08 Abril 2012 Seguir en 
Es la segunda autoridad del país. Según el artículo 88 de la Constitución Nacional, en caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Como funcionario del Poder Ejecutivo funciona como nexo entre este poder y el Legislativo, por ser presidente de la Cámara de Senadores de la Nación Argentina, cargo que abandona en caso de ocupar la titularidad del Ejecutivo. El viernes, durante casi una hora, el vicepresidente de la Nación monologó a través de los medios de comunicación con la intención de ensayar su defensa en causa que investiga su vinculación con la adjudicación a empresarios -que serían amigos personales-, de la empresa gráfica ex Ciccone Calcográfica, la única en el país con capacidad técnica para imprimir papel moneda en la Argentina, cuando Amado Boudou se desempeñaba como ministro de Economía.
El funcionario del Poder Ejecutivo efectuó temerarias acusaciones a sectores de la sociedad. Sostuvo que cuando ocupaba la cartera de Economía no llevó adelante "ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone", responsabilizó a "mafias" por las acusaciones en su contra y acusó al juez Daniel Rafecas, que está al frente de la investigación, de montar "una agencia de noticias" y formar parte del "entramado mafioso". También embistió duramente contra los diarios "Clarín", "La Nación" y "Perfil". El titular del Senado se quejó por la "baja calidad institucional del sistema judicial" y puntualizó que padece "un ataque desde las mafias y sus esbirros... y con actores menores en la Justicia. No se está discutiendo el fondo de la cuestión, esta es una novela mediática de la mafia".
En sus desordenadas denuncias, involucró también en irregularidades a los gobernadores de Santa Fe y de Buenos Aires, Antonio Bonfatti y Daniel Scioli, respectivamente. El Vicepresidente no sólo aludió a jueces, funcionarios, también dijo haber sido "extorsionado hace un año" por parte de miembros del estudio de abogados del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Se anunció que Boudou iba a brindar una conferencia de prensa que, finalmente, no fue tal porque nadie pudo hacerle preguntas sobre su exposición. Tampoco le esclareció a la sociedad el tema por el cual es investigado por la Justicia e incurrió en lo que él mismo criticó: el prejuzgamiento. Sus declaraciones han provocado un fuerte rechazo en un amplio espectro, especialmente en el de los magistrados, que salieron en defensa de su colega Rafecas, considerado uno de los jueces más competentes y probos del país, incluyendo la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
El monólogo del Vicepresidente que por un lado, denuncia ser víctima de una "telenovela mediática" y por otro, paradójicamente de vale de los medios de comunicación para defenderse, en lugar de hacerlo donde corresponde, pone en evidencia una vez más esta suerte de show entre supuestas víctimas y victimarios que se diluyen en palabras y agresiones de alto voltaje. Si el vicepresidente tiene pruebas de todas las acusaciones debería presentarse ante la Justicia e igualmente debería defenderse en ese mismo ámbito en la causa por la cual se lo investiga y no apelar a los medios.
Con su soliloquio no ha hecho otra cosa que generar más inquietud en la sociedad, teniendo en cuenta que se trata de la segunda autoridad de la Nación, que siembra dudas respecto de la Justicia, denunciando la existencia de mafias y contribuyendo a debilitar el sistema institucional. Sería positivo para la salud del país que los funcionarios no buscaran subterfugios como la descalificación para ser investigados por la Justicia, porque todos somos iguales ante la ley.
El funcionario del Poder Ejecutivo efectuó temerarias acusaciones a sectores de la sociedad. Sostuvo que cuando ocupaba la cartera de Economía no llevó adelante "ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone", responsabilizó a "mafias" por las acusaciones en su contra y acusó al juez Daniel Rafecas, que está al frente de la investigación, de montar "una agencia de noticias" y formar parte del "entramado mafioso". También embistió duramente contra los diarios "Clarín", "La Nación" y "Perfil". El titular del Senado se quejó por la "baja calidad institucional del sistema judicial" y puntualizó que padece "un ataque desde las mafias y sus esbirros... y con actores menores en la Justicia. No se está discutiendo el fondo de la cuestión, esta es una novela mediática de la mafia".
En sus desordenadas denuncias, involucró también en irregularidades a los gobernadores de Santa Fe y de Buenos Aires, Antonio Bonfatti y Daniel Scioli, respectivamente. El Vicepresidente no sólo aludió a jueces, funcionarios, también dijo haber sido "extorsionado hace un año" por parte de miembros del estudio de abogados del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Se anunció que Boudou iba a brindar una conferencia de prensa que, finalmente, no fue tal porque nadie pudo hacerle preguntas sobre su exposición. Tampoco le esclareció a la sociedad el tema por el cual es investigado por la Justicia e incurrió en lo que él mismo criticó: el prejuzgamiento. Sus declaraciones han provocado un fuerte rechazo en un amplio espectro, especialmente en el de los magistrados, que salieron en defensa de su colega Rafecas, considerado uno de los jueces más competentes y probos del país, incluyendo la ministra de Seguridad, Nilda Garré.
El monólogo del Vicepresidente que por un lado, denuncia ser víctima de una "telenovela mediática" y por otro, paradójicamente de vale de los medios de comunicación para defenderse, en lugar de hacerlo donde corresponde, pone en evidencia una vez más esta suerte de show entre supuestas víctimas y victimarios que se diluyen en palabras y agresiones de alto voltaje. Si el vicepresidente tiene pruebas de todas las acusaciones debería presentarse ante la Justicia e igualmente debería defenderse en ese mismo ámbito en la causa por la cual se lo investiga y no apelar a los medios.
Con su soliloquio no ha hecho otra cosa que generar más inquietud en la sociedad, teniendo en cuenta que se trata de la segunda autoridad de la Nación, que siembra dudas respecto de la Justicia, denunciando la existencia de mafias y contribuyendo a debilitar el sistema institucional. Sería positivo para la salud del país que los funcionarios no buscaran subterfugios como la descalificación para ser investigados por la Justicia, porque todos somos iguales ante la ley.







