Golpeados en la Ciudad Segura

Tienen uniforme, tienen placa, tienen armas, tienen filmadoras, tienen la autoridad. Son los agentes que realizan los operativos antialcohol cada fin de semana. Del otro lado están jóvenes, y no tanto, con ganas de divertirse, que buscan el riesgo y se toman todo. Son los que participan en las fiestas de viernes, sábados y domingos, que pueden pasar de legales a clandestinas apenas por un capricho de la ley de las 4 am: que se compruebe que en esas fiestas se vende alcohol.

Ahora bien, ¿cómo se comprueba esto? Acá empieza el problema: se comprueba violando las garantías individuales, porque los que -supuestamente- deben hacer cumplir la ley irrumpen en los domicilios sospechosos sin orden de allanamiento (los fiscales de turno son absolutamente pasivos; creen que estos operativos nocturnos son asunto del IPLA o de la Policía y no se dan cuenta de que es un complejo problema social); sitian las cuadras como si se tratara de una batalla contra un peligroso enemigo y desatienden mil y un otros lugares por donde también circula la gente y es presa fácil de los asaltantes.

También los organizadores de fiestas violan la norma (en la que no creen y que consideran injusta) porque buscan lucrar con la diversión como si fueran boliches que se van moviendo de un lugar a otro para evitar al IPLA y con ello llevan a miles de jóvenes a las zonas más riesgosas de la periferia. Por caso, en la madrugada del domingo fueron el pasaje Díaz Vélez al 500 (zona de la ex terminal), el pasaje Soriano al 1.200 y Chiclana al 1.300 (ambos en Barrio Victoria, al sur de La Ciudadela) y en Monteros. Pero se estima que hay unos 25 lugares cada sábado en la Capital y decenas de sitios en el interior. Cómo eligen los agentes sus operativos es un misterio, a pesar de que, según contó en mayo pasado la misma interventora del IPLA, Clara Esther Tapia, se conoce a los organizadores -"son siempre los mismos", dijo- y a que los vecinos suelen denunciar cuando hay ruidos molestos; de ello se infiere que la Policía también sabe dónde hay de estas fiestas.

Puede pensarse que se trata de un siniestro juego del gato y el ratón entre supuestos guardianes del orden y supuestos infractores. Pero es más que un juego: es muy serio cuando se denuncia que hay irrupción de domicilio; gente golpeada; agresiones del tipo quitar celulares o y filmadoras a civiles que registran los operativos; aprehensiones de personas que son liberadas luego sin causa; y amenazas con armas de fuego ("les pedí una orden de allanamiento y me apuntaron con una itaca", dijo Andrés Herrera, el organizador de la fiesta en el pasaje Díaz Vélez). Y aunque el jefe del operativo "Ciudad Segura", comisario José Ardiles, niega las acusaciones y retruca que los asistentes a la fiesta estaban ebrios y que agredieron a los uniformados, lo cierto es que no hay ninguna autoridad que asuma la responsabilidad de saber qué ha pasado: ni el fiscal de turno, ni el secretario de Derechos Humanos.

Lo más grave es que los funcionarios están convencidos de que van por el buen camino: al negar que haya irregularidades y al conformarse los fiscales con esas declaraciones, en lugar de investigar, generan situaciones impunes que se repiten. Nadie se preocupa de que se denuncie que hay gente agredida, ni se plantea qué pasa con la inseguridad en estos momentos, ni analiza por qué se vende tanto alcohol y mucho menos se reflexiona sobre cómo parar la venta en vez de renegar con el consumo. Tampoco, por qué hay cada vez más afters. Los funcionarios, aunque reconocen que hay más alcohol y más violencia, paradójicamente afirman que vivimos en un mundo más tranquilo y quieren que los operativos "Ciudad Segura" así lo expresen, aunque sea a golpes. Como si la realidad pudiera cambiarse solamente con palabras.