA, la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ofició al municipio que dirige el intendente, Domingo Amaya, para requerirle informes al respecto y para advertirle que debía abstenerse de seguir aplicando la norma y agravando la situación.

"Me parece bien (que el Concejo Deliberante revea la norma). Tendré una reunión con el presidente del Concejo (Ramón Santiago Cano) por este tema. No somos dueños de la verdad. Lo que se pueda mejorar, bienvenido sea". Las palabras que el mandatario pronunció durante la mañana de ayer hicieron prever que la ordenanza ya tenía fecha de vencimiento. En efecto, al mediodía recibió en su despacho a Cano y al presidente del bloque oficialista, Esteban Dumit. Tras la reunión, ambos ediles dieron una conferencia en la sala de prensa de la Casa de Gobierno.

"Es un hecho". "Los pulmones no se tocarán". "Es un pedido del gobernador y no haremos oídos sordos". Esas fueron algunas de las frases que balbuceó Cano ante los micrófonos. El edil no dejó dudas de que el cuerpo obedecerá la solicitud de Alperovich: "la mayoría pertenecemos al bloque oficialista. El gobernador es el jefe de un proyecto político del que somos parte. Al haber un pedido de él, tratamos de seguir una política. Con el presidente del bloque charlamos y consideramos que es necesario y que nosotros también somos representantes del pueblo".

Cano argumentó que avalaron el proyecto porque pretendían mitigar el caos de tránsito y la falta de estacionamiento en el área central de la ciudad. Luego, reconoció que no tuvieron en cuenta los efectos nocivos para el medio ambiente.

Si bien en un principio había trascendido que se modificarían aspectos de la norma, Cano desechó esta posibilidad. "No estamos buscando maquillaje, derogaremos una norma que no cayó bien. Estamos siendo sinceros. Cuando hay una norma que no beneficia, se la puede cambiar", aseveró. Manifestó además que la sesión podría celebrarse el jueves. De todas maneras, el apuro por derogar la ordenanza es tal que hoy, a las 10, está previsto que la comisión de Obras Públicas se reúna. "Muerto el perro se acabó la rabia", graficó el presidente de esa comisión, Oscar Ramón Cano, sobre la polémica en torno a la iniciativa.

El concejal que se expresó plenamente conforme con la decisión de dejarla sin efecto fue el amayista Germán Alfaro, quien no estuvo en la sesión en la que fue aprobada. Calificó como "insostenible" a la norma, saludó la derogación y deslizó críticas: "no es bueno debilitar las instituciones con marchas y contramarchas. No le hace bien al cuerpo donde reside la voluntad de la gente. Sus integrantes no tenemos derecho de llevarla al ridículo, porque como decía Perón de ahí no se vuelve", arremetió.

Paralelamente, desde la Sala I° de la Cámara Contencioso Administrativo, se informó que el juez Salvador Ruiz ya ofició al intendente Amaya para que informe sobre la cuestión y se detalló que ese pedido implica la abstención de "agravar la situación existente, o suspender los efectos del acto impugnado" (según el artículo 83 del Código Procesal Constitucional). Esto, a partir de la presentación judicial que había hecho el Colegio de Arquitectos.

Anoche, el fiscal municipal, Hernán Colombres, aseguró a LA GACETA que el municipio aún no había sido notificado por la Sala I sobre el pedido de informes.