Finalmente, los Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade) salieron de circulación. En el Gobierno se atrevieron a celebrar este hecho, recalcando que en todo el proceso de rescate de la cuasimoneda no apareció ni un solo billete mellizo y que tampoco se observó una sobreemisión millonaria, como preveían algunos sectores. Se acabó la fuente de financiamiento barata y, con ese fenómeno, el próximo paso de este gobierno de transición debería apuntar a mantener cierto equilibrio en las cuentas, una materia pendiente, por lo menos, en la última década.
Las perspectivas que se presentan en las finanzas públicas hasta fines de año parecen alentadoras. Como ejemplo puede subrayarse que el primer semestre cerró con un incremento en los ingresos provinciales y nacionales de casi un 35% respecto de 2002. Por efecto del default (más allá de que esa cesación de pagos sea transitoria), Tucumán pudo disponer de $ 120 millones más que otros años durante la primera parte de 2003. Un efecto palpable de esa mejora sólo pudo observarse en el pago regular de los sueldos a los 64.000 empleados públicos y en la cancelación de deudas con algunas empresas que le prestaron bonos al Estado entre enero y abril pasado.
En cuanto al nivel de gastos, por efecto de la inflación, crecieron en casi un 45% aquellos destinados a la adquisición de bienes y servicios. Los sueldos seguirán congelados. El gobierno mirandista no prevé otorgar incrementos salariales, como sucedió en otras provincias. La mayoría de los gobernadores otorgó subas de haberes entre $ 50 y $ 150 (remunerativo y no remunerativo) por la proximidad de las elecciones en esos distritos. Algo parecido sucedió en Tucumán. Con los comicios presidenciales a la vista y, pensando en la puja electoral de junio pasado, Julio Miranda le dio a los estatales un aporte o ayuda social por única vez de entre $ 60 y $ 100, de acuerdo con la categoría del agente beneficiario. A los docentes, en tanto, les concedió $ 400 en 10 cuotas iguales y consecutivas.
Hoy hablar de incrementos salariales suena a utopía para los salientes funcionarios del Ministerio de Economía. El equipo de trabajo del gobernador electo, José Alperovich, mantendría la tesitura de congelar el gasto en personal. Más aun, desde noviembre, los nuevos conductores del área de Hacienda promoverían auditorías para establecer la cantidad de empleados que no tienen una función específica y, además, asignar tareas de acuerdo con su capacitación. En otras palabras, si hay algún aumento de los sueldos antes de fines de año, este estará dado en función de un sistema de premios y castigos.
Para la ardua tarea de controlar el nivel de erogaciones y no incrementar el déficit anual más allá de los $ 45 millones permitidos por la Nación y por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al Poder Ejecutivo le falta una herramienta vital que, hoy por hoy, se constituyó en una rendición de cuentas. El proyecto de Presupuesto de este año aún no fue aprobado por la Legislatura. Los legisladores sostienen que el Ejecutivo lo envió tardíamente. Por ahora, en la Ley de Leyes no figura entre los temas prioritarios para llevarlo al recinto.
En el Ministerio de Economía crece la preocupación por la falta de tratamiento del Presupuesto. Sin embargo, hay funcionarios que tratarán de cerrar el grifo a todas las reparticiones públicas, excepto para áreas críticas como salud, educación y seguridad. "Por lo menos, hasta fines de octubre no vamos a firmar extensión de partidas presupuestarias", señalan en el área económica. En realidad, los técnicos de Hacienda están abriendo el paraguas. Sucede que son muchas las reparticiones que ya agotaron las partidas y que pronto reclamarán más recursos. Estas viejas mañas pueden provocar cortocircuitos en el gabinete mirandista.
